La iniciativa en materia de redes sociales del partido Morena más que reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, lo que propone es la censurar, coincidieron expertos en derechos digitales. También se pondrían en riesgo acuerdos internacionales como el T-MEC, que establece principios básicos a los que los tres países tendrán que adherirse para que el comercio digital fluya.
–Con información de Daniela Barragán y Romina Gándara
Ciudad de México, 10 de febrero (SinEmbargo).–La iniciativa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para reglamentar Twitter, Facebook, TikTok y otras redes sociales no es una regulación, es censura, por lo que de aprobarse sería una reforma inconstitucional e incompatible con los tratados en materia de derechos humanos, en los cuales México está adscrito, alertaron especialistas de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI).
«La propuesta puede tener la mejor intención, pero tiene efectos problemáticos que implican medidas de censura, lo que la volvería una reforma inconstitucional con los tratados en materia de derechos humanos», dijo en entrevista Agneris Sampieri, integrante de la Red R3D, sobre la propuesta de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en la que se modifican tres artículos y agregan dos capítulos, uno con siete artículos y otro con uno que incluye sanciones.
Sissi de la Peña, Gerente Regional de Comercio Digital y Organismos Internacionales de la Asociación Latinoamericana de Internet, aseguró que la iniciativa es un atentado contra la naturaleza libre y abierta del Internet. «El Internet es de todos, por lo que una normativa regulatoria tendrá implicaciones en el contexto jurisdiccional, porque el Internet no se acaba en la frontera con Estados Unidos o Guatemala […] La gobernanza de Internet no cae solamente en un ente, sobre todo en un país con un régimen como el de México. Puede que en países como China, Rusia o Irán regulen el Internet, pero ese no es un régimen en el que México esté”.
Agregó que si esas atribuciones se le dan a una figura, en este caso el Estado, ahí sí se están arriesgando los derechos humanos de los usuarios y se atenta contra la libertad de expresión porque se haría lo que el Gobierno pide. «Son temas muy complejos como para que queden en un ente regulador, que sería el IFT que regula las telecomunicaciones y no la libertad de expresión”.
Para De la Peña, la iniciativa también atenta lo que se negoció en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque el Tratado contiene un capítulo de comercio digital en donde se establecen los principios básicos a los que los tres países tendrán que adherirse para que el comercio digital fluya, por lo que de aprobarse significaría que México impuso barreras con las que inhibe la innovación y la inversión en el país.
Leopoldo Maldonado, director de la organización Artículo 19, explicó que la iniciativa de ley ha generado preocupación porque tiene varios aspectos “que no se han delineado de manera correcta, como por ejemplo que hace una definición muy amplía de redes sociales en donde prácticamente entra cualquier servicio de Internet más allá de las redes sociales, prácticamente están definiendo al Internet dentro de la misma canasta de las redes sociales».
El Senador Ricardo Monreal Ávila, autor de la iniciativa, difundió su propuesta de reforma el pasado martes para que puedan opinar ciudadanos, académicos, expertos y usuarios de las redes sociales antes de que la presente en el Senado en tres semanas.
#EnVivo Te doy la bienvenida al debate sobre la regulación de redes sociales; evitemos descalificaciones a priori. Te invito a leer el proyecto de iniciativa y a compartir tus comentarios. https://t.co/ZWW0oU5EWm https://t.co/9JGWDuW6VR
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) February 10, 2021
Sissi de la Peña, de la Asociación Latinoamericana de Internet, contó en entrevista que ya hubo diálogo con el Senador Monreal, en el que dijeron que un aspecto positivo es que el tema sea debatido y abierto a todo mundo, no solo a las empresas, pero por otro lado le indicaron que ese debate no tiene que concluirse en tres semanas para que se vote en el Congreso.
“En el debate se puede decidir como sociedad mexicana hacia dónde queremos ir en materia de libertad de expresión en el contexto digital. Él abrió el proyecto, pero insiste en que esta es una iniciativa que debe ser aprobada en determinado plazo. Nosotros creemos que es apresurado”, comentó.
EL PAPEL DEL IFT
La iniciativa de Morena, partido que controla ambas cámaras, le da un papel relevante al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para autorizar la operación de las redes en México y los mecanismos que las empresas usarán para poder suspender cuentas de usuarios, además fungiría como árbitro en caso de que las redes sociales no resuelvan una impugnación.
