En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el SAT explicó que desde el 2020, “tiene como eje institucional el abc que consiste en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción”.
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó hoy que en el ámbito penal, en el periodo que comprende de enero de 2020 a noviembre 2021, se han presentado 2 mil 004 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) que involucran a 2 mil 069 personas, de las cuales solo 277 (13 por ciento) han sido vinculadas a proceso: 12 personas servidoras públicas, 142 personas morales y 123 personas físicas.
“En el caso de las personas servidoras públicas, se llevó a cabo el debido proceso penal y se lograron cinco sentencias condenatorias a la misma cantidad de funcionarios, quienes fueron separados del cargo e inhabilitados para laborar en el servicio público, además de haber pagado las multas impuestas. Estas personas servidoras públicas extorsionaron, robaron almacenes y recintos fiscales, realizaron trámites con documentación falsa y accedieron ilícitamente a los sistemas informáticos de la institución”, detalló el SAT.
El SAT aclaró más tarde a SinEmbargo que sólo tres de las cinco sentencias fueron para funcionarios, y las otras dos para contribuyentes.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el SAT explicó que desde el 2020, “tiene como eje institucional el abc que consiste en aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción. A partir de ello, se llevan a cabo diversas estrategias sostenidas en la cero impunidad y cero tolerancia, con el objetivo de eliminar prácticas ilícitas que deriven en la evasión o elusión de impuestos por parte de personas contribuyentes y personas servidoras públicas”.
“Junto con otras instituciones del Gobierno Federal se integró la delegación mexicana que forma parte de las tres Convenciones Internacionales Anticorrupción: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Estos instrumentos jurídicos internacionales contienen disposiciones que obligan a los Estados Parte a implementar un amplio y detallado rango de estándares internacionales para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción”, explicó la autoridad.
Para asegurar que las personas servidoras públicas, candidatos y terceras personas relacionadas que laboran en el SAT sean confiables y no susceptibles a cometer actos ilícitos, se evalúa su competencia e integridad. De enero 2019 a septiembre de 2021 se realizaron 17 mil 352 evaluaciones, informó.
“Aunado a ello, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene como uno de sus objetivos establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión, además de otros rubros, de la cultura de la rendición de cuentas y de la transparencia. Por medio de la Plataforma Digital Nacional permite cumplir con las obligaciones previstas en la propia ley, así como en la Ley General de Responsabilidades Administrativas para regular, entre otras cosas, el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal”.
En esta misma línea, de acuerdo con la declaración de situación patrimonial, en su modalidad de modificación 2021, de un universo de 30 mil 576 personas servidoras públicas adscritas al SAT y obligadas a atender esta obligación, lo hicieron al mes de julio de 2021, 30 mil 183, lo cual representa el 99.41 por ciento de cumplimiento.
Para identificar o corroborar casos de corrupción, el SAT supervisa que sus unidades administrativas realicen sus actividades conforme a la normatividad. De enero 2019 a septiembre de 2021, se concluyeron 84 supervisiones.
El SAT atiende, verifica las denuncias recibidas y colabora con las autoridades competentes en las investigaciones penales y administrativas de actos de corrupción.
De enero 2020 a noviembre 2021 se ha condenado a un par de contribuyentes a resarcir daño al SAT por el delito de contrabando.
La Secretaría de la Función Pública a través de su Órgano Interno de Control en el SAT, del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021, impuso las siguientes sanciones: 127 inhabilitaciones para trabajar en el servicio público, 82 suspensiones temporales del cargo, 73 sanciones económicas, 50 amonestaciones públicas y 31 destituciones del puesto, en apego a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Una revisión administrativa propia del SAT “consiste en la investigación o verificación de las actuaciones de las personas servidoras públicas de la institución con motivo de quejas y denuncias por presuntos actos de corrupción. De enero 2019 a septiembre de 2021 se concluyeron 3 mil 324 revisiones administrativas”.
