Una sola empresa compró cerca de 300 de las 607 hectáreas que se van a donar a la armadora; a los ejidatarios se les compró en cuatro pesos el metro cuadrado, para después venderlas al gobierno del estado en 161 pesos.
Por Carmen Pizano
Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo/Zona Franca).- El PRI y el PVEM en el Congreso de Guanajuato coincidieron en la exigencia para que el Gobierno del Estado transparente el proceso de compra de las 607 hectáreas que van a ser donadas a la empresa Toyata, como incentivo para que se instale en la entidad.
En el apartado de asuntos generales de la sesión de Pleno de este jueves, la coordinadora de la fracción del Verde, Beatriz Manrique Guevara, presentó un exhorto para que el Poder Ejecutivo informe de manera puntual a los diputados locales cada uno de los procedimientos de adquisición y las posteriores enajenaciones que se han realizado de los predios donde se va a instalar la armadora automotriz.
La legisladora local expuso que a la fecha, en el Congreso local, no han recibido información sobre el proceso de compra de los predios que se van a donar a Toyota.
“Exigimos que cada uno de estos procedimientos sean ejecutados con todos los elementos de transparencia. Evitando en todo momento especulaciones en las cantidades que se pagaron por cada metro cuadrado a los pequeños propietarios y ejidatarios de dichos predios”.
Manrique Guevara detalló que aunque se había considerado información reservada el proceso completo para la compra de los terrenos en Apaseo el Grande, personal de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, se había comprometido a revisar el antecedente de cada uno de los predios.
Sin embargo, se ha hecho pública la ganancia que obtuvo una empresa de Monterrey, Nuevo León, que compró cerca de 300 hectáreas a los ejidatarios en cuatro pesos y luego las vendió al gobierno del estado en 161 pesos el metro cuadrado.
Luego de que se diera a conocer la información del presunto fraude a los ejidatarios guanajuatenses, también el coordinador de la fracción priista, Rigoberto Paredes Villagómez, se sumó a la exigencia para que haya transparencia en la compra de los predios.
“Con el propósito de que el gobierno del estado cumpla con esta obligación, lo exhortamos para que rinda un informe de los actos jurídicos relacionados con la expropiación e indemnización; así como de los antecedentes registrales o historial de la propiedad de por lo menos cinco años atrás, exigiendo los nombres de los anteriores propietarios de cada uno de los particulares que incluyó la afectación”.
Ambos puntos de acuerdo con los exhortos dirigidos al Poder Ejecutivo fueron turnados para que sean revisados y posteriormente votados.
Por su parte, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, aseguró que está tranquilo, luego de que se publicaran presuntos fraudes a ejidatarios que les compraron los terrenos por debajo de su valor, para luego una sola empresa venderlos al gobierno del estado para que los done a la empresa Toyota.
Márquez manifestó que se trata de un asunto que debió tratarse entre particulares, y como gobierno estatal lo único que hicieron fue comprar las hectáreas, todas al mismo precio sin favoritismos.
En entrevista con Miguel Márquez dijo que una vez concluido el proceso de la compra, se podría hacer pública la información detallada de las inversiones y los compradores, si es que la empresa Toyota no tiene algún inconveniente.
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