Desde hace más de un siglo, la familia Silveyra Arias se ha dedicado a la minería en Durango, y el patrimonio parecía tener un legado seguro, hasta que en 2009 comenzó una pesadilla que, desde hace más de un año, tiene a Leticia Arias Castro, de 75 años y madre de esta dinastía de mineros privada de su libertad; actualmente se encuentra detenida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Francisco Silveyra Ibarra, esposo de Leticia, realizó un contrato de explotación y promesa de asociación entre las empresas Minera Electrum, subsidiaria de la canadiense Electrum Capital Inc., el 18 de agosto de 2009. Pero la compañía no cumplió con las condiciones y cancelaron el trato… o eso pensó la familia, porque a partir de ahí la empresa canadiense les arrebató 4 mil hectáreas para la explotación de zinc, plomo, plata y oro, en el municipio duranguense de Indé.
Los Silveyra Arias acusan que, en este caso, hay un claro contubernio entre altos funcionarios del Gobierno federal y del estado de Durango con Electrum Capital Inc. También, afirman, existe corrupción: por ello, la legislación se ha torcido en favor de los intereses de la compañía canadiense, y se atropellaron los derechos de Leticia, a quien el 29 de enero pasado le fue negada la prisión domiciliaria.
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Ciudad de México, marzo (SinEmbargo).- Las autoridades mexicanas entregan los recursos del país a empresas extranjeras y no tienen reparo en favorecer sus intereses, aunque para lograrlo deban incurrir en atropellos y violaciones a los derechos de los mexicanos, acusa la familia Silveyra Arias, originaria del estado de Durango.
Y para comprobarlo, tienen una historia que contar.
En entrevista para SinEmbargo, Alexica y Francisco Silveyra Arias, integrantes de una familia dedicada a la minería desde hace más de un siglo, cuentan que la Minera Electrum SA de CV, subsidiaria mexicana de la empresa canadiense Electrum Capital Inc., los despojó de 4 mil hectáreas de concepción minera –de donde se extrae zinc, plomo, plata y oro–, ubicadas en Indé, municipio duranguense.
Para lograrlo, denuncian los afectados, la empresa de origen canadiense –“en contubernio con autoridades federales”– encarceló a Leticia Arias Castro, su madre, quien tiene 75 años, para así ejercer presión y dotar de legalidad al saqueo del patrimonio que ha pasado por generaciones.
Información del Instituto Fraser revela que el 74 por ciento de las concesiones de exploración de minas en la República Mexicana pertenecen a compañías canadienses. Las compañías originarias de Canadá operan más de 850 proyectos en fase de exploración, desarrollo y explotación en México, según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Además, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha revelado que 37 de los casos en que 17 mineras han dañado comunidades en América Latina, 19 han ocurrido en la República Mexicana.
Entre las empresas canadienses que han violado el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica se encuentran Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango, y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas, y la propia Electrum Capital en tierras duranguenses.
CONTUBERNIO ENTRE GOBIERNO Y MINERAS
Los hijos de Leticia afirman que entre el Gobierno mexicano y la empresa canadiense hay contubernio, específicamente señalan a la anterior administración de Durango a cargo del priista Jorge Herrera Caldera, cuando Sonia Yadira de la Garza Fragoso se desempeñó como Fiscal general de esa entidad y, en el ámbito federal, el Juez 59 Carlos Yarza Carranza es también acusado de favorecer los intereses de Electrum.
«La justicia en México no existe, no sé para qué hay leyes si [las autoridades] lo único que saben hacer voltearlas a favor de quienes las compren […] Vemos una situación de injusticia apoyada por las leyes y las autoridades mexicanas contra una señora para favorecer a extranjeros a que se adueñen de los recursos de los mexicanos», criticó Alexica.
En el mismo sentido, Francisco aseguró que con el encarcelamiento de la señora Arias, la compañía canadiense busca «presionar» para que la familia firme y ceda así los recursos mineros.
«Es presionar a que se haga lo que ellos quieren», afirmó.
También dijo que tiene la seguridad de que «ha habido una corrupción extrema en todo el procedimiento. La posesión y el despojo fueron logradas gracias al apoyo de la autoridad, sin ninguna orden judicial, simplemente dando dinero».
La justicia en el México gobernado por Enrique Peña Nieto, recriminó, «está por los suelos» y «está para quien tiene dinero para corromper a la autoridad».
El objetivo de dicho contrato era que la familia Silveyra y la compañía Electrum exploraran las concesiones mineras de Scorpio SA de CV, la empresa de los Silveyra, y en caso de que hallaran un yacimiento rico, crearían una nueva asociación para explotar.
Tras la firma surgieron varios términos a cumplir: comenzaron con la exploración, la empresa cumplió con ciertos compromisos establecidos al inicio del contrato; no obstante, cuenta Francisco, éste se desvirtuó cuando las empresas decidieron ejercer la opción de asociación y debían pagar un valor de infraestructura para cumplir y así abrir la nueva sociedad.
