El cártel de Los Zetas se vengó de tres supuestos traidores en marzo de 2011 en Allende, Coahuila. Masacró a sus familiares, los quemó y derritió en ácido. De las 300 víctimas que hablan medios estadounidenses y Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconoce a 26, basado en 61 testimonios y no en el pruebas periciales, revela el informe “En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)” elaborado por El Colegio de México. Pero aún con las deficiencias que muestra la investigación judicial; la operación de los criminales, el contubernio de las autoridades municipales con la célula delictiva y el abandono total de las víctimas quedan al desnudo como pruebas de una impunidad garantizada.
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Por Shaila Rosagel y Dulce Olvera
Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- El cártel de Los Zetas sí masacró personas en Allende, Coahuila, el fin de semana del 18 al 20 de marzo de 2011, por un supuesto ajuste de cuentas, con la ayuda de la policía municipal: las “levantaron”, las llevaron a dos ranchos distintos donde las asesinaron, para luego desaparecerlas calcinadas y derretidas en ácido.
Aunque el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) sólo consignó el asesinato de 26 personas–20 de ellas de una misma familia– y no 300 como afirman activistas como Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, se presume que “pudieron ser más”, revela el informe “En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”, elaborado por El Colegio de México bajo la dirección del investigador Sergio Aguayo Quezada.
La investigación elaborada con el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a pesar de que se concentra en dos eventos: la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y la que fue una denuncia de la sociedad civil; la matanza de Allende, Coahuila, presenta más datos importantes sobre el segundo hecho, hasta hoy desconocidos.
Durante la presentación del informe, el escritor y periodista Juan Villoro expuso que México es una «necrópolis» donde proliferan las fosas en todo el territorio.
«Aprendemos geografía a través de la desgracia: Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta resignación de la geografía a través del horror», dijo.
El Gobierno, criticó, no solo ha omitido su tarea, sino también ha criminalizado a las víctimas.
«Se necesita transitar un camino hacia la justicia: la reparación simbólica y una investigación de los sucesos», mencionó, «una investigación clara como un principio ético».
La academia, como parte de una red solidaria surgida a raíz de la falta de apoyo de más autoridades, «subsana lo que no hace el Estado», agregó.
El informe, concluyó, «es una radiografía de la torpeza e impedimento para impartir justicia».
Los investigadores coincidieron en que el Estado mexicano no ha hecho la tarea. Es urgente e indispensable que reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal para generar canales de comunicación con la sociedad, determinó el Colegio de México en su informe sobre el trato y las reparaciones a las víctimas de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila.
«Hasta ahorita la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos… En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo», concluyó el estudio coordinado por Sergio Aguayo.
Las víctimas, sus familiares y la sociedad, expuso el reporte, tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.
Las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de tres factores principales: el control casi total del crimen organizado en Tamaulipas y Coahuila; la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas y la complicidad del Estado (federación, organismos autónomos, estados y municipios).
«Hechos terribles y crímenes atroces que no son los únicos. Son dos muy representativos de lo que sucede todo el tiempo en varias regiones del país», dijo Mariclaire Acosta, especialista en derechos humanos.
«Sean víctimas del crimen organizado o de agentes federales -como en Tanhuato-, todos por igual viven en el desamparo. Los crímenes no se investigan, no se previenen las violaciones de derechos humanos y nunca se sanciona a los culpables», agregó.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, aseguró que la CEAV «opera como ventanilla de indemnizaciones, no de reparaciones a las víctimas».
Cuestionó la lentitud de las investigaciones, las cuales no se basan en estándares nacionales e internacionales, expuso.
Las autoridades no actuaron a pesar de saber el contexto del área y cuando ocurrieron, guardaron silencio. La PGR no atrajo el caso de Allende», acusó Dayán
El poeta y activista Javier Sicilia afirmó que ambos casos son «la expresión de lo que sucede en todo el país y es el desamparo de todo el país».
«El Estado dice que tenemos derechos, pero en los factor somos seres absolutamente prescindibles. Tienen que entrar las universidades a presionar a un Estado que no quiere asumir su responsabilidad ante esta urgencia nacional», declaró Sicilia.
«¿Qué sigue?», puso sobre la mesa Sergio Aguayo, el coordinador del informe. «Entender y construir un mecanismo de atención a víctimas en Coahuila y Tamaulipas», respondió.