En entrevista con SinEmbargo, Agneris Sampieri dijo que el papel que Monreal propone para el IFT –un organismo autónomo creado en 2013 cuyo titular es propuesto por el presidente ante el Senado– es un punto en contra de la iniciativa porque lo involucran de tal forma que se vuelve un mecanismo de censura.
“Se prevé que las redes sociales, consideradas relevantes, tienen que pedir una autorización al IFT para poder ofrecer sus servicios en Internet y en ningún país democrático se ha exigido a los sitios un permiso del Estado para poder existir en el ecosistema digital […] el requisito para operar es completamente innecesario, inconstitucional y es uno de los puntos problemáticos que implican censura”, dijo.
Comentó que la iniciativa es aparente porque por un lado busca combatir la censura de un organismo privado, pero por otro crea un mecanismo de censura público a cargo del Estado: “es innecesario hacerlo cuando pueden existir otros mecanismos para hacer responsables a las empresas, pero no en torno al contenido que generan terceras personas, sino más en temas de obligaciones de transparencia, de notificación cuando se dé de baja un contenido y mecanismos efectos de apelación”.
La organización Artículo 19 coincidió en que no es adecuado poner al IFT como ente regulador para autorizar los llamados términos y condiciones de las redes sociales ni para abrir un procedimiento de queja en caso que un usuario sea cancelado o suspendido temporalmente.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, también advirtió que para justificar la remoción de ciertos contenidos se incluyeron conceptos muy amplios y ambiguos, lo cual extiende el marco de actuación del Estado para poder controlar las redes sociales.
“Un punto muy importante aquí es que desde hace ya más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su declaración de principios sobre la libertad de expresión, ha señalado que es inadmisible que los estados establezcan criterios de veracidad de la información porque se puede prestar a intereses políticos, censura y manipulación por parte de los gobernantes”, dijo.
¿CÓMO REGULAR LAS REDES?
La polémica sobre la posible regulación de las redes sociales en México surgió después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se mostrara en contra del bloqueo de las cuentas de Donald Trump, exmandatario estadounidense, a raíz de la toma del Capitolio el pasado 6 de enero. El Jefe del Ejecutivo se comprometió a liderar un esfuerzo internacional para combatir lo que él considera censura por parte de empresas de redes sociales.
Para Sampieri, en el entorno digital actual no se necesita un nuevo de tipo de regulación sobre las cosas que se pueden decir o las que no, lo que es meterse en temas ambiguos y subjetivos; por el contrario se necesita que las empresas sigan funcionando pero que tengan una responsabilidad social con las personas usuarias y buscar mecanismos de transparencia para las decisiones que toman y que puedan afectar los derechos a la libertad de expresión de las personas.
“No tienes que meterte en la discusión de qué es discurso de odio o qué incita a la violencia. No importa quién haga esas evaluaciones porque serán interpretativas y es mucho más delicado que un Estado se meta a determinar qué cosas pueden ser discurso de odio y cuáles no […] se debe pedir transparencia y no solo de las cuentas o contenido que se de de baja, sino también las ocasiones en que las autoridades piden el acceso a la geolocalización, a las comunicaciones de tal persona. Tener las nociones de cómo las empresas puedan afectar nuestros derechos también en cuanto a la privacidad es un tema que únicamente se puede conocer con obligaciones de transparencia”, concluyó.
Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, no descarta que pueda prosperar la iniciativa debido a que cuenta con el apoyo y anuencia del Poder Ejecutivo, es decir, que hay un ánimo del Gobierno mexicano por esta regulación y control de las redes sociales.
“Si vemos con preocupación que esto pueda avanzar porque lleva el empuje del propio Poder Ejecutivo bajo un discurso que no está basado en evidencia y no está basado en hechos ciertos», mencionó.
Maldonado destacó que es necesario cuidar que en la discusión de la propuesta de Ley se genere un efectivo mecanismo del Parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces y si se concluye que hay retirar esa iniciativa o no aprobarla, se haga caso.
El director de Artículo 19 destacó que tampoco se puede caer en el extremo de dejar que las empresas privadas hagan lo que quieran, por eso, dijo , «las organizaciones civiles proponen que se acojan a los llamados principios de Santa Clara, los cuales establecen que haya transparencia en las facultades de moderación de contenidos y que las reformas en México deben de establecer criterios de acuerdo al marco jurídico de Derechos Humanos a nivel internacional, que es bastante preciso en cuáles son los motivos para los cuales se puede restringir el ejercicio de la libertad de expresión».
