Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).– Agentes de Estados Unidos y otros países en México podrán portar y usar legalmente pistolas y revólveres en territorio nacional, luego de que con votos de los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista en el Senado de la República se aprobara la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los requisitos son que el arma tenga un calibre menor a .40”, contar con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no usarla más allá de los límites establecidos.
La oposición advirtió que al eliminar la prohibición impuesta desde la década de los 30, para que agentes extranjeros usen sus armas en México sólo demuestra «el servilismo» de la administración del Presidente Peña al gobierno de Estados Unidos, cuyos agentes podrán emplear sus armas bajo el argumento de protección a ciudadanos norteamericanos.
Afirmaron que se trata de un golpe más a la soberanía nacional, porque agencias y autoridades norteamericanas, como la Administración para el Control de Drogas (DEA por su siglas en inglés), podrán dirigir operativos policiacos cuando lo consideren necesario, por lo que en los hechos se quitará al Estado mexicano el monopolio de la fuerza pública.
Por otra parte, los defensores de la reforma rechazaron que se trate de abrir paso a la militarización de extranjeros en el país.
Aseguraron que simplemente garantizará la vigilancia del correcto flujo de personas y mercancías en aduanas y reglamentará la protección de personal diplomático en territorio nacional, cosa que ya sucede en la actualidad sin la reglamentación correspondiente.
AGENTES DE LA CIA OPERARÁN SIN CONTROL: OPOSICIÓN
Los senadores Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT) advirtieron diversos riesgos al permitir que servidores públicos de cualquier país, principalmente de Estados Unidos, puedan portar armas en territorio mexicano.
El Senador Bartlett, ex Secretario de Gobernación durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), afirmó que con la reforma los servicios de migración y adunas de México estarán bajo la autoridad de la Homeland Security, que es el organismo establecido por el ex Presidente norteamericano George Bush para combatir el terrorismo sin ninguna limitación y sin respeto a los derechos humanos.
“Con la laxitud de las normas previstas en la reforma, sin duda muchos de los agentes migratorios y aduanales extranjeros serán agentes encubiertos de otras agencias como de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés), ya presentes en México”, afirmó.
Bartlett Díaz destacó que la reforma es un paso más en el proceso de integración de México al bloque de seguridad “América del Norte” con el control total de Estados Unidos; atenta contra la soberanía y permitirá la invasión de agentes extranjeros en todos los rincones de la Nación; y el Estado dejará de tener control sobre sus fuerzas de seguridad.
El legislador afirmó que lo más preocupante de la reforma es su falta de legalidad y de certeza. También dijo que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos reformada no define cuántos permisos individuales o colectivos se otorgarán, no precisa el número máximo de agentes extranjeros armados que podrán existir en México, ni la cantidad de armamento y equipo que estará a disposición de cada agente de otro país.
Por su parte, la Senadora Dolores Padierna Luna refirió que la iniciativa presentada por Peña Nieto por la que se reforma la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se trata de una imposición de Estados Unidos a México.
“[La reforma a la Ley de Armas] tiene como fin oculto la legalización e incorporación de las disposiciones contenidas en la Iniciativa Mérida a nuestra legislación interna, derivado de la presión que ha impuesto Washington hacia nuestro servil gobierno, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Alta.
Recordó que el 21 de noviembre del año pasado, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que alguaciles de Estados Unidos han participado en operativos contra el crimen organizado en México portando armas y uniformes de la Secretaría de la Marina (Semar) de México, a pesar de que todavía estaba en vigor la prohibición de que agentes extranjeros puedan participar en este tipo de operativos.
“El hecho es que se han dado casos donde agentes estadounidenses han operado en territorio nacional armados y han dirigido operaciones contra el crimen organizado, violentando flagrantemente nuestra legislación y nuestra soberanía», aseveró la legisladora.
No son nuevos los reportes de que agentes extranjeros portan armas en México, tal es el caso del agente estadounidense Jaime Zapata asesinado en territorio mexicano en febrero de 2011. El diario Houston Chronicle informó entonces de la existencia de un “acuerdo informal” entre los gobiernos de Estados Unidos y México para que algunos agentes estadounidenses portaran armas en territorio mexicano.
The Washington Post informó que cuando fueron emboscados por Los Zetas, tanto Zapata como su compañero, un agente de apellido Ávila, iban armados. Y también señaló entonces que el Congreso estadounidense presionaría al Departamento de Estado para obligar a la discusión con las contrapartes mexicanas.
