Un grupo de líderes y organizaciones, que gravitan en torno al magnate Claudio X. González Guajardo, se ostentan como representantes de la sociedad civil para oponerse, mediante desplegados y amparos, a las políticas del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, estos mismos personajes y agrupaciones a menudo tienen conexiones políticas, económicas y laborales con los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como vínculos con cúpulas del sector privado.
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– El activismo de un influyente sector de líderes y organizaciones de la sociedad civil de México, que suelen agruparse para firmar desplegados sobre los más diversos temas, exhibe las extendidas redes de intereses económicos, políticos, ideológicos, laborales y hasta mediáticos de quienes son también, por primera vez abierta y públicamente, prosélitos del proyecto electoral de la coalición “Va por México”.
Se trata de personajes y organizaciones que gravitan en torno al magnate Claudio X. González Guajardo, quien persuadió a los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) para materializar legalmente el proyecto unitario de oposición que propusieron, en julio de 2020, Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, directores de las revistas Letras Libres y Nexos.
Más allá de si el Presidente Andrés Manuel López Obrador denomina “partido conservador” a este polo de organizaciones y dirigentes que se ostentan como representantes de la sociedad civil, la mayoría de ellos desde que fue Jefe de Gobierno y candidato en la elección de 2006, la agenda y las relaciones de éstos transparenta sus intereses y la defensa del modelo instaurado por los gobiernos priistas y panistas en las más recientes décadas.
Los abajofirmantes, que se agrupan en todas las coyunturas electorales, han retado las políticas de López Obrador como #NoALaGuardiaNacional, #NoMasDerroches contra el aeropuerto de Santa Lucía, #UnaFiscaliaQueSirva, en defensa de los organismos autónomos, la libertad de expresión y, además de otros temas, el proyecto electoral de la oposición.
Y son casi siempre los mismos personajes y las mismas organizaciones que a menudo tienen conexiones políticas, económicas y laborales con los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como vínculos con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), cúpula de cúpulas del sector privado.
Un escaparate de estos personajes es Signos Vitales, presidido por Enrique Cárdenas —que todavía en 2018 quería ser candidato de Morena a Gobernador de Puebla—, creado en mayo de 2020 para evaluar al Gobierno de López Obrador y que sirve como abanico para reciclar las mismas organizaciones que comparten agenda.
En el “comité nacional” de Signos Vitales está María Amparo Casar Pérez, quien fue coordinadora de asesores del panista Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación, en el Gobierno de Vicente Fox, y sustituyó a González Guajardo en la presidencia de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), financiado por miembros del CMN y fundaciones extranjeras.
También forma parte del comité nacional de Signos Vitales María Elena Morera Mitre, dirigente fundadora de Causa en Común, partidaria y amiga de Genaro García Luna —preso en Estados Unidos por narcotráfico— y contratista del Gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.
A ese comité pertenecen también Julio Frenk, Secretario de Salud de Fox; Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y antes de México ¿cómo vamos?, que ahora dirige Sofía Ramírez Aguilar, directiva del Cisen de Calderón; Federico Reyes Heroles, exmiembro de Transparencia Mexicana y de la iniciativa Impunidad Cero; Jorge Suárez Vélez, colaborador de Letras Libres, de Krauze, y Duncan Wood, director del Instituto México en el Wilson Center y consejero en el sector energético.
El “Comité asesor de especialistas” de Signos Vitales incluye a exfuncionarios de los gobiernos de Fox como Eduardo Sojo, Secretario de Economía; Rogelio Gómez Hermosillo, funcionario de Sedesol, y Carlos Elizondo Mayer-Serra, Embajador, y de Calderón como Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación; Salomón Chertorivsky, de Salud; Alejandro Hope, directivo del Cisen y colaborador de Margarita Zavala, y José Antonio Polo Oteyza, coordinador de asesores de García Luna.
También son asesores Lourdes Melgar Palacios, Subsecretaria de Energía en el Gobierno de Peña Nieto; Edna Jaime, de México Evalúa; Jaqueline Peschard, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), y Luis Carlos Ugalde, presidente de Instituto Federal Electoral (IFE) en la elección de 2006, cuando López Obrador acusó fraude a favor de Calderón.
Ugalde, excolaborador del Jesús Reyes Heroles en la embajada de México en Washington en el Gobierno de Zedillo, dirige Integralia, empresa de consultoría que abastece de información a Signos Vitales, como lo hace también la organización SPIN-TCP, dirigida por Luis Estrada Straffon.
