El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai), se lee en su página oficial de la Internet, trabaja “para garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, así como para promover en la sociedad y en el gobierno la cultura del acceso a la información, la rendición de cuentas y el derecho a la privacidad”.

Conforme a esa “Misión” que presume el Inai, la información es pública y, por tanto, puede ser solicitada por quien así lo desee… y sí, es un simple deseo, porque a la hora de la verdad las cosas son muy, pero muy diferentes.

Cualquier ciudadano no puede tener información detallada, por ejemplo, de dos de las empresas más señaladas por su comportamiento opaco en el actual sexenio: OHL [Obrascón Huarte Lain] México y Grupo Higa.

Y si a la Secretaría de la Función Pública (SFP) nos atenemos a la hora de aclarar supuestas irregularidades por las ligas y transacciones entre funcionarios con estas compañías y las prácticas de supuesta corrupción, pues lo único que ganaremos es un portazo en las narices.

Ambas tienen un pasado importante y ligado a los gobiernos priistas del Estado de México, una relación que comenzó en la administración de Arturo Montiel Rojas, que se amplío en la de Enrique Peña Nieto y que se consolidó con Eruviel Ávila Villegas. Ambas, además, han encontrado en el actual Gobierno de la República, presidido por el mexiquense Peña Nieto, un mercado que no tenían hasta diciembre de 2012, pues nunca como ahora han captado contratos de servicios y obra pública a nivel federal.

Ligadas a escándalos por supuesto conflicto de interés y presunta corrupción, los datos e información de los negocios de ambas empresas con los gobiernos federal y estatales son prácticamente inexpugnables: o están reservados por las autoridades para cuando usted y yo, y otras muchas generaciones ya no estemos en este mundo, o cuestan un dineral para el bolsillo de cualquier mexicano de la calle.

Por estos días, el equipo de la Unidad de Datos de SinEmbargo publica una investigación sobre la opacidad que se ha extendido en torno a OHL México –hasta el pasado 29 de abril presidida por el priista José Andrés de Oteyza Fernández– y Grupo Higa –de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente Peña Nieto–.

El meollo, plantea el serial, no es que los mexicanos no les interese o no quieran saber qué diablos pasa con ambas compañías y su relación con los distintas instituciones del Estado mexicano. El fondo del asunto es que el Inai y los propios gobiernos se han convertido en un muro para la transparencia, tan alto e inmune que ni en sus mejores sueños se le ha revelado a Donald Trump.

En este momento hay miles de solicitudes de información de ciudadanos ante el Inai que demandan abrir esas cerraduras y traspasar el muro para encontrar la verdad de la relación que los gobiernos tienen con estas empresas.

“A juzgar por los cientos de solicitudes de información ante el Inai, los mexicanos desean desenmarañar las tramas que vinculan millones de pesos con sospechas de corrupción o privilegio en ambos corporativos. Investigadores, tesistas, periodistas o ciudadanos comunes han manifestado su deseo de contar con los contratos entre el Gobierno y estas empresas; además de pormenores de reuniones que han implicado a funcionarios, según puede leerse en las peticiones”, plantea el texto “’Transparencia’ a la mexicana: 200 mil por ver contrato de OHL con Pemex”.

Sin embargo, a esa muralla de opacidad no se le ha hecho ni un rasguño.

Por el contrario, tanto Higa como OHL siguen captando contratos a niveles federal y estatal, y viviendo su jauja sexenal. Por ejemplo, entre las instituciones del Gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se cuentan entre los clientes más recurrentes. De los contratos de gobiernos estatales ya mejor ni hablamos, porque ahí la oscuridad es aún más profunda.

Entonces, viendo lo que pasa con estas dos empresas, muchos mexicanos nos preguntamos: ¿De qué sirven el Inai, la SFP y las miles de promesas realizadas por altos funcionarios públicos del Estado, incluyendo al propio Presidente, sobre la transparencia y el privilegio a la rendición de cuentas?

Puro bla, bla, blá… Pura baba de perico, pues.

¡Buena semana, y nos vemos el próximo martes!

Rita Varela Mayorga

https://dev.sinembargo.mx/author/ritavarela/

Periodista especializada en economía y finanzas. Fundadora y Directora de Información de SinEmbargo.mx, fue también Directora de la revista Energía Hoy, Ruta de Negocios, Directora Editorial de El Economista y Editora en el diario Reforma. Es consultora editorial y ha participado en procesos de reingeniería de una decena de medios de comunicación nacionales. Además es coautora de los libros Los Suspirantes (Editorial Planeta, 2005); Los Amos de México (Editorial Planeta, 2007); Los Suspirantes 2012: Los precandidatos de carne y hueso (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2012), y Los Suspirantes 2018: La carrera por la Presidencia de México (Editorial Planeta. Temas de hoy, 2018).

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