Electrum se negó a pagar la infraestructura y exigió que antes se formara la asociación, pero la familia no aceptó. Así que la empresa canadiense decidió adueñarse de las minas de la familia, para lo cual creó la compañía apócrifa bajo el nombre de Minera Indé de Durango.
Posteriormente, los Silveyra se enteraron de la existencia de una demanda penal por fraude genérico en contra de los padres y del propio Ernesto.
Esta historia de vericuetos legales e incluso amenazas no es única en México.
Los abusos de las mineras canadienses y la destrucción ambiental y a la salud de las comunidades donde operan han sido denunciadas cientos de veces durante el actual sexenio.
El mes pasado, José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario asesinado Mariano Abarca Roblero, acudió a buscar justicia con las autoridades canadienses luego de que en México se le negara durante 8 años.
José y su familia han señalado durante este tiempo que la minera canadiense Blackfire Exploration ordenó a sus empleados asesinar a su padre, quien emprendió una campaña contra la contaminación del agua de los ríos y los daños al suelo que originaba la mina de barita.
En el país, ha recriminado, se castiga incluso con la muerte a quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y costumbres, salud y medio ambiente. Las propias autoridades entregan al extranjero los recursos, afirmó.
Anteriormente, en diciembre pasado, un grupo de pobladores de la comunidad de Ixtacamaxtitlán, acompañados de activistas, también visitó Canadá para instar al Gobierno de aquel país y a los inversionistas a prevenir más violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados con un proyecto que se desarrolla en la región ubicada en Puebla, instaurado por la compañía Almaden Minerals, originaria de ese país norteamericano.
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LETICIA: CASTIGO POR ENCIMA DE LA LEY
De acuerdo con el maestro David Peña Guzmán, abogado de la señora Arias, la mujer de 75 años está acusada de un fraude genérico por 100 millones de pesos, previsto en el Artículo 386 del Código Penal Federal, en el que se señala que «comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido».
En el caso de la señora Arias, al ser un delito que rebasa 500 salarios mínimos, el delito puede sancionarse con prisión de tres a doce años y una multa de hasta 120 veces el salario.
Para 2016, la mujer que radicaba en Chihuahua es detenida junto con Ernesto, en El Paso, Texas, tras regresar de una consulta médica. Madre e hijo permanecieron un año con cuatro meses en el Centro de Reclusión para Migrantes en el estado del país vecino del norte.
En cumplimiento de la orden de aprehensión girada por el Juez 59 Carlos Yarza Carranza, la madrugada del 13 de octubre de 2016, la señora Arias llegó al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
El Artículo 75 Bis del Código Penal del Distrito Federal señala que «cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años de edad o de precario estado de salud permanente, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas de seguridad que procedan».
Aunque la señora Arias tiene 75 años cumplidos, el Juez 59 la negó la prisión domiciliaria el 25 de octubre de 2017 y el Magistrado Rafael Guerra confirmó dicha negativa el pasado 29 de enero.
Yarza Carranza, recordó el abogado, determinó que la única medida cautelar que hacía justicia al caso era la prisión preventiva oficiosa, cuando los delitos que ameritan dicha medida son homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la Patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, corrupción y tráfico de menores, además de los que atentan contra la salud, todos ellos previstos en el Código Penal Federal.
Por ello, el abogado afirma que a la adulta mayor se le ha dado un trato similar al que recibiría un violador, homicida o secuestrador.
«Es un atropello, es una injusticia. [Su encarcelamiento] es completa y absolutamente injusto, no tiene nada de legal […] De acuerdo con el señor Juez 59, mi cliente que es una señora de 75 años, a la que se le acusa de un delito no violento y patrimonial, representa el mismo riesgo que una persona acusada de violación, homicidio, secuestro o trata de personas», manifestó.
No obstante, destacó, «parece que la secuestrada es ella».
«Vive una especie de secuestro institucional. Como abogado me doy cuenta que estoy frente a un asunto diferente. Las personas que lo están resolviendo no lo están haciendo observando la Ley. Hay momentos en los que no se siente que soy una defensa, se siente como si estuviera en la negociación de un rescate porque la compañía canadiense habla de una negociación», denunció.
El periódico La Jornada informó en enero de 2005 que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF) determinó que dicho Juez «incurrió en irregularidades de tipo administrativo al determinar, de manera incorrecta, la prescripción de un delito, con lo cual benefició a un presunto homicida que fue liberado al quedar cancelada la orden de aprehensión».
Finalmente, Alexica y Francisco aclararon que el trato que Leticia recibe en el centro penitenciario no es distinto al que se les brinda a otras internas, es decir, no es víctima de abusos, ya que la familia solicitó apoyo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) capitalina y el organismo público ha vigilado el tema.
La familia hizo un llamado a las autoridades mexicanas a actuar con legalidad.