En Allende (sólo en Allende) registraron 42 desaparecidos; «es la entrada al horror», y en San Fernando, además de la ejecución de 72 o 77 migrantes, se descubrieron más de 300 fosas.
«México está lleno de fosas clandestinas», dijo.
Falta entender, añadió, el papel de la sociedad, la lógica de Los Zetas, a Estados Unidos y la vulnerabilidad de los municipios, «por ahí está entrando el crimen organizado».
El académico adelantó que habrá una segunda fase de investigación en Coahuila.
Jaime Rochin, presidente del CEAV, determinó que la institución que preside es un esfuerzo del Estado orientado a acompañar a las víctimas hacia la justicia cuyas exigencias son la base.
De acuerdo con el funcionario, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, fue «la primera persona» que apoyó el proyecto y abrió todas las puertas a las sugerencias.
«México necesita construir una paz verdadera», declaró.
La madre de una víctima se paró y le gritó a Ruchín: «pónganse a trabajar en conjunto y regrésenlos vivos o muertos. Esta guerra nunca previó que hubiera tantos huérfanos. Necesitamos que nos los devuelvan; sí hay manera».
Otra madre agregó: «las familias no nos vamos a cansar de buscar a nuestros familiares».
«En mi caso hay nueve detenidos y aún así ninguna pista sobre dónde está mi hijo que desapareció en Coahuila», dijo.
«Venga, vamos a trabajar», contestó el de la CEAV.
De acuerdo con las pesquisas de los investigadores de El Colegio de México entre las 19:00 horas del viernes 18 de marzo y las 20:00 horas del domingo 20 del mismo mes, Los Zetas montaron un operativo sangriento para ajustar cuentas a tres supuestos traidores: Alfonso “Poncho” Cuéllar; Héctor Moreno Villanueva, “El Negro” y a Luis Garza Gaytán, “La Güiche” o “La Güichina”. Los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales (el Z40) y Omar Treviño Morales creyeron que sus subordinados entregaban información sobre sus operaciones a las autoridades de Estados Unidos; debido a que dos de ellos son testigos protegidos. Los acusaban, además, de robarse entre 5 y 10 millones de dólares de las ganancias del tráfico de drogas al país anglosajón.
Uno de ellos, Luis Garza Gaytán, es de Allende. Toda su familia vivía ahí. Los Zetas decidieron tomar venganza: asesinaron a 20 familiares suyos, a tres amigos de Cuéllar, a dos trabajadores de Moreno y destruyeron 32 viviendas.
Aunque el expediente habla de personas asesinadas, los investigadores consideran que se trata de desaparición forzada. El informe señala que el aporte principal del expediente de la PGJEC son las declaraciones de 61 testigos.
“Lo único que les importa es encontrar declaraciones inculpatorias. Hay poquísima investigación que valide la veracidad o falsedad de lo dicho. Eso impide establecer con precisión los hechos, asignar responsabilidades y proporcionar justicia y reparaciones”, dice.
EL OPERATIVO DE LOS ZETAS EN ALLENDE
Los testimonios recabados en el expediente indican que el operativo para masacrar, principalmente a todos los que se apellidaran Garza, constó de cuatro etapas.
Los Zetas prepararon el terreno: los sicarios acudieron a los domicilios de la familia Garza, porque los iban a “levantar para matarlos”. Luego instruyeron a los 20 policías municipales que controlaban para “no salir a patrullar, ni responder a los llamados de auxilio que se presentaran” y “levantar a cualquiera de apellido Garza”.
Después sobrevino la captura que inició el 18 de marzo: “Como a las 6:30 o 7:00 pm, un grupo de Zetas ‘tumban con una camioneta el portón principal’ del rancho Los Garza, y ‘entran tirando balazos y agarrando a quien se encontraba presente [de siete a diez personas]’. Entre ellos estaban ‘cuatro mujeres de edad mayor y dos niños’. La búsqueda continuó durante el fin de semana”, precisa el documento.
El domingo, a las 20:00 horas, los sicarios sacaron de las casas a las víctimas para trasladarlas caminando a su ejecución. De acuerdo con el informe, el expediente identifica con nombre a 26 personas asesinadas. Las declaraciones apuntan a que cada una recibió un balazo en la cabeza; mientras las viviendas eran vandalizadas frente a la mirada de los policías.
