A un año del arranque de la consulta para la formulación de la estrategia del Gobierno federal contra la delincuencia, participantes de ese encuentro en Ciudad Juárez consideran que en el terreno social «no ha pasado nada» y en seguridad, pese la presencia de la Guardia Nacional, los homicidios siguen al alza.
También advierten continuidad de políticas cuestionadas, como la militarización en acciones seguridad pública, y retrocesos en otros campos, como en la atención a la infancia y a las mujeres.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 9 de agosto (La Verdad).– La ruta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador trazó a su equipo para armar su estrategia de seguridad, con base a consultas a víctimas de la violencia y a otros sectores sociales, prácticamente se desvaneció a un año de los foros escucha que arrancaron en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Peor aún, el equipo que puso en marcha esos espacios de consulta ciudadana se desarticuló. Loretta Ortiz, la coordinadora, dejó el cargo a pocos meses del inicio del ejercicio y Eunice Rendón, organizadora territorial, renunció a la administración pública. Poco a poco los operadores dejaron la iniciativa o fueron encomendados a otras actividades.
Además, la agenda cambió de manos, de la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo, pasó a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración en Gobernación, en manos de Alejandro Encinas, se informó.
Frente a ese panorama, participantes de ese encuentro, celebrado el 7 de agosto del 2018 en Ciudad Juárez, consideran que «no ha pasado nada» en el terreno social y nadie del equipo de López Obrador ha regresado para dar continuidad a las escuchas.
Incluso, advierten continuidad de políticas cuestionadas como la militarización en acciones seguridad pública y retrocesos en otros campos, como en la atención a la infancia y a las mujeres.
“A la fecha, ninguna de las instancias federales ha tenido un acercamiento para que den a conocer las nuevas propuestas, los nuevos cambios considerados a partir de la escucha de las víctimas que hicieron en el foro… no hay ningún diálogo, pese a que lo prometieron”, dice Imelda Marrufo, directora de la Red Mesa de Mujeres, que convoca a diversas organizaciones que acompañan a víctimas y encabezan acciones contra el feminicidio.
Comenta que ha escuchado de acciones en materia de seguridad que se han implementado –con la presencia de militares– pero considera que no tiene nada que ver con lo que prometieron.
Se refiere a la ofensiva al crimen que lanzó el Gobierno Federal en esta comunidad fronteriza, considerada una de las zonas prioritarias, a donde desplazó policías militares y elementos de la Guardia Nacional, con mando militar, sin que se logre aún poner freno a los hechos violentos y homicidios. De enero a julio, suman 901 asesinatos ocurridos en Ciudad Juárez, un 26 por ciento más que en el mismo periodo del 2018, revelan datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.
En marzo pasado López Obrador señaló que pese a los operativos implementados, en Ciudad Juárez no se ha logrado una disminución de la delincuencia.
“No fuimos escuchados”, dice Gero Fong, del movimiento contra la militarización, quien asegura que aquí le advirtieron al equipo de López Obrador sobre los riesgos de tener militares en la calle, sin embargo, constitucionalizaron la participación del Ejército en labores de seguridad pública.
La Verdad buscó en instancias federales información sobre la continuidad que se dio a las denuncias, propuestas y críticas expuestas por los juarenses, pero no hubo respuesta a la solicitud de entrevista. En la Secretaría de Gobernación se informó que iban a buscar quién llevaba esa agenda y con la delegación del gobierno de López Obrador en Chihuahua no se pudo concretar la entrevista con su titular Juan Carlos Loera de la Rosa.
Luego de ese foro López Obrador regresó a la ciudad en enero pasado para poner en marcha una estrategia de estímulo fiscal y económico para la frontera, pero no se encontró con representantes de sectores sociales, en ese entonces dijo que regresaría a Juárez en tres meses, pero eso ya no ocurrió.
NO OLVIDAN
El 7 de agosto del 2018 llegaron a la plenaria del foro víctimas de tortura, secuestro, extorsión, feminicidios. Todos en busca de justicia.
Los ciudadanos llegaron con sus críticas, protestas, desencantos y esperanza a su encuentro con el Jefe del Ejecutivo, a quien un hombre le cuestionó a gritos: ¿En cuánto tiempo habrá resultados de los foros?
En ese entonces, López Obrador respondió “en noviembre… más no voy a hacer demagogia, de una vez te lo digo, porque voy a hablar siempre con la verdad”.
