Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- El ex General Brigadier del Ejército mexicano, Francisco Gallardo Rodríguez, sostuvo que el ataque contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre de 2014, “se trató de una maniobra militar que responde a una política de represión”.
Además sostuvo que “hay cárceles clandestinas que el Ejército dice que no hay”, y que ha habido casos de personas encarceladas hasta por 30 años. En este contexto, sostuvo que él ve la posibilidad de que los normalistas estén vivos.
Gallardo Rodríguez participó hoy en la tercera mesa sobre la tortura y la ejecución extrajudicial, “A un año de los hechos de Iguala”, organizada por el Colegio de México (Colmex), acompañado por Lorenzo Meyer, así como familiares y la abogada del normalista Julio César Mondragón, quien fue desollado y asesinado durante el ataque a los estudiantes en Iguala.
El General Gallardo sostuvo que toda la Policía de Guerrero está militarizada y opera junto con un cuerpo de espionaje, en este sentido, indicó que lo sucedió en Iguala “se trató de una maniobra militar que responde a una política de represión”.
Señaló que el Presidente Enrique Peña Nieto supo en tiempo real lo que estaba sucediendo en Iguala. “Lo que pasó en Ayotzinapa fue un crimen de Estado”, dijo.
“El Ejército mexicano sabe perfectamente dónde están los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, agregó.
El General Gallardo sostuvo que hay cárceles y crematorios del Ejército que son clandestinos. Por ello, instó a que la búsqueda de los normalistas se haga en las “oquedades” de Guerrero.
Comentó que hay casos de personas que han sido encarceladas hasta por 20 o 30 años, por lo que él ve una posibilidad de que los normalistas estén vivos.
Contextualizó que de acuerdo a documentos de inteligencia del Pentágono, que él mismo revisó, encontró el siguiente texto: “la amenaza más grande que detectamos son los movimientos sociales”.
En el Colmex, Gallardo conminó a los familiares de los normalistas a no quitar el dedo del renglón y que continúen apoyándose en las instancias internacionales, pues dijo «sí yo no tengo pruebas de que mi hijo está muerto, para mí está vivo”.
FAMILIA DE JULIO CÉSAR RECLAMA JUSTICIA
Por su parte, Lenin Mondragón Fontes, hermano del normalista Julio César, recriminó que a casi un año de los hechos, “no ha habido justicia para nosotros”.
«No se han abierto líneas de investigación sobre la muerte y tortura de mi hermano […] le arrancaron la cara y los ojos con vida”, denunció.
Sostuvo que su tristeza y su rencor es ante la ausencia de justicia y debido a que los hechos no se han esclarecido.
Lenin recordó que su hermano dejó a una niña de dos meses huérfana. “Y ahora [ella] ya empieza a preguntar por su papá y por lo que le pasó”.
Cuauhtémoc Mondragón, tío de Julio César, denunció además, que “el expediente de Julio dice muerte por agente contundente, nunca se menciona tortura ni nada”.
Por ello, sostuvo que se tiene que levantar la voz para que casos como éste no se repitan, además invitó a todos los presentes en la mesa del Colmex a que se unan a la lucha para tratar de que lo sucedido en Iguala se sepa y en contra de la impunidad.
Por su parte, Sauri Herrera, representante legal de la familia de Julio César Mondragón, sostuvo que pese a que hay una fotografía del cuerpo destrozado de Julio, “a la fecha no sabemos quién la tomó, quién la puso a circular”.
“La Procuraduría General de la República no ha sabido dar respuestas a las preguntas en torno a la fotografía del cuerpo torturado de Julio César Mondragón”, precisó.
Sostuvo que el caso de Julio es un ejemplo de ejecución extrajudicial, porque participaron miembros del Estado. Sin embargo, dijo, en el país no está regulado este delito.
«El tío de Julio y Marissa, su viuda, reclamaron desde que recibieron el cuerpo de Julio que se asentara que estaba torturado, [sin embargo] firmaron un acta de defunción que no asentaba la tortura por miedo a que se los robaran”, denunció.
Destacó que la familia de Julio César tomó fotografías del cuerpo torturado y fueron entregadas al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), las cuales ayudaron a cuestionar la versión oficial.
Dijo que Vicente Diaz Román, el forense del municipio de Iguala ocultó la tortura que era evidente en el cuerpo de Julio, incluso sólo integró 5 de 20 fotografías que fueron tomadas al cuerpo, argumentando que no se imprimieron las demás por falta de presupuesto.
Las fotografías que fueron entregadas al GIEI, fueron analizadas por el perito independiente Francisco Echeverría, quien pidió que se realice otra necropsia al cadáver.
«Le exigimos a las autoridades de Iguala las 20 fotografías tomadas al cuerpo de Julio para entregarlas al cuerpo de peritos argentinos”, agregó.
Además exigió que se realice la exhumación del cuerpo de Julio por parte de los peritos argentinos, y sostuvo que temen que se lleve a cabo por parte de la PGR, pues “no hay condiciones de su imparcialidad”.