Finalmente, Los Zetas se deshicieron de los cuerpos en dos ranchos: En “Los Tres Hermanos” derritieron a los cadáveres en ácido hasta dejarlos como “pura mantequilla”, para después de cinco o seis horas de “cocinar” los cuerpos, arrojar la masa en una acequia y en un pozo. En el rancho “Los Garza” calcinaron con “diésel o gasolina” a varias víctimas durante toda la noche.
“En Allende hubo dos supervivientes. Una niña de cinco años y un niño de tres. Una policía integrada a los Zetas se los llevó y los entregó en una casa hogar de Piedras Negras. De ahí fueron recogidos por sus parientes, con quienes viven desde entonces”, dice el informe.
Sobre la matanza de Allende existen versiones, como la del Obispo Raúl Vera, de la participación de distintos niveles policiacos: la municipal, la estatal y hasta la federal. Sin embargo, el expediente de la Procuraduría estatal sólo habla de las autoridades locales.
La policía municipal recibía un pago mensual de Los Zetas para ignorar las denuncias de la población, realizar funciones de “halcones”, permitirle a los criminales ingresar a la cárcel local para sustraer personas o golpearlas, cobrar “derecho de piso” a los bares y a las sexo servidoras y, para “levantar” personas y entregárselas a la célula delictiva.
El informe precisa lo “barato” que resultaba a los criminales comprar a la policía municipal. Por ejemplo, al Director de la corporación le pagaban 20 mil pesos; al Comandante, 10 mil; a cuatro responsables de turno, 3 mil a cada uno; a siete policías dispuestos, dos mil; a cuatro policías “poco dispuestos”, mil y a tres elementos que “se negaron”, 500. En total al mes repartían en Allende 61 mil 500 pesos.
¿PUEDE TRATARSE DE 300 MUERTOS?
Según los datos recabados por los investigadores, en base a las cifras de la PGJEC, entre enero de 2011 y agosto de 2012 desaparecieron 42 personas en Allende. Cuatro de ellas entre enero y febrero de 2011; 26 el fin de semana de la masacre y 12, después de la matanza hasta agosto de 2012.
Pero la investigación dirigida por Sergio Aguayo– con la asesoría de los escritores Javier Sicilia Zardain y Juan Villoro–enfatiza en que aunque el expediente de la Procuraduría estatal habla, por ejemplo, que del 18 al 20 de marzo de 2011 fueron asesinadas sólo 26 personas, hay una versión en Estados Unidos que afirma que fueron 300.
“La primera vez que apareció una mención a 300 víctimas en Allende fue en una declaración del 2013 hecha por Héctor Moreno Villanueva ‘El Negro’ en un juzgado de Estados Unidos en el juicio contra José Treviño [hermano mayor del Z40 y del Z42]. Se desconocen los motivos de Moreno para dar ese número. Al ser testigo protegido de la DEA [Drug Enforcement Administration] desconocemos lo que sabe. Este hecho conduce a una avenida muy poco explorada. La opacidad de Estados Unidos obstaculiza el acercamiento a la verdad. Ellos preservan información importante para entender lo que pasa en México. El actual gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, comentó que actores principales de la matanza se encuentran en Estados Unidos y que la Procuraduría de Coahuila no ha tenido éxito en la extradición ni en obtener información de estas personas”, dice el informe.
Los investigadores de El Colegio de México ya solicitaron a la DEA acceso a las declaraciones de sus testigos protegidos, debido a que el expediente mexicano no indaga más allá de las declaraciones y no existe precisión sobre lo sucedido.
En Allende, dice el informe, asesinaron a los Garza; pero se desconoce lo que sucedió a los familiares en Piedras Negras y otros municipios de los otros dos ex colaboradores de Los Zetas: Cuéllar y Moreno
“La operación duró bastante tiempo. Por ejemplo, un año después [marzo de 2012], un grupo de sicarios y policías detuvieron y desaparecieron en Allende a cuatro Garza: una pareja y sus dos hijos, un niño de seis años y un bebe de meses. Es posible que haya víctimas no registradas por la Procuraduría. Para verificarlo tendría que hacerse una compulsa entre los nombres que aparecen en el expediente con los que tienen las organizaciones que representan a víctimas”, dice.