Con base en información de SPIN-TCP, que a su vez utiliza Integralia, Signos Vitales elaboró, en abril, el informe “El valor de la verdad, a un tercio del sexenio”, en el que concluyó que “el Presidente ha mentido en 80 ocasiones durante cada una de sus conferencias matutinas”.
Estrada Straffon trabajó como asesor de Juan Camilo Mouriño en la Oficina de la Presidencia de la República y en la Secretaría de Gobernación con Fernando Gómez Mont, en el sexenio de Calderón.
Ugalde creó su empresa consultora tras ser destituido como consejero electoral y cuyos “aliados” desde entonces —así llamados por él mismo— son Claudio X. González Laporte y su hijo González Guajardo, así como Alberto Baillères, el cuarto hombre más rico de México y propietario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Otros “aliados” de Ugalde son el expresidente Zedillo; Pedro Aspe, Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y el publicista Issac Chertorivski, padre de Salomón Chertorivski Woldenberg, Secretario de Salud de Calderón y candidato a Diputado federal del partido Movimiento Ciudadano, miembro también de la facción de José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE).
Estos y otros personajes respaldaron a Ugalde en un desplegado, publicado el 3 de agosto de 2006 —antes del fallo del Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró Presidente electo a Calderón y que acusó una intervención indebida de Fox— en el que aseguraron que “no hubo fraude” en esa elección.
Entre los 135 abajofirmantes de ese desplegado estaban Krauze y Aguilar Camín —quien escribió en La Jornada, el 30 de julio de 1988, que las elecciones de ese año que ganó Salinas habían sido las “menos inventadas de mucho tiempo… las más limpias… las más verdaderas”—, así como un extendido grupo de seguidores de ambos en Letras Libres y Nexos.
En ese desplegado estaban los nombres de María Amparo Casar Pérez —ya para entonces excoordinadora de asesores del panista Creel Miranda—, Denise Dresser, Jacqueline Peschard, José Woldenberg, Federico Reyes Heroles, Roger Bartra, Raúl Trejo Delarbre, Leo Zuckerman y Jorge G. Castañeda, Canciller de Fox y coordinador estratégico de la campaña del panista Ricardo Anaya, en 2018.
Son los mismos nombres que firmaron también el desplegado del 30 de marzo de este año para exigir respeto a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), presidido por Lorenzo Córdova, precisamente uno de los firmantes del desplegado de agosto de 2006, lo mismo que el consejero Ciro Murayama, ambos asesores de Wolbernberg cuando éste presidió el IFE entre 1996 y 2003.
Varios de estos personajes son también los abajofirmantes del desplegado “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, publicado el 15 de julio de 2020, en el que, como estrategas políticos, propusieron a todos los partidos de oposición unirse contra Morena para “corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional”.
Para vencer al partido de López Obrador, plantearon los ideólogos, no había más opción que el PRIAN: “La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construya un bloque que, a través del voto popular, reestablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias de 2021”.
Y así se hizo: Con el magnate Claudio X. González como anfitrión en su casa de Las Lomas de Chapultepec, los presidentes de PRI,PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, materializaron la coalición “Va por México” que compite en más de 219 distritos y en 11 de 15 gubernaturas.
“SÍ POR MÉXICO”
A la coalición electoral “Va por México” le antecedió la creación de “Sí por México”, otro escaparate que, como Signos Vitales, agrupa a personajes y organizaciones que gravitan en torno a Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, expresidente de la Coparmex, y que le otorgaron a PRI, PAN y PRD “la agenda” programática.
“Ya teníamos una base común, porque nuestro coordinadores habían formado un bloque opositor y todo esto nos lleva a tener una dinámica, un diálogo constante, primero cada 15 días y después cada tercer día nos reuníamos”, refirió Creel, en entrevista con SinEmbargo sobre cómo se gestó “Va por México”.
—¿Ahí en la casa de Claudio X. González?
—En esto se unen con nosotros tanto Claudio (X. González) como Gustavo (De Hoyos) para plantearnos una agenda, una agenda como representantes de diversas organizaciones ciudadanas, más de 300, para suscribir con nosotros.
Hasta el miércoles 28, ascendían a 569 las organizaciones adherentes a “Sí por México”, cuya identidad ya no está disponible en su página de Internet, pero antes de ese ocultamiento se identificaron a todos los centros patronales de la República que encabeza la Coparmex y proliferan membretes de clara tendencia de derecha.
