Los dos hombres en la línea de sucesión que podrían sustituir a Rousseff si es sometida a juicio político son investigados en los casos de Petrobras y otros. Un tercero, el presidente de la Cámara de Diputados, quedó inhabilitado la semana pasada por el Tribunal Supremo al ser investigado en varios casos de corrupción.
RÍO DE JANEIRO (AP) — La montaña rusa en la que se ha convertido el juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff tomó otra inesperada curva el martes luego de que el presidente interino de la Cámara de Diputados revocara una decisión que adoptó horas antes y que habría sumergido el proceso en la incertidumbre.
El giro tomado por Waldir Maranhao revivió el juicio político un día después de que desatara el caos y ahondara las divisiones entre la clase política brasileña al anular una votación realizada el 17 de abril por la Cámara de Diputados que le había dado luz verde al proceso. La medida había puesto en suspenso la votación prevista para el miércoles en el Senado, en la que se decidirá si se suspende, o no, a Rousseff de su cargo mientras se realiza el juicio.
La medida tomada el lunes por Maranhao generó debate acerca de su legalidad y el presidente del Senado declaró que iba a ignorarla y que avanzaría a toda velocidad con el proceso.
Pero el lunes en la noche, doce horas después del anuncio, el vocero de Maranhao, Marcos Alberto, dijo que el presidente interino había dado marcha atrás en su decisión, por razones que se desconocen.
Estos giros abruptos son comunes en la política brasileña; el juicio político en contra de la mandataria ha estado colmado de cambios drásticos y dramáticos. Reportes noticiosos insinúan que Marahnao fue sujeto de extrema presión por parte de miembros de su Partido Progresista que desean que Rousseff sea sometida a un juicio político.
Para el martes por la tarde, los líderes de varios partidos analizaban formas de retirar a Marahnao de su puesto interino, lo que deja ver la naturaleza despiadada de la política brasileña y las intensas emociones que rodean a la posible destitución de Rousseff.
Maranhao asumió las riendas de la Cámara de Diputados luego que Eduardo Cunha, expresidente de la misma y la fuerza impulsora del esfuerzo para el juicio político, fue suspendido por acusaciones de corrupción y obstrucción de la justicia.
El cambio de posición de Maranhao despejó el camino para efectuar la votación del miércoles en el Senado sobre si aceptar el caso de juicio político contra Rousseff y enjuiciarla por presuntamente violar las normas fiscales en su manejo del presupuesto nacional. Si una mayoría simple de los 81 senadores del país decide que sí, Rousseff será suspendida como presidenta de Brasil y el vicepresidente Michel Temer asumirá el cargo hasta que se realice y culmine el juicio.
Maranhao había argumentado que la votación en la cámara baja el mes pasado estuvo repleta de irregularidades, como por ejemplo que los líderes de los partidos le habían instruido a sus miembros cómo debían votar. Maranhao había votado en contra del juicio político.
Los partidarios de Rousseff mostraron su frustración el martes, con manifestaciones en ciudades de más de una docena de estados. Los inconformes bloquearon caminos y carreteras, impidieron el ingreso a universidades y quemaron neumáticos.
En Vitoria, a unos 500 kilómetros (310 millas) al noreste de Río de Janeiro, un manifestante propinó patadas y puñetazos a tres periodistas locales, que recibieron atención médica por heridas menores. El noticiero Globo captó los ataques en la cámara. La policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos, e indicó que el hombre había sido identificado y sería arrestado.
En un intento de último momento por detener el proceso, el gobierno apeló ante la Corte Suprema, bajo el argumento de que la votación del mes pasado en la Cámara de Diputados estuvo llena de irregularidades. Aunque es posible que la corte intervenga, ya sea por el tribunal completo o incluso un juez por sí solo, hasta ahora la corte en general se ha mantenido al margen del proceso de juicio político.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, visitó a Ricardo Lewandowski, magistrado en jefe del máximo tribunal, para expresarle sus preocupaciones acerca del proceso.
Lewandowski respondió que hasta ahora la Corte Suprema ha emitido fallos en torno a las formalidades de los procedimientos, no con relación a los méritos del contenido.
Esta lucha política ocurre en momentos en que Brasil vive la peor recesión en décadas, se efectúa una enorme investigación de sobornos por contratos en la estatal petrolera Petrobras, que ha salpicado a políticos y empresarios de primer nivel, y hay un brote del virus del zika. Al mismo tiempo, la ciudad estandarte del país, Río de Janeiro, se prepara para acoger los Juegos Olímpicos en agosto.
Rousseff ha estado luchando contra señalamientos de que presuntamente violó normas fiscales con la intención, según sus críticos, de apuntalar artificialmente la debilitada economía de Brasil.
La Presidenta ha alegado que sus antecesores en el cargo tomaron esas mismas medidas y que el proceso de juicio político equivale a un «golpe de Estado» para sacarla del poder a ella y a su Partido de los Trabajadores, que gobierna el país desde hace 13 años.
El apoyo mayoritario que alguna vez tuvo Rousseff se ha erosionado con esta seguidilla de malas noticias y sus índices de aprobación se han desplomado en meses recientes. Aunque las encuestas muestran un amplio apoyo al juicio político, también dejan ver un enorme miedo sobre quién reemplazaría a la mandataria.