DEBILIDADES EN EL EXPEDIENTE DE ALLENDE
La investigación de El Colegio de México establece varias debilidades en la investigación judicial de la masacre de Allende. Una de ellas, la principal, es el “peso desproporcionado que se concede a las declaraciones”.
Los peritos realizaron sólo cuatro visitas y tomaron muestras casi tres años después de los hechos.
“Empiezan a darle prioridad a partir de enero de 2014, coincidiendo con una creciente atención mediática. Es hasta noviembre de 2014 cuando la Procuraduría envía, por primera vez, peritos al rancho Los Garza. Ayudados por un ‘binomio canino’, recuperan 66 fragmentos óseos y 68 órganos dentales. Desconocemos si pudieron extraer DNA”, precisa el informe.
El expediente “deja la impresión de que Allende es una república independiente”. No existe interés por relacionar la localidad con otros municipios. La investigación se centra en la represalias contra Garza y deja de lado lo que pudo ocurrir en otros puntos para vengarse de Cuéllar y Moreno.
“Esta falta de interés por la verdad y el afán de dar por cerrado el asunto tal vez influyan en la insistencia del Gobierno de Coahuila a las familias y a sus representantes —de este y otros casos— de que los desaparecidos están muertos y que los perpetradores también están muertos o encarcelados. Una contradicción no resuelta es que en el expediente de la Procuraduría reciben el trato de secuestro calificado”, concluye.
OMISIONES Y DEFICIENCIAS EN SAN FERNANDO Y ALLENDE
El informe hace una descripción general de la masacre de San Fernando, Tamaulipas y reconoce que los hechos ya han sido investigados. No revela nada nuevo, pero sí hace un análisis sobre la responsabilidad del Estado en ambos crímenes. Si en Allende Los Zetas controlaban a 20 policías, en San Fernando eran 36. La impunidad y el desaseo de las investigaciones judiciales en ambos casos dejaron en un total desamparo a las víctimas.
En los dos municipios los gobiernos municipales eran “inexistentes y los funcionarios violaron múltiples leyes mexicanas e internacionales. Por ejemplo, incumplieron con la obligación de denunciar ‘inmediatamente’ los casos de desaparición forzada”.
De acuerdo con las conclusiones del estudio, si el modelo de operación de los cárteles en San Fernando y Allende se da en otros municipios, éstos son el “flanco más débil del Estado Mexicano”.
En cuanto al Gobierno estatal en turno, el de Tamaulipas fue “indiferente” y el de Coahuila, “insuficiente”, afirma.
“El tamaulipeco Egidio Torre Cantú y el Gobernador interino de Coahuila Jorge Juan Torres López [enero-diciembre de 2011] evadieron todo lo que pudieron la responsabilidad de su Gobierno, para lo cual negaban o minimizaban los hechos. Rubén Moreira ha modificado lenguaje, leyes y políticas públicas. Son avances en la dirección correcta que no ofrecen una solución integral a la problemática planteada por las víctimas”, dice el documento.
El resumen de 52 páginas del informe no habla de la posible responsabilidad del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés–pues refiere que Los Zetas se instalaron en el norte de Coahuila entre 2004 y 2005, fechas que coinciden con el inicio de su Gobierno–. El también ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó por 10 millones de pesos hace unos meses al director de la investigación Sergio Aguayo Quezada por difamación.
En julio de este año Aguayo Quezada dijo a SinEmbargo que la demanda de Humberto Moreira obedecía a obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas [CEAV] sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011 […] Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila”, dijo en esa ocasión.
Finalmente Sergio Aguayo obtuvo acceso al expediente de Allende y consideró, en entrevistas posteriores, que hay apertura por parte del Gobierno de Rubén Moreira a la investigación que lidera.
El informe sobre San Fernando y Allende también habla del incumplimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la falta de interés del organismo en ambas tragedias.
“Es cierto que se involucró inmediatamente en la masacre de San Fernando, pero se tardó casi tres años en presentar la Recomendación 80/2013. El acceso a las 12 mil 182 fojas numeradas que sustentaron dicha Recomendación nos permitió entender mejor sus métodos de trabajo y la forma como se autolimitaba. La CNDH de Raúl Plascencia se abstuvo de intervenir en el caso de Allende pese a que, en septiembre de 2014, el titular declaró que tenían meses investigándolo y que habían recabado testimonios y recorrido el lugar de los hechos”, precisa.
