El futuro Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha prometido la Cuarta Transformación. La democracia, la justicia social y el combate a la corrupción son algunos de sus ejes fundamentales, pero será incompleta si no están incluidos los medios de comunicación.

El conjunto de acciones de política pública para alcanzar ese objetivo depende en buena medida del Gobierno federal y del Congreso, donde tiene mayoría Morena, pero también del órgano regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Se trata de una nueva reforma democrática necesaria, tan trascendental como el cambio político que tuvimos en las elecciones de este año, que corrija o supere los desaciertos y lagunas de la reforma estructural de telecomunicaciones, y modificar así la relación que durante décadas se tuvo entre el poder político y los medios de comunicación, así como las “reglas escritas” y las “reglas no escritas” que tanto daño hicieron a los derechos de libertad de expresión e información, los derechos de las audiencias y los consumidores.

Algunas de las líneas de acción que se detallan más adelante han sido propuestas recientemente por la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otras por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) y por organizaciones como Artículo 19, Fundar y El Poder del Consumidor.

Hasta ahora, parte de esas propuestas han sido recuperadas por legisladoras y legisladores, también por el equipo de transición, pero para materializarlas se requiere articulación y obviamente que López Obrador asuma las riendas del Poder Ejecutivo.

Las acciones necesarias, al menos las más urgentes, para la Cuarta Transformación en los medios de comunicación son las siguientes:

– Reducir el gasto de la publicidad gubernamental, respetar las prohibiciones constitucionales en esta materia y no modificar los presupuestos aprobados para estas partidas por la Cámara de Diputados.

– Crear un órgano o instancia autónoma o independiente encargada de asignar los recursos de la publicidad gubernamental, bajo los principios de pluralidad, diversidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas.

– Dejar de presionar, chantajear o coludir a los medios de comunicación para modificar u orientar líneas editoriales. La libertad de expresión en la radio, la televisión, los medios impresos y digitales se respetará totalmente, aun cuando sus contenidos no sean del agrado de los funcionarios públicos. Ya no más acciones de censura por hacer preguntas sobre el estado de salud del Presidente, por citar un ejemplo.

– Fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y asegurar la efectiva aplicación de sus decisiones y medidas, así como brindarle los recursos humanos y materiales necesarios para desempañar su mandato. Las agresiones y asesinatos de periodistas deben prevenirse y erradicarse.

– Aumentar el financiamiento, investigadores y personal policial de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR y asegurar su incorporación e independencia en la Fiscalía General. Las agresiones y asesinatos de periodistas no deben quedar impunes.

– Crear verdaderos medios públicos (Once TV, Canal 22, IMER, etc.) al servicio de la sociedad y no del gobierno en turno. Para ello deberá garantizarse plenamente su autonomía editorial con mecanismos efectivos para su cumplimiento, en los diferentes niveles de gobierno.

– Dotar a los medios públicos de los recursos suficientes para su indiscutible función social y no quedar rezagados tecnológicamente.

– Apoyar con recursos suficientes a las radios indigenistas adscritas a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aumentar su cobertura y establecer mecanismos efectivos para que sean las propias comunidades indígenas las que definan los contenidos y dirijan estas radiodifusoras.

– Instalar televisoras indígenas, bajo los mismos criterios descritos.

– Fomentar el desarrollo de los medios comunitarios, no a través de la publicidad del gobierno, sino con una reforma legal que les autorice incluir un porcentaje de publicidad comercial. De igual manera, establecer medidas para facilitar el acceso a las frecuencias y un mandato específico para promover emisoras en aquellas comunidades indígenas donde no existen.

– Garantizar plenamente los derechos de las audiencias y revertir la contrarreforma que se impulsó en la legislatura anterior, con el apoyo del Gobierno federal, pero que no tuvo el respaldo de ninguna organización de la sociedad por ser contraria al interés general.

– Respetar la autonomía de las defensorías de las audiencias en los medios públicos, comerciales y comunitarios, divulgar los derechos de las audiencias y fortalecer los mecanismos de autorregulación.

– Reformar los lineamientos de la Segob sobre la clasificación de programas audiovisuales, con base en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, para proteger a las audiencias infantiles de contenidos no aptos para su edad y de anuncios comerciales que atentan contra su salud.
– Reformular los criterios nutrimentales para definir los productos que no podrán ser publicitados, con la participación de un grupo de expertos libres de conflicto de interés, e incluir en la regulación todos los medios de publicidad y mercadeo que pueden dirigirse a la infancia, videojuegos, internet, redes sociales, uso de personajes en empaques, espacios públicos, y puntos de venta.
– Restringir el uso de herramientas de mercadeo como la exposición de personalidades públicas y de ficción que son atractivas y populares para niños y adolescentes, regalos, juegos, concursos y patrocinios que tienen el objetivo de atraer, persuadir y fomentar el consumismo de productos no saludables.
– Abrogar la anacrónica Ley de Imprenta de 1917.

– Actualizar el Reglamento de Publicaciones y Revistas Ilustradas.

– Ciudadanizar la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, y quitarla de la esfera de la Secretaría de Gobernación (Segob).

– Reformar los códigos penales de las entidades federativas con el fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

– Quitar a la Segob las facultades para supervisar y sancionar los contenidos en los medios de comunicación y trasladarlas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En un Estado democrático el gobierno ya no debe ser la autoridad encargada de censurar lo que se dice en la radio, la televisión o los medios impresos.

– Promover con recursos propios o fondos de otras fuentes la producción nacional independiente para incentivar la pluralidad y diversidad de contenidos, nuestra cultura y crear empresas y fuentes de empleo en el campo audiovisual.

– Garantizar la equidad de género en la integración del pleno del IFT y la autonomía de este órgano regulador a partir de la integración de perfiles idóneos.

– Promover una reforma a la ley para establecer reglas más eficientes para disminuir la enorme concentración que prevalece en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

– Crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia del Estado, así como establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a los estándares internacionales sobre la materia.

Por supuesto hay otros temas en materia de conectividad, abatimiento de la brecha digital, competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, protección de datos personales y más, que deberán ser incorporados entre los objetivos para lograr la Cuarta Transformación de nuestra República. Por lo pronto, aquí parte de la agenda básica para transformar el vetusto modelo de relación entre el poder político y los medios de comunicación.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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