A los beneficiarios del programa «Prospera» en Coahuila se les ofreció una capacitación para responder en las encuestas de la Secretaría de Desarrollo Social y del Inegi que no, no tienen hambre. El responsable del programa social en la región norte del estado, Alberto Cabrera Aguilar, argumentó que la encuesta es para saber por qué los beneficiarios «están diciendo que no tienen para comer, cuando realmente lo tienen».
Ciudad de México, 10 de marzo (SinEmbargo).– Un funcionario del programa social «Prospera» en Coahuila ordenó el pasado martes a beneficiarios de escasos recursos de Piedras Negras cómo responder las encuestas que aplica la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) sobre los avances de los apoyos, y también a las que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La instrucción de Leobardo Hernández, quien depende de la Delegación local de Sedesol, fue clara: deben decir que en los últimos tres meses no les ha faltado comida, revela un audio publicado hoy por El Siglo de Torreón.
El periódico de La Laguna difundió la grabación en la que se escucha a Hernández, auxiliar de Programas Sociales en Piedras Negras, dar indicaciones a los beneficiarios –en su mayoría mujeres– de cómo deben responder a las encuestas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los índices de pobreza.
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A través de un equipo de sonido instalado en el Suditorio Santiago V. González, en Piedras Negras, el funcionario explicó a los asistentes que «si de repente nosotros decimos que aún tenemos hambre, entonces de alguna forma estamos diciendo que el programa [Prospera] no nos ha servido de nada. ¿Sí quedó claro, señoras?».
«¿Han tenido hambre de tres meses para acá?», preguntó Hernández a los beneficiarios, quienes respondieron al unísono un «no»; lo mismo sucedió cuando se dirigió a los adultos mayores.
«¿Se han quedado alguna vez sin almorzar, cenar o desayunar?».
«No», respondieron.
«¿Seguras?», insistió el funcionario. «Sí… A ver, quiero oír a la gente de «Prospera»: ¿Se han quedado con hambre?».
«No», respondieron en coro las personas ahí reunidas.
«¿Sin cenar, sin desayunar? ¿Les ha faltado comida?», repitió.
«No», volvieron a decir.
El pasado martes inició en Piedras Negras la entrega del apoyo económico de «Prospera», correspondiente al primer bimestre de 2016, por lo que corresponde al Inegi y a la Sedesol realizar un balance sobre los resultados del programa.
La primera encuesta a los beneficiarios de Prospera se realizará mañana viernes, por lo que los funcionarios del programa realizaron este tipo de «capacitación» en los últimos días.
Alberto Cabrera Aguilar, responsable del programa «Prospera» en la región norte del país, reconoció que la encuesta es para saber por qué los beneficiarios dicen que tienen hambre si reciben el apoyo, situación que ha sido cuestionada por las autoridades federales.
«[La encuesta] es por parte también de «Prospera»; esta encuesta la va a hacer el Inegi próximamente, por ahí del mes de mayo. Pero lo que viene siendo esta encuesta [la del viernes] es del Gobierno federal, para saber por qué están diciendo que no tienen para comer, cuando realmente lo tienen», dijo Cabrera Aguilar.
En junio de 2015, el Gobierno de Coahuila se enfrascó en una controversia con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que informó que la población en extrema pobreza aumentó en la entidad, al pasar de 81 mil 900 a 92 mil coahuilenses en dicha condición.
Al respecto, Rodrigo Fuentes Ávila, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en ese estado, explicó en comparecencia ante el Congreso local que el mal resultado se debía en parte a las fallas en la metodología del Coneval y que los encuestados respondieron con «información falsa»; por ejemplo, a preguntas sobre si tienen o no hambre.
Prospera es parte de uno de los 61 programas que promovió el Gobierno federal a través de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), de los cuales sólo nueve atienden directamente la pobreza alimentaria de al menos 7 millones de personas; el resto se ocupan de otras carencias.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), esos nueve programas se hicieron con el ejercicio de 50 mil 438 millones 863.3 mil pesos, tan sólo el 31.3 por ciento del presupuesto anual total.
Rosario Robles Berlanga, hoy titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), diseñó en 2013 el decreto del que nació la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Su objetivo fue el de atender el mandato constitucional de garantizar el derecho a toda persona a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y conjuntar esfuerzos y recursos de los ámbitos público, privado y social, para erradicar el hamb
La ASF exhibió el pasado 6 de marzo un problema de la focalización en la Cruzada derivado de que del total de la población en México, 55.3 millones viven en condiciones de pobreza y 11.4 millones, el 20.6 por ciento en pobreza extrema. De esa población, 7 millones fueron catalogados por el Gobierno federal en pobreza extrema alimentaria, esto porque contaban con un ingreso inferior al valor de la Línea de Bienestar Mínimo, además de vivir con tres o más carencias sociales.
