En prisión luego de ser extraditados, en el retiro (o huida) después de ser relacionados con el crimen organizado, legislando en el Congreso de la Unión, investigados por presunto peculado e incluso, luego de salir de la cárcel, contendiendo rumbo a 2021… Este es el presente de los exgobernadores priistas que posaron orgullosos con el entonces Presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 9 de julio (SinEmbargo).– No hay un solo momento en la historia del México moderno -en tiempos de paz- en las que un equipo político que tuvo todo el poder haya caído tan pronto, presa de sus propias debilidades. “Saving México” [«Salvando México»], decía la revista Time. No salvaron a nadie. Ni a su propia imagen.
Era 2012. El Presidente Enrique Peña Nieto portaba la banda presidencial y sonrió para la foto rodeado de gobernadores igualmente sonrientes emanados del denominado «nuevo Partido Revolucionario Institucional (PRI)». Es 2020. La mayoría de los que entonces posaron están presos, bajo la lupa judicial por corrupción y nexos con el narcotráfico o incluso en algún curul del Congreso de la Unión. Al exmandatario federal se le ha visto en España con su actual pareja.
De 2012 a enero de 2018, las 22 entidades mexicanas que fueron gobernadas por 28 priistas a la par del peñismo acumularon al menos 140 mil 338 millones 600 mil de pesos sin solventar tanto en gasto programable como en participaciones federales, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre gobiernos estatales del PRI, municipales y universidades públicas no resolvieron 120 mil 469 millones 900 mil pesos de gasto programable durante ese periodo, y los gobiernos estatales del tricolor no solventaron 19 mil 868 millones 700 mil pesos de participaciones recibidas de la federación.
Los cinco exgobernadores priistas cuyas administraciones más acumularon montos sin resolver de gasto programable, junto con los gobiernos municipales y las universidades públicas, fueron Javier Duarte de Ochoa de Veracruz (2010-2016) con 36 mil 266 millones; Jesús Reyna García y Fausto Vallejo Figueroa de Michoacán (2013-2014) con 21 mil 13 millones; Eruviel Ávila Villegas del Estado de México (2011-2017) con 12 mil 234 millones; Aristóteles Sandoval Díaz de Jalisco (2013-2018) con 10 mil 787 millones de pesos; y Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León (2009-2015) con 5 mil 193, revela el órgano fiscalizador en un resumen de montos por aclarar solo de los observados.
Respecto a los tres ex mandatarios estatales que más acumularon dinero sin solventar proveniente de participaciones fueron, de nuevo, el veracruzano Javier Duarte (7 mil 958 millones), el neolonés Rodrigo Medina (5 mil 823 millones), así como el tamaulipeco Egidio Torres Cantú (mil 594 millones).
El Gobierno del estado de Chihuahua encabezado por César Duarte Jáquez (2010-2016), detenido ayer en Estados Unidos señalado de peculado y asociaciones delictuosas, dejó un monto de gasto programable sin resolver por 3 mil 149 millones de pesos y 334 millones de pesos en participaciones.
Todos ellos salen en la foto.
¿DÓNDE ESTÁN AHORA?
Javier Duarte de Ochoa está en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México después de ser detenido en Guatemala y extraditado en 2017 señalado por enriquecimiento ilícito. Su esposa Karime Macías Tubilla obtuvo un fallo que suspende temporalmente su extradición desde Reino Unido. Es investigada en México por su presunta responsabilidad en un fraude de más de 112 millones de pesos al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Veracruz.
Los exgobernadores michoacanos Jesús Reyna y Fausto Vallejo han sido señalados por su presunta relación con Servando Gómez Martínez, alias «La Tuta», el entonces líder de los Caballeros Templarios. Reyna, quien el cártel lo conocía como «El Licenciado», estuvo preso desde 2014 por delincuencia organizada, pero fue absuelto en diciembre de 2018. Actualmente sigue militando en el PRI desde Michoacán. «Seguiremos trabajando con honestidad, decisión y convicción», les dijo en febrero pasado a un grupo de priistas de la entidad rumbo a las elecciones de 2021.
Vallejo dejó el cargo hace seis años por cáncer, su hijo Rodrigo, «El Gerber», fue detenido por segunda vez en enero de 2019 por nexos con «La Tuta», y ahora está retirado luego de su fallido intento en 2018 de contender por la Alcaldía de Morelia abanderado por el ex partido Encuentro Social (PES).
Otro exmandatario relacionado con el crimen organizado es el de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, a quien el año pasado se le congelaron sus cuentas por «favorecer las actividades” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con complicidad de su esposa y dos hijos, de acuerdo con una investigación de la Subsecretaría del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera y el Gobierno mexicano. Antes se le había asegurado su rancho «El Ensueño» que presumió públicamente en noviembre de 2012. La Fiscalía General de Nayarit (FGE) le aseguró propiedades en el marco de su investigación por presunto enriquecimiento ilícito y se aprobó someterlo a juicio político acusado por el presunto desvío de 2 mil 700 millones de pesos, uso indebido de recursos públicos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y cohecho. Pero sigue sin ser detenido.
Su tocayo, el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue detenido en Panamá y extraditado en 2018 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Está en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos.
Quien iba de salida, pero alcanzó a salir en la postal fue el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo (2007-2012), quien estuvo preso en el penal de Tepepan durante cinco años por enriquecimiento ilícito. Salió absuelto en enero de 2019 para permanecer en prisión domiciliaria hasta mayo de ese año. Este 2020 compite con otros priistas para postularse como candidato al Ayuntamiento del Centro.
Por su parte, el exmandatario mexiquense Eruviel Ávila es Senador de la República y preside la Comisión de Marina; el coahuilense Rubén Moreira Valdés legisla en la Cámara de Diputados, donde preside la Comisión de Asuntos Frontera Norte; el jalisciense Aristóteles Sandoval es Secretario de Innovación y Participación Digital del PRI; el regio Rodrigo Medina estuvo menos de un día encarcelado en el penal de Topo Chico, Nuevo León, a finales de enero de 2017 por el presunto delito de uso indebido de funciones públicas tras un contrato con la automotriz Kia Motors; y del tamaulipeco Egidio Torres solo se sabe que su ex Secretario de Finanzas Jorge Ábrego Adame está prófugo de la justicia por uso indebido de al menos 600 millones de pesos.
Y, de perfil bajo, el exgobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, fue nombrado Secretario adjunto del PRI en noviembre del año pasado. En su entidad, la Fiscalía de Justicia del Estado investiga demandas que tiene desde 2016 por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Yucatán indaga las denuncias contra el exgobernador Rolando Zapata Bello por presuntos desvíos de recursos estatales.
La Auditoría Superior presentó denuncias penales ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a estos 22 estados por 32 mil 32 millones de pesos tras fiscalización del uso de los recursos federales y denuncias penales por 6 mil 186 millones de pesos por simulación de reintegro del dinero público a enero de 2018
