Los familiares de los migrantes que se accidentaron hace un mes esperan resultados de la FGR y la recuperación o repatriación de las víctimas para volver a sus lugares de origen.
Por Mitzi Fuentes Gómez
San Cristóbal de las Casas (México), 10 ene (EFE).- Las investigaciones y repatriaciones de cadáveres de los 56 migrantes fallecidos en un accidente vial en el estado de Chiapas continúan, cuando se cumple un mes de la tragedia.
El pasado 9 de diciembre, un tráiler que trasladaba a migrantes de Centroamérica, escondidos en una caja con respiradero, se volcó en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo, a la altura del kilómetro 9, dejando 56 muertos y cientos de heridos.
Pese a la tragedia, las autoridades de México y Guatemala no han presentado avances en las investigaciones, mientras que familiares de los afectados esperan su recuperación para volver a sus lugares de origen.
Muestra de ello es Emilio Yboy López, un agricultor guatemalteco que hace un mes recibió una llamada en la que le informaron que su hijo, Jenrry Soel Yboy Hernández de 21 años tuvo un accidente, pero le tomó tres días llegar a Tuxtla, en México, para estar al pendiente del joven, que sufrió una fractura en la cadera e ingle.
Emilio, todavía consternado pero aliviado, narra la historia de su hijo quien, dice, tenía el sueño de juntar dinero y construir su casa en su lugar de origen: «Yo le dije que no fuera (al viaje), pero me argumentó que ya llevaba dos años en Guatemala y no había juntado nada, y por invitación de sus amigos se fueron con los que conocían».
Jenrry era vigilante de una empresa de textiles en la capital guatemalteca. Emilio dice que en cuanto le den de alta regresarán a su país para que se recupere «creo que lo volverá a intentar (ir a Estados Unidos)», pero antes, aclaró «hay que pagar lo prestado».
Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), del total de fallecidos, se han identificado 54 cuerpos, la mayoría de nacionalidad guatemalteca, y se han repatriado a 31 de ellos: 11 a República Dominicana y 20 a Guatemala.
El Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Eduardo Hernández, informó que de los repatriados, ocho eran originarios de Quiché, dos de Chimaltenango y el resto de Quetzaltenango, Izabal, Baja Verapaz, San Marcos y Escuintla. Todos eran hombres de entre 18 y 40 años.
En México, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Chiapas, la asistencia médica se continúa brindando a 13 migrantes centroamericanos en diferentes nosocomios de la entidad y el estado de salud que guardan es delicado estable.
SIN AVANCES EN INVESTIGACIONES
Un mes después del fatal accidente, las autoridades mexicanas no han dado a conocer los avances sobre las investigaciones para determinar las causas del accidente, ni cuentan con algún presunto responsable. Sólo se sabe que la Fiscalía General de la República (FGR) da seguimiento a una carpeta de investigación.
En tanto, el Gobierno de Guatemala a través del jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Stuardo Campo, informó en su cuenta de Twitter que «un equipo de fiscales e investigadores busca ubicar a los traficantes de personas».
El de República Dominicana ha sido el único Gobierno que reportó haber logrado desarticular una red acusada de traficar personas, luego de la detención de cinco personas, en la provincia de San Pedro de Macorís y en el municipio de Baní, de donde eran una buena parte de los dominicanos accidentados.
En un comunicado, la Procuraduría General de aquel país detalló que esta red «se dedicaba a traficar con personas desde Santo Domingo hacia Estados Unidos, a través de países como Guatemala, Panamá y México».
«GOBIERNOS SOLAPAN DELITO»
Para algunos expertos en movilidad migratoria en la frontera sur del país, el silencio que guardan los Gobiernos de México y Guatemala para desarticular estas redes y la lentitud para actuar deja entrever que las autoridades solapan a los grupos delincuenciales que operan en la zona.
«Ese tráiler no pudo pasar desapercibido, cuando existen retenes en la zona de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla, esto quiere decir que hay una red criminal que investigar y desarticular», dijo a EFE la antropóloga Aki Kuromiya, investigadora del Colegio de la Frontera Sur.
Añadió que de lo ocurrido con el tráiler se detectó «a gente de zonas rurales lejanas al centro de Guatemala, que no se tenía el registro de ser poblados con deseos de migrar al extranjero, pero hoy son captados por esta red de «polleros» o guías».
Por su parte Jorge López Arévalo, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), expresó que la militarización de las fronteras lo único que provoca es el encarecimiento de la migración: «Los migrantes aportan importantes recursos económicos que reparten por todas las carreteras mexicanas incluso hasta en los Estados Unidos».
Señaló que Chiapas también expulsa población indígena hacia Estados Unidos, quienes «corren con la misma suerte del centroamericano», lo cual corresponde a un «estancamiento de crecimiento económico de hace 40 años en el sur de México».
La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) «encontró» más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre.
Mientras que México ha detectado más de 190 mil migrantes de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74 mil 300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.