De hecho, el discurso de estos personajes y organizaciones es concordante con el informe que elaboró Signos Vitales, en octubre del año pasado, sobre el Gobierno de López Obrador: “México enfermo, con indicios de un régimen totalitario”.
Entre las organizaciones que son adherentes al proyecto de “Sí por México”, que le dan el componente ciudadano a la coalición “Va por México”, creadas ambas por Claudio X. González, están el Frente Nacional por la Familia, que a su vez agrupa a decenas de membretes de extrema derecha, como la Unión Nacional de Padres de Familia y la Red de Líderes Católicos, cuyos dirigentes están ligados al PAN.
De “Sí por México” forman parte, además, el Frente Nacionalista de México, que reivindica a Porfirio Díaz y a Victoriano Huerta; la Fundación Carlos Abascal, que lleva el nombre del exsecretario del Trabajo de Fox, hijo de Salvador Abascal, fundador del sinarquismo mexicano, y “Chalecos México”, un grupo defensor del aeropuerto de Texcoco.
A la organización de González Guajardo y De Hoyos se sumó también Futuro 21, creada por viejos políticos que han transitado por varios partidos que lograron arrancar dos candidaturas al PRIAN: Gabriel Quadri, candidato a Diputado federal, y María Elena Pérez Jaen Zermeño, suplente. También son prosélitos las “Hijas de la Mx”, seguidoras de Calderón.
Como parte de este proyecto “ciudadano” de “Sí por México”, De Hoyos, creó, todavía como presidente de Coparmex, “Alternativas para México”, una plataforma para reclutar y adoctrinar a centenares de líderes en los estados y hacerlos prospectos a candidatos de la coalición.
Uno de los operadores de “Sí por México”, que apenas el martes 27 de abril contrató a la locutora Fernanda Familiar para dirigir un spot sobre las víctimas de la pandemia, es Max Kaiser, subsecretario de la Función Pública con Calderón y empleado de MCCI, de González Guajardo, y otro es Lázaro Ríos, exdirector del diario Reforma y coordinador de “Dices”, una herramienta de propaganda de la Coparmex.
El caso de Kaiser Aranda, como el de Casar Pérez, es ejemplo de cómo personajes se reciclan en las organizaciones de la sociedad civil, los organismos autónomos y el Gobierno:
Kaiser Aranda fue abogado del Consejo General del IFE en la elección de 2006, con Ugalde, pasó a Subsecretario de la Función Pública con Calderón, luego fue director de la Escuela de Graduados en Administración y Políticas Públicas, del ITESM, en el plantel Santa Fe, posteriormente director Anticorrupción del IMCO, de donde brincó a MCCI de González Guajardo y De Hoyos lo nombró encargado de Comisión Anticorrupción de la Coparmex.
2018, EXPERIMENTO PREVIO
Muchas de estas organizaciones y personajes de la sociedad civil, agrupadas en torno a González Guajardo y De Hoyos, ya habían servido al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para darle un cariz “ciudadano”, en 2018, cuando ya se cocinaba la coalición que postuló a Ricardo Anaya como candidato presidencial.
Y también en esa ocasión participó Krauze, recomendando y avalando la alianza denominada “Frente Ciudadano por México”, que tenía como dirigentes a Alejandra Barrales, Dante Delgado y Anaya.
“Al Frente Ciudadano quiero recordarle que la división izquierda-derecha es, a estas alturas, francamente anacrónica”, pontificó Krauze, y enseguida emplazó a los tres partidos a “buscar una racional convergencia” y formular “soluciones prácticas” a los problemas de México.
Anaya, que para entonces disputaba la candidatura presidencial del PAN con Margarita Zavala, agradeció a Krauze sus recomendaciones para aliarse: “Nos recordó que no nos debemos perder en este laberinto de discusiones ideológicas entre izquierdas y derechas”.
En el foro, celebrado en el ex Convento de San Hipólito, en el Centro Histórico, participaron personajes como David Calderón, de Mexicanos Primero, de Claudio X. González; Max Kaiser, representante de MCCI, y Juan Pardinas, quien presidía el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMC), al que renunció tras la elección de 2018 para ser director del diario Reforma.
El componente “ciudadano” de la coalición de 2018 lo pusieron organizaciones que organizaron el foro, como las mencionadas de González Guajardo y México Unido contra la Delincuencia, que en ese momento presidía Verónica Baz, y luego otras se sumaron publicando un desplegado para pedir candidaturas.
En el desplegado “Llamado ciudadano al Frente”, publicado el 23 de octubre de 2017, un grupo de personajes como Denisse Dresser, Juan Pardinas, Rubén Aguilar, Federico Reyes Heroles, Jorge G. Castañeda, Rogelio Gómez Hermosillo, Carlos Alarzaki, Fernando Gómez Mont, Sergio Aguayo, Gael García Bernal, Héctor de Mauleón, Verónica Baz y la actual consejera del INE Carla Humphrey, plantearon disposición a definir la agenda y a aceptar candidaturas.
“Confirmamos nuestro interés en fortalecer junto con ustedes al Frente Ciudadano por México, y que ciudadanos participen en la definición del programa de gobierno, la estrategia electoral y la vocería, así como en candidaturas a distintos cargos de elección popular”, enunciaba el desplegado, cuyo responsable fue Jorge Javier Romero.
Pasadas las elecciones de 2018 y aun antes de la toma de posesión, estos personajes y organizaciones que ostentan la representación de la sociedad civil se manifestaron, por ejemplo, contra la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la construcción en Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México.
Esta vez, la oposición se agrupó bajo el nombre del colectivo “No más derroches”, que promovió más de 150 amparos contra el Aeropuerto en Santa Lucía.
Otra vez las organizaciones convocantes fueron MCCI, Causa en Común y México Unido contra la Delincuencia, a las que se sumaron la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Coparmex y el Consejo General de la Abogacía Mexicana, patrocinada por el Ministro en retiro José Ramón Cossío.
También forman parte de este colectivo el Centro de Estudios Políticos y Sociales, una agrupación que fundaron jefes de la organización secreta El Yunque, como Bernardo Ardavín Migoni, expresidente de Coparmex, “entre otras organizaciones, diversos despachos de abogados probono y cientos de ciudadanos”.
En realidad, estos abogados probono son de los abogados de Claudio X. González, que forman parte de litigio estratégico de MCCI, también litigantes de MUCD y Juan Ramón Morera Mitre, el hermano de la presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, quienes promovieron los amparos.
LOS MISMOS
Se trata de organizaciones y personajes que comenzaron a agruparse desde el Gobierno de Fox y que organizaron, en 2004, una marcha ante la inseguridad y que se enfocó en López Obrador como Jefe de Gobierno.
Los mismos también se opusieron a crear la Guardia Nacional, en un desplegado publicado el 20 de noviembre de 2018, a diez días de la toma de posesión de López Obrador. Causa en Común, de Morera Mitre, recopiló las 567 firmas encabezadas por Claudio X. González.
Y una vez más entre los firmantes aparecieron, además de las organizaciones, los nombres de María Amparo Casar, Aguilar Camín, Juan Francisco Torres Landa, Alejandro Hope, Enrique Cárdenas, Juan E. Pardinas, Manuel Molano y José Antonio Polo, coordinador de asesores de García Luna.
Estos personajes volvieron a ser abajofirmantes, en septiembre de 2020, con el desplegado que titularon “Esto tiene que parar. En defensa de la libertad de expresión”, que firmaron 667 personas.
“El Presidente López Obrador utiliza un discurso permanente de estigmatización y difamación contra los que él llama sus adversarios. Al hacerlo, agravia a la sociedad, degrada el lenguaje público y rebaja la tribuna presidencial de la que debería emanar un discurso tolerante”, acusaron.
Y hace un mes, el 31 de marzo, firmaron el desplegado “En defensa del INE”, que sumó a dos mil 387 personas de las comunidades política, académica, intelectual, artística y de otros ámbitos que exigieron terminar con las “expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo”.
Los firmantes, otra vez, son casi los mismos: María Amparo Casar Pérez, María Elena Morera, González Guajardo, Aguilar Camín, Enrique Krauze, Federico Reyes Heroles, Luis Carlos Ugalde, Gustavo de Hoyos, José Antonio Polo Oteyza, Roger Bartra, Alejandro Hope, José Wolbenberg.
Y ante, en las elecciones de 2012, estos personajes publicaron un desplegado para formularle preguntas a los candidatos sobre diversos temas, como si estarían de acuerdo en mantener al Ejército haciendo tareas de seguridad pública mientras no haya policías capaces de cumplir adecuadamente esta función.
Los firmantes: María Elena Morera, María Amparo Casar, Claudio X. González, Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles, Roger Bartra, Juan E. Pardinas…
