En las manos de personas voluntarias, la mayoría militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, quedó la elaboración del censo a partir del cual se distribuirían los programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Actualmente ya son servidores públicos con sueldos que van de los 29 mil 207 pesos a los 8 mil 173 pesos mensuales.
La importancia de esa tarea no es menor, ya que el combate a la violencia, a la corrupción y desde luego a la pobreza, se ha planteado a partir del éxito que tenga la política social.
Ciudad de México, 9 de de junio (SinEmbargo).– Iniciaron como voluntarios y militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y hoy son funcionarios públicos encargados de levantar el censo para la distribución de 207 mil 100 millones de pesos de la política social del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Aunque ya transcurrieron seis meses del actual Gobierno federal, este ejército de 17 mil 068 personas aún se maneja bajo las siglas del partido al que representaron en el periodo de transición gubernamental. Se presentaron a la población como los “voluntarios” que llegarían a cada casa del país para elaborar el Censo del Bienestar mediante el cual se repartirían los programas sociales.
Con el periódico Regeneración en mano, emprendieron su tarea: los servidores censaron su misma zona de residencia y el cuestionario fue básico: “¿hay alguna persona mayor de 65 años?”, “¿hay jóvenes que estudien el nivel medio superior?”, “¿hay alguna persona con discapacidad en el hogar?”, etcétera.
Así se recopilaron los datos de 24 millones de beneficiarios de programas sociales.
Los Servidores de la Nación o Siervos de la Nación son 17 mil 068 personas, con 258 coordinadores que perciben un sueldo de 51 mil 087 pesos. Los rangos salariales de los Servidores van de los 29 mil 207 pesos a los 8 mil 173 pesos, de acuerdo con el portal Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública.
Cubrir esta nómina requería de mil 901 millones de pesos anuales, pero al menos en Hidalgo, Puebla y Estado de México, hay testimonios que señalan que los Servidores se saltan casas, no dan información e incluso agreden.
Y de parte de académicos y especialistas hay dudas sobre la profesionalización de los datos, la vigilancia de lo recabado y la transparencia de todo el proceso, sobre todo porque la política social en los últimos años ha sido el blanco de desfalcos al erario y de promoción política.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019 asignó la cantidad de 207 mil 100 millones de pesos dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes en situación de pobreza, jóvenes que no estudian ni trabajan, campesinos, damnificados de sismos, familias que buscan crédito para la vivienda, y a pequeños comerciantes que requieren un crédito, con prioridad a poblaciones indígenas.
En mayo concluyó el Censo del Bienestar y actualmente los 32 superdelegados, también en su mayoría miembros de Morena, están entregando los apoyos a 14 millones de personas de manera directa con tarjeta bancaria para evitar “los moches” de intermediarios.
La elaboración de un Padrón Único de Beneficiarios y de un Catálogo Nacional de Programas Sociales, figuró como promesa desde la administración pasada y lo hecho ahora por los Servidores de la Nación, no acerca a ese objetivo que evitaría el clientelismo político y el uso discrecional de recursos públicos.
“Esto se presta a muchos desvíos. Es importante que sea personal capacitado el que esté haciendo tanto la sistematización como la vigilancia de los datos, de hecho ésta debería ser externa. Ir profesionalizando el censo para los programas sociales es importante por la cantidad de dinero que se destinó y por el peso político que el Presidente le ha dado a los apoyos”, comentó en entrevista Violeta Rodríguez del Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
UN CENSO OPACO
En entrevista con SinEmbargo, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que preocupa que hasta el momento no haya suficiente información sobre el censo, sobre sus procedimientos, cuestionarios, la capacitación y el perfil de las personas que lo aplicaron.
Consideró esta opacidad como grave porque el punto de partida es una estructura que se creó en la campaña electoral y que por lo tanto que tenía propósitos electorales.
“Hay muchas dudas sobre cómo se está haciendo la selección de los becarios, de lo que era Prospera y ahora son becas Benito Juárez o cómo se llegan a los números de Jóvenes Construyendo el Futuro. No hay información y eso no está bien. Contradice los principios de transparencia presupuestal y los principios constitucionales de que los programas sociales no se pueden usar con fines políticos. La falta de información aumenta la sospecha”, comentó.
Para Rodríguez del Villar, el Gobierno de México debió hacer un levantamiento de información con más seriedad, pero la premura y la austeridad no lo permitieron.
En cuanto al presupuesto, dijo que éste sí se trabajó de manera más profunda con la información que ofreció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por lo tanto se tiene un aumento importante en el gasto social y existe un conjunto de programas que tienen permanencia por lo que tocaría profesionalizar el padrón.
“Será muy importante que se tenga un padrón único que reúna los requisitos técnicos mínimos indispensables para ser confiable. Es importante porque incluso para analizar los presupuestos del gasto social, que en muchas administraciones anteriores fue utilizado como un botín político y ha sido sujeto de desfalcos justo por la falta de claridad en el padrón de beneficiarios y por el manejo administrativo tan confuso que a veces se hace. El uso inadecuado de estos recursos sí se ve muy afectado por la falta de información técnicamente confiable”, sostuvo.
Explicó que los elementos mínimos en un padrón son tener información de las personas beneficiarias, que el levantamiento de la información esté sistematizada, supervisada por personal adecuadamente capacitado para el levantamiento de esta información y cotejada por una instancia externa.
“Mínimamente debería estar ocurriendo eso porque al fin y al cabo los organismos que entregan los beneficios no están especializados ni en levantar ni en sistematizar la información […] Todos los objetivos son importantes y hay que beneficiar a la población objetivo, pero si eso no se está reflejando en una reducción de los estándares de pobreza, de marginación, indicados o vistos a través de los indicadores nacionales, es claro que el gasto no es efectivo. Eso requiere de personal capacitado para hacer dicho análisis”, añadió.
Gómez Hermosillo agregó a los requisitos mínimos del padrón la claridad en el cuestionario, la planeación de cómo se aplicará y las fechas, así como el trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno y el involucramiento de las comunidades para que realmente llegue a todas las personas y se definan a los beneficiarios con base en criterios objetivos y lo que se decida en las reglas de operación de los programas.
“Yo no creo que cumpla. El sesgo político de las acciones de bienestar es el mayor riesgo que tiene este Gobierno federal para no lograr resultados frente a la pobreza. Es como una contradicción. La primera exigencia es que se transparente todo el proceso, además necesitamos saber qué se hizo en el periodo de transición porque esa parte está totalmente fuera de norma […] Es muy grave que falte tanta información para algo que es muy importante para la gente, para el gobierno. Es dinero público y es mucho dinero”, agregó.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció desde el primer día de su gobierno, que uno de los objetivos principales sería la puesta en marcha de los programas sociales. La meta es llegar a 22 millones de beneficiados una vez se consolide el Banco de Bienestar y los 10 mil Centros de Desarrollo Integral en 250 comunidades apartadas, ya que “se encuentra uno con el problema de que no hay sucursales bancarias en todo el país, ni siquiera en las cabeceras municipales”, dijo el mandatario en conferencia matutina.
“El propósito es que cuando menos de cada dos domicilios, en uno llegue un apoyo directo, y en las zonas indígenas en todos los domicilios”.
