De acuerdo con el CEEY, el IMCO, México Evalúa y Fundar, la propuesta de Ley sobre disciplina financiera avