Las organizaciones alertaron que en caso de que Monsanto insista en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en el municipio de Campeche podría alcanzar multas de hasta 2 millones 190 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México.
Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Las organizaciones civiles Greenpeace e Indignación AC demandaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a la empresa Monsanto y a quien resulte responsable por la posible siembra de soya transgénica en el estado de Campeche, informaron las ONGs a través de un comunicado.
Las ONGs se refieren particularmente estado de Campeche, donde la trasnacional ha expresado su intención de comercializar semillas genéticamente modificadas para el próximo ciclo agrícola que inicia el próximo 15 de junio, pese a que no cuenta con permiso expreso para hacerlo y existe una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suspende las autorizaciones para sembrar en el estado.
En entrevista para SinEmbargo, María Colín Olmos, representante legal de Greenpeace México, expresó su preocupación ante la situación, pues dijo: «quedarían prácticamente en estado de indefensión las comunidades que participan como quejosos –quienes presentaron un amparo–. Si se hace la siembra, ¿de qué sirve que haya una sentencia de la Corte».
Greenpeace presentó la denuncia a nivel federal en la Ciudad de México el pasado jueves dos de junio; mientras Indignación AC, de Yucatán, lo hizo en la delegación estatal de la Profepa, el pasado martes.
«De momento lo que tiene que hacer la autoridad es notificarnos la admisión de la denuncia e iniciar las labores de inspección y vigilancia para que los inspectores verifiquen lo que está pasando», informó Colín.
Las organizaciones denunciaron para que la Profepa evite la liberación de soya transgénica en dicho municipio, ya que –de acuerdo con Colín– podrían incurrir en afectaciones al derecho humano al medio ambiente sano, la bioseguridad (uso seguro de los recursos biológicos y genéticos) y la gestión ambiental.
«Profepa tiene una doble cara, aparentemente parece que están haciendo labores, pero en el tema de bioseguridad no tenemos la certeza de que actúe adecuadamente. Vamos a ver si tiene la capacidad tanto financiera como de personal para emprender la labor de toma de muestras y estar monitoreando el tema», comentó.
Además, la empresa podría cometer desacato en contravención de las sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte que suspende los permisos de siembra hasta que se consulte a las comunidades indígenas sobre si están de acuerdo o no en que se cultiven organismos genéticamente modificados en su territorio.
Las organizaciones argumentan que el marco legal de bioseguridad en nuestro país obliga a los interesados en la siembra de transgénicos –en este caso a Monsanto– a solicitar los permisos e indicar claramente los sitios donde desean hacerlo.
Cabe señalar que la trasnacional omitió mencionar expresamente el municipio de Campeche, por lo que el permiso que recibió para las siembras no contempla esa zona y en consecuencia estaría impedido para liberar soya genéticamente modificada en él.
El 29 de febrero de 2012, Monsanto pidió autorizaciones para la siembra de soya transgénica resistente al herbicida glifosato en los siguientes municipios de Campeche: Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada que actualmente se encuentran suspendidas por orden de la SCJN; durante el trámite, la empresa omitió mencionar explícitamente al de Campeche por lo que sembrar en ese municipio sería ilegal, agregaron las organizaciones.
Las organizaciones alertaron que en caso de que Monsanto insista en la comercialización y siembra de semillas de soya transgénica en el municipio de Campeche podría alcanzar multas de hasta 2 millones 190 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México. En el caso de los otros ocho municipios de Campeche, si Monsanto continúa con su intención de sembrar semillas de soya transgénica en la entidad, estará cometiendo desacato de una orden judicial, lo cual es muy grave.
Las ONGs, además, exigen que se lleven a cabo labores de inspección, vigilancia y monitoreo en las comunidades y municipios de Campeche con el fin de corroborar que no haya siembras de soya transgénica y, en caso de haberlas, detenerlas.
Otra de las exigencias radica en tomar medidas que incluyan el aseguramiento inmediato de las semillas transgénicas que hayan sido transportadas y almacenadas para la siembra comercial en el estado de Campeche, y en caso de detectar cultivos de estas características en los municipios Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada y Campeche, deberá decomisar la siembra y destruirla, cumpliendo con las medidas de bioseguridad adecuadas.
Las asociaciones civiles manifestaron que continuarán atentas para alertar –en caso de ser necesario– a las autoridades sobre intentos de siembra ilegal en Campeche, y estarán monitoreando cualquier hecho ilícito.
