A mí tampoco me gustó la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Darle más ventajas y frecuencias al agente económico preponderante de las telecomunicaciones no incentiva la competencia ni aminora la enorme concentración en el sector. Además, es una muestra de la fatalidad en el diseño de políticas públicas en este ámbito y la influencia de las poderosas empresas en la toma de decisiones.

Vayamos por partes. El pasado 27 de abril, el IFT autorizó a América Móvil la adquisición de 60 MHz de la banda 2.5 GHz. La mayor parte de las frecuencias de dicha banda estaba en manos de MVS Comunicaciones, de Joaquín Vargas. Ahí ofreció desde 1989 un servicio de televisión por microondas, MVS Televisión, una vez que le fueron concesionadas una decena de frecuencias distribuidas en las principales ciudades del país.

MVS logró tener más frecuencias en esa banda (poco codiciada en aquellos años) mediante licitaciones y adquisiciones, al tiempo que aumentaba su presencia a nivel nacional. Fue una época dorada para la TV por microondas en los años noventa. Sin embargo, el nacimiento y expansión de la televisión por satélite, así como el crecimiento de la televisión por cable, frenaron sus expectativas.

MVS Televisión se fue quedando sin clientes atraídos por los servicios de los competidores y por su migración hacia la plataforma de Dish, propiedad de la misma MVS y Echostar. Fue así que la enorme banda de 190 MHz quedó prácticamente subutilizada, pero su valor aumentaba considerablemente ante el nuevo uso que se daba en el mundo: los servicios móviles de nueva generación.

Ante el vencimiento de las concesiones, durante el Gobierno de Felipe Calderón, Joaquín Vargas ofreció al gobierno desarrollar en esa banda el proyecto Banda Ancha Móvil para Todos, de la mano con diversas empresas extranjeras, pero Televisa y sus socios en la televisión de paga no estuvieron de acuerdo y cabildearon con el gobierno para que no prorrogara las frecuencias y recuperara los 190 MHz para licitarlos.

En un principio, el gobierno pareció interesarse por el proyecto, aunque después coincidió con la postura de Televisa e inició un proceso de rescate de la banda, que sonaba más a expropiación. MVS se defendió jurídicamente y mantuvo en la indefinición el uso de la banda hasta la llegada del nuevo gobierno.

En agosto de 2012, MVS dio a conocer las conversaciones que sostuvo con varios funcionarios del gobierno de Calderón, en las que se demostró la presión que vivió para impedir la recontratación de la periodista Carmen Aristegui, quien había sido despedida por la pregunta que hizo sobre el alcoholismo del presidente Calderón, a cambio del apoyo para continuar con el proyecto de banda ancha móvil.

En aquella histórica conferencia de prensa, se relataba que año y medio antes, el 9 de febrero de 2011, mientras la periodista explicaba públicamente las razones de su salida de Noticias MVS, el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano, hizo una sugerencia a Joaquín Vargas: “Debes salir y aclarar el punto. Tu gestión (sobre la banda 2.5) tiene posibilidades reales de éxito. Pero si no sales, serán nulas”.

Lo que quería el gobierno es que Vargas y Aristegui se disculparan por la incómoda pregunta que hizo la periodista. Como Aristegui no lo hizo, Vargas la despidió. Luego se arrepintió ante la presión de las audiencias. El 14 de febrero de 2011, el Consejo de Administración de MVS tomó la decisión de recontratar a la periodista, lo que daba por cancelada la posibilidad de continuar con su proyecto en la banda 2.5 GHz. El 8 de agosto de ese mismo año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negó la prórroga de las concesiones y la familia Vargas tomó la decisión de exhibir las presiones del gobierno.

Instalado el nuevo gobierno, en septiembre de 2013, la SCT llegó a un acuerdo con MVS: 130 MHz se regresarían al Estado y 60 MHz quedarían en manos de la empresa. Como bien nos recuerda Irene Levy, en El Universal (8 de mayo de 2017), esto sucede curiosamente un día antes de la integración del IFT.

Firmada la paz, se destrabaría la posibilidad de seguir adelante con los planes de explotar las valiosas frecuencias y se cerraba un capítulo de la relación gobierno-empresas, que demostró cómo se pueden imponer los intereses de una empresa (en este caso de Televisa, acérrima competidora de MVS) para impedir el fortalecimiento y expansión de un competidor, y cómo el gobierno utilizaba (aun durante las administraciones de “la alternancia”) la prórroga o asignación de concesiones como instrumento de negociación o presión política.  Como se advierte, ni en uno ni en otro caso hubo política pública. ¿La hay ahora?

NADIE SABE PARA QUIÉN TRABAJA

MVS tenía sólo este año para empezar a explotar los 60 MHz. Cuando se le prorrogaron las frecuencias, se sabía que poco o nada podía hacer con ese segmento. Para salir adelante con un servicio, había que esperar los resultados de la licitación de los 130 MHz restantes o en su caso venderlos. Como no se ha licitado dicho espectro, optó por la segunda opción. Era lógico y hasta cierto grado comprensible.

Con la operación, la empresa de Carlos Slim explotará más del 50 por ciento del espectro radioeléctrico, sin considerar la banda de 700 MHz, donde se despliega la llamada red compartida mayorista. Es decir, fortalece su capacidad, pese a ser agente económico preponderante y estar sujeto a un conjunto de obligaciones asimétricas para disminuir su presencia en los mercados en los que participa e incentivar el crecimiento de sus competidores con acciones a favor de la competencia.

Además, como se ha dicho en los últimos días, se otorga a América Móvil una ventaja de dos años frente a sus competidores, que es el tiempo que el IFT prevé para lanzar nuevas licitaciones de frecuencias de espectro.

En contraparte, como ha dicho MVS, la operación generará recursos al Estado por pago de derechos, mayor capacidad para prestar más y mejores servicios a los millones de clientes de Telcel y hasta nuevos empleos. También, es mejor que se utilicen las frecuencias y no se mantengan ociosas. No obstante, no deja ser un trago amargo en un país con tan elevados índices de concentración en las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Es un giro en la historia. Durante el gobierno de Calderón, Televisa se esforzó por impedir el crecimiento de MVS de la mano de Slim. Luego, durante el Gobierno de Peña Nieto, hizo un cabildeo similar cuando se trabajaba la reforma constitucional y la ley secundaria. Televisa no pudo librarse de la retransmisión de sus canales abiertos en la TV de paga (que tanto benefició a Dish e indirectamente a Telmex), pero sí logró un conjunto de obligaciones más estrictas para el preponderante en las telecomunicaciones, comparadas con las impuestas al preponderante en radiodifusión.

A casi cuatro años de la reforma a la Constitución y casi tres de la publicación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Slim y Vargas ganan una batalla a Televisa, que codiciaba la banda 2.5 GHz. Es muy probable que comience otra guerra litigiosa.

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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