“Les voy a cumplir”, dijo durante su discurso y también en corto a quien se le acercó en ese entonces para pedir justicia.
Sin embargo, integrantes de sectores sociales que fueron consultados por La Verdad sobre el foro escucha a un año de su arranque en Ciudad Juárez coinciden en que no ven ninguna nueva estrategia a partir de lo que expusieron hace un año.
“No vemos que se haya retomado algo de lo que planteamos”, afirma Catalina Castillo de la Red de la Infancia, “más bien vemos un retroceso”.
Castillo cita como un ejemplo de esa regresión que plantea el caso de las estancias infantiles, muchas de las cuales cerraron con la decisión del Gobierno de López Obrador de cancelar el subsidio con el que muchas de ellas operaban, dejando a la deriva a miles de infantes.
“Si hubiera escuchado lo que se expuso en ese foro, creo que no hubieran terminado con esa política”, agrega Castillo al referirse a las instancias infantiles.
Reclama que la violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes continua en la ciudad. Tan solo en julio cinco de ellos fueron asesinados.
“Vemos un retroceso y ni siquiera sabemos quién es el responsable de dar continuidad a lo expuesto en los foros, para irle a reclamar”, dice Castillo.
En esto último coincide Imelda Marrufo, de la Red Mesa de Mujeres, quien asegura que no hay ningún diálogo con instancias federales sobre las acciones o estrategias sociales encaminadas a la pacificación, “pese a que lo prometieron”.
Lo más evidente es el terreno de seguridad, donde han excluido a los sectores ciudadanos, así como de las estrategias económicas, con la disminución de precios de gasolinas, estímulos fiscales para contribuyentes y la llamada zona libre, que se encuentra trabada por tanto candado fiscal.
La verdad es que no sabemos quién ha dado seguimiento a esos compromisos del Presidente, pero aún no están en la agenda de su Gobierno, menciona Imelda. Y de la estrategia de seguridad “se excluyó” a las organizaciones o sectores sociales.
Imelda recordó que durante el foro escucha Olga Sánchez Cordero habló de una seguridad en términos más integrales, de una seguridad que tenía qué ver con el tejido social, de cómo se construye el proceso de paz, “pues a la fecha no están instalados esos mecanismos”.
Además, agregó, “la seguridad que se ve no tiene qué ver con los discursos que nos ofrecieron y, bueno, ya pasó un año”.
Es lamentable, dice Imelda, quien considera que falta mucho trabajo de operación, no solo política, sino de generación de mecanismos claros para que la ciudadanía esté informada.
¿Cuál es el proceso de pacificación diseñado? Cuestiona y se responde: “ya deberíamos tener los procesos avanzados o consolidados, pero no hay señales de regresar a esos compromisos que AMLO hizo ahí públicamente”.
LA ESCUCHA EN CUIDAD JUÁREZ
En un documento elaborado por el equipo que encabezó las consultas, denominado “Aportaciones de los foros escucha para construir la agenda de políticas de estado para la construcción de la paz entre todos” se documenta aspectos de Ciudad Juárez como la desigualdad social y la marginación en sectores específicos de la población, tales como mujeres, personas en movilidad humana, pueblos originarios, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
Se consigna también que el tráfico de armas provenientes de Estados Unidos se coloca como un problema central. Pero ignora los resultados de la mesa de consulta instalada de última hora donde se impugnó la Ley de Seguridad Nacional y se advirtió de los riesgos de tener a militares en actividades de seguridad pública.
Plantea que entre los detonantes y factores que desatan la violencia, afectan la paz y el tejido social, planteados por los habitantes de esta comunidad, están: las condiciones de inequidad, entre personas y territorios, en el acceso a derechos y oportunidades de educación, salud, trabajo, esparcimiento, tiempo libre, entre otras,
“Definitivamente no fuimos escuchados”, dice Gero Fong, “porque la militarización, incluso sin Ley de Seguridad Interior, continuó”.
Asegura que en esa mesa dijeron que la militarización es un error y aunque se les respondió que eso no iba ser así, como en los regímenes pasados del PRI y del PAN, que pese al compromiso de que eso no iba a suceder, sí ocurrió.
En el foro “nos pidieron un voto de confianza, pero ese voto no es permanente… se acaba a la vuelta de poco tiempo, porque venimos de gobiernos que no han cumplido y manejan recursos similares, advirtió Imelda Marrufo.