LA LÍNEA SUCESORIA, EN PANTANOS CORRUPTOS
El juicio político contra la Presidenta brasileña Dilma Rousseff ha puesto los reflectores en la corrupción de los legisladores.
Alrededor de 60 por ciento de los 594 legisladores de ambas cámaras del Congreso son investigados debido a irregularidades o afrontan cargos de corrupción, de acuerdo con grupos independientes.
Muchas de las investigaciones están relacionadas con la red de corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras en la que presuntamente se otorgaron contratos a cambio de sobornos.
Los dos hombres en la línea de sucesión que podrían sustituir a Rousseff si es sometida a juicio político son investigados en los casos de Petrobras y otros. Un tercero, el presidente de la Cámara de Diputados, quedó inhabilitado la semana pasada por el Tribunal Supremo al ser investigado en varios casos de corrupción.
EL PRIMERO EN LA LÍNEA DE SUCESION
— Un ex Senador convertido en testigo del Estado acusó recientemente a Temer de designar a un cabildero para que distribuyera sobornos de 1997 a 2001, relacionados con acuerdos de etanol, a través de Petrobras. Temer niega las acusaciones.
— El vicepresidente está acusado de arreglar el nombramiento de un director de Petrobras implicado en varios casos de corrupción relacionados con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al que pertenece Temer. El vicemandatario niega conocer a esa persona.
— Temer firmó el mismo tipo de decretos presupuestarios que suscitaron el actual proceso de juicio político contra Rousseff. Los detractores han dejado entrever que podrían intentar un juicio político contra Temer por esas acciones.
— Temer está acusado de haber recibido más de 1.5 millones de dólares de una compañía constructora que trabaja con Petrobras. El vicepresidente afirma que ese dinero fue un donativo legal de campaña.
— Las autoridades decomisaron a la compañía constructora Camargo Correa listas en las que aparecía el nombre de Temer en 21 ocasiones al lado de cantidades que sumaban en conjunto 345 mil dólares, presuntamente sobornos.
Aunque el caso fue desechado en tribunales, se atribuye a la investigación haber propiciado la actual pesquisa a Petrobras.
SEGUNDO EN LA LINEA DE SUCESION
Calheiros sería presidente interino en caso de que Temer viajara al exterior o quedara incapacitado. El Tribunal Supremo Federal considera actualmente siete investigaciones contra Calheiros en la pesquisa a Petrobras. El funcionario refuta todas las acusaciones.
— Calheiros está acusado por un cabildero de haber recibido un pago de 600 mil dólares para que frenara una pesquisa del Senado sobre corrupción en Petrobras.
— El funcionario está acusado por un exdirector de Petrobras de amenazar con retirarle su apoyo a menos de que le pagaran dinero. El mismo ex director afirma que Calheiros recibió 1.7 millones de dólares a través de un cabildero de Petrobras en un caso sobre contratos relacionados con barcos de perforación.
— En un acuerdo con la fiscalía, otro exdirector de Petrobras acusa a Calheiros de utilizar al legislador Anibal Gomes de la Cámara de Diputados para pagar sobornos derivados de contratos con constructoras.
QUEDÓ AFUERA DE LA CONTIENDA
Cunha, un evangélico que tuitea con frecuencia versos bíblicos, hubiera sido el segundo en la línea de sucesión, pero fue inhabilitado la semana pasada por la corte suprema porque está siendo investigado por diversos cargos de corrupción, que él rechaza.
Vistazo a las principales acusaciones en contra de este dirigente que encabezó la campaña a favor de que se le hiciese un juicio político a Roussef.
— El principal investigador de Brasil ha solicitado a la Corte Suprema que retire a Cunha del cargo debido a todas las acusaciones sobre irregularidades que pesan sobre él y por presunta obstrucción de la justicia. La corte no ha emitido su decisión.
— En marzo, los fiscales acusaron a Cunha de corrupción y lavado de dinero por participar en la negociación de contratos para buques de perforación, incluido el pago de cinco millones de dólares.
— Fiscales suizos afirman que Cunha tuvo cuentas bancarias secretas en el banco Julius Baer. En diciembre, esas cuentas alcanzaban un total de 2.4 millones de francos suizos, según versiones locales de prensa. Los investigadores brasileños dicen creer que ese dinero está relacionado con corrupción derivada de la operación de un yacimiento petrolero de Petrobras en Benín.
— Los investigadores brasileños afirman que desde 1990 Cunha también ha tenido cuentas sin declarar en Estados Unidos por más de 20 millones de dólares.
— Un Senador convertido en testigo del Gobierno afirmó que Cunha y el PMDB recibieron pagos por más de 10 millones de dólares del banco BTG Pactual a fin de conseguir una orden ejecutiva que fue aprobada por la Cámara de Diputados.
— En el testimonio de un cabildero que se declaró culpable en el caso, Cunha está acusado de recibir sobornos por más de 12 millones de dólares de las empresas constructoras Odebrecht, OAS y Carioca para renovar la zona portuaria de Río con vistas a los Juegos Olímpicos.
