La Fepade solicitó la noche del 25 de noviembre una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015. Este miércoles, un Juez negó la orden al considerar que no hay elementos probatorios.
Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado 11 de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, negó la orden de aprehensión en contra de Arturo Escobar y Vega, ex Subsecretario de Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación (Segob), al considerar que no hay elementos que comprueben su participación en delitos electorales, informaron fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La noche del 25 de noviembre, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), solicitó a un juez liberar una orden de aprehensión en contra del ex vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por presuntos delitos relacionados con el desvío o mal manejo de recursos durante la elección 2015.
La Fepade concluyó, después de una indagatoria de seis meses, que Escobar transgredió la ley electoral al haber celebrado como representante del partido del Tucán un contrato con una empresa para la elaboración y entrega indebida de 10 mil tarjetas Premia Platino, durante la más reciente campaña electoral.
De acuerdo con la legislación queda prohibido que los partidos, los candidatos o los equipos de campaña, entreguen cualquier tipo de material en el que oferten o se entreguen beneficio directo, indirecto, en especie o efectivo, debido a que representa un “indicio de presión” hacia el elector para obtener su voto.
Sin embargo, esta mañana un Juez federal determinó que no hay elementos probatorios de que Escobar y Vega cometiera algún delito electoral. Se prevé que en la próximas horas el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, apele a esta determinación.
La acusación contra Escobar lo llevó a renunciar a su cargo en la Subsecretaría d Participación Ciudadana y Prevención del Delito de la Segob. Distintos grupos de la sociedad civil habían exigido a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, que lo despidiera por representar la cultura de la desobediencia, la falta de transparencia, y la cultura de la ilegalidad. Eso no valió para Osorio Chong. La Fepade fue la que lo tumbó.
Escobar fue vocero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI), postuló al actual Presidente Enrique Peña Nieto. El puesto de Subsecretario en la Secretaría de Gobernación se consideró un pago político del titular, Miguel Ángel Osorio Chong, a los favores electorales recibidos por el PRI y por sus candidatos.
Al ex funcionario federal se le imputa el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. El cual es castigado con 5 a 15 años de prisión y multas de mil a 5 mil días. La pena podría ascender a una mitad más si es que la conducta se realiza en apoyo a una precampaña o campaña electoral.
Luego de su nombramiento, se recordó que Escobar y Vega fue detenido en un aeropuerto de Chiapas con más de un millón de pesos en efectivo cuando era Senador del PVEM en 2009. Además de ser uno de los principales orquestadores de la más reciente campaña del Partido del Tucán, una de las más multadas en toda la historia.
Desde marzo pasado, ciudadanos denunciaron que el PVEM realizaba un envío de tarjetas de descuento, las Premia Platino, en la que ofrecía distintos descuentos para comercios de toda índole, laboratorios médicos, tiendas departamentales, zapaterías, restaurantes, papelerías, pizzerías, hoteles y más. La entrega se hizo durante varios meses previo a las elecciones del 7 de junio de 2015, pese aún de que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) dictó una medida cautelar para que se detuviera su distribución.
Las tarjetas llegaban al domicilio con el nombre del votante; es decir, el Partido Verde utilizó bases de datos que supuestamente son protegidas por el INE para, según los tribunales, tratar de comprar votos, ofreciendo como lo hizo el PRI en 2012, tarjetas con beneficios.
Las tarjetas rotuladas con los nombres de los particulares también ofrecían bonificaciones del 30 por ciento de las compras en las Farmacias del Ahorro, en las tiendas Chedraui se les da 10 pesos de bonificación por cada 200 pesos de compra.
