El expresidente dijo que si no fuera por los retrasos que provocaron los demócratas desde el Congreso el muro ya estaría terminado y funcionando «magníficamente».
Miami, 9 marzo (EFE).- El expresidente de EU Donald Trump acusó de nuevo al Gobierno de Joe Biden de causar un desastre en la frontera con México, casi a la vez que la fiscal general de Florida, Ashley Moody, anunciaba una demanda judicial contra los responsables de inmigración para neutralizar los cambios hechos en la política migratoria.
«Nuestro país está siendo destruido en la frontera sur, algo terrible de ver», dijo Trump en un comunicado divulgado por su oficina desde Palm Beach (Florida) donde tiene su residencia.
Trump afirmó que cuando él era Presidente (hasta el pasado 20 de enero) la frontera con México «estaba en buena forma, más fuerte y más segura que nunca antes» y se había acabado con el «fraude del asilo» y las detenciones seguidas de liberaciones y se había puesto en cintura a «contrabandistas, narcotraficantes y traficantes de personas».
El expresidente dijo que si no fuera por los retrasos que provocaron los demócratas desde el Congreso el muro ya estaría terminado y funcionando «magníficamente».
Trump y sus seguidores, como la fiscal general de Florida, Ashley Moody, están centrando sus ataques a la Administración demócrata en la política migratoria, que parece que puede ser un tema central en la campaña para las elecciones de medio mandato Presidencial de 2022, en las que los republicanos aspiran a recuperar el control de la Cámara de Representantes.
En la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, en las que fue el triunfador, Trump hizo de la lucha contra la inmigración ilegal su caballo de batalla.
La Fiscal general de Florida, republicana y afín a Trump, anunció este martes que planteó una demanda ante la justicia federal para detener de inmediato las nuevas políticas de inmigración del Gobierno del Presidente, Joe Biden, al considerar que ponen en peligro la seguridad de los estadounidenses y de los inmigrantes por igual.
En la demanda, asegura que esas políticas de la administración del Presidente demócrata han creado rápidamente «una pesadilla de seguridad pública», según el comienzo del texto judicial.
La acción judicial de Moody es por las directivas emitidas para suspender «los arrestos y deportaciones de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas», según indicó en un comunicado.
«La política imprudente de la administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros (de la Administración Trump) y la seguridad pública de los floridanos», dijo la Fiscal general.
Según Moody, Biden ha roto con la política de los presidentes de las últimas dos décadas, tanto republicanos como demócratas, de detener y deportar a los criminales.
«Este es un cambio radical que coloca a los floridanos y a nuestros agentes del orden público en mayor peligro y es por eso que presenté una demanda», agregó.
Biden, que asumió el pasado 20 de enero, ha revocado muchas de las políticas de inmigración de Trump, quien la semana pasada dijo que por su culpa la frontera con México está «fuera de control».
«Como resultado de la revocación de las políticas de inmigración del Presidente Donald Trump y el Presidente Barack Obama, los delincuentes condenados en el país, incluidos los traficantes de drogas, los delincuentes sexuales y los condenados por violencia doméstica, ya no serán deportados, sino que permanecerán en Florida libres de cometer más delitos», dijo Moody.
Al poco de llegar a la Casa Blanca, Biden ordenó una moratoria de 100 días en ciertas deportaciones, aunque un Juez federal bloqueó esta medida tras una demanda de las autoridades de Texas.
Tras el bloqueo judicial, el presidente optó por cambiar las prioridades de detención por parte de ICE para que esta agencia se concentre en detener y deportar a inmigrantes que supongan una amenaza para la seguridad nacional y aquellos que presenten un peligro para la sociedad o que hayan sido condenados por delitos graves o tengan vinculación con pandillas criminales.