El Diputado texano Henry Cuéllar dijo en medio de la coyuntura: “Sabemos que tienen sus propias leyes pero por el lado práctico, los mexicanos deben entender que no podemos dejar que esto pase de nuevo, no podemos dejar a nuestros muchachos indefensos.”
La Senadora Dolores Padierna recalcó que los agentes extranjeros han incurrido en graves incidentes de violación de derechos humanos y asesinatos de connacionales, por lo cual no puede pasarse por alto que estos casos podrían volver a presentarse derivado de la iniciativa que presenta Peña Nieto.
«Para ejemplo están los casos del joven José Antonio Rodríguez, de 16 años, quien fue asesinado el 10 de octubre de 2012 en territorio nacional (Nogales, Sonora) por un disparo proveniente desde el lado estadounidense de la frontera, por parte de un agente de la Patrulla Fronteriza o el caso de Guillermo Arévalo Pedraza, quien fue asesinado el 3 de septiembre de 2012 por arma de fuego; todo indica que el presunto responsable es un agente de la Patrulla Fronteriza que accionó su arma desde el lado estadounidense de la frontera”, recordó la legisladora.
PRI Y PAN RECHAZAN PÉRDIDA DE SOBERANÍA
Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PRD) afirmaron que la reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos dinamizará la economía y modernizará las fronteras, atendiendo el principio de reciprocidad con otras naciones en el marco de la globalización.
La priista Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, sostuvo que la presencia de oficiales armados en México en materia de migración o aduana no implica de manera alguna que vayan a deambular por el territorio nacional haciendo uso continuo de sus armas de cargo.
Su portación, remarcó, se reducirá a los recintos oficiales aduaneros y también a la temporalidad de la licencia del uso del arma colectiva. “Esto está claramente definido jurídicamente y corresponde al sitio de inspección migratoria y aduanal exclusivamente”, recalcó.
Frente de los cuestionamientos sobre la pérdida de soberanía, la priista recordó que esta práctica no es nueva a nivel internacional ni implica un sometimiento de una nación a otra.
Por su parte, el panista Fernando Yunez Márquez subrayó que estas medidas descansan sobre la base del principio de reciprocidad entre naciones y permitirán realizar con nuestros socios comerciales acciones conjuntas como la pre internación, para reforzar la seguridad en la movilidad de personas y mercancías.
Además recordó las limitaciones que impone la reforma las cuales incluyen el área de uso del arma de fuego, tipo de arma, la vigencia del permiso que no será mayor de seis meses, así como la facultad de nuestra nación de cancelar permisos extraordinarios en cualquier momento.
Por ejemplo, el artículo 27 reformado de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos establece que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá cancelar los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas.
Por su parte, el Senador panista Ernesto Cordero defendió la reforma al asegurar que en ninguna parte del texto se dice que el país se llenará de oficiales policiacos de otros países armados en México.
Por el contrario, afirmó que la iniciativa establece que dentro de los recintos aduaneros, oficiales certificados por la Secretaría de la Defensa Nacional, con varias semanas de antelación, puedan utilizar las armas correspondientes.
“Yo no le tengo miedo a un oficial extranjero que porte sus armas en un registro, en un recinto aduanal en México bajo la estricta supervisión de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le tengo más miedo a un policía municipal de Iguala”, acotó.
MEDIDA NECESARIA: ACADÉMICO
Erasmo Zarazúa académico del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana consideró la reforma como una medida necesaria para atender las necesidades de seguridad pública y comercial del mundo globalizado.
En entrevista para SinEmbargo, el académico refirió que diversos países de la Unión Europea y otras regiones del mundo están eliminando estas restricciones que son herencia de movimientos revolucionarios o de controles impuestos después de épocas de guerra.
El académico aseguró que la medida no pone en riesgo la soberanía nacional “porque soberanamente estamos decidiendo que sí y que no se hace en nuestro país”.
“No lo considero como un orden de Estados Unidos, más bien la región de Norteamérica tiene nuevos problemas de seguridad y aunque México o Canadá o Estados Unidos quieran mantener viejos esquemas de seguridad o de soberanía, ya no es tan viable porque estamos hablando de tráfico de personas, de enervantes, de piratería, estamos hablando de muchas cosas que ya han rebasado a los tres gobiernos”, dijo.
Recordó que desde los años 80 agentes de la DEA y otras agencias ya actúan en México, se sabe dónde están. Asimismo las embajadas de todos los países tienen a sus propios agentes, pero están regulados, se sabe quiénes son y dónde están.
“Lo que tenemos que hacer es poner las reglas claras que definan quién está en la raya y quién se sale de la raya, y más importante aún, cuáles serán las sanciones en caso de que estas reglas se incumplen”, recalcó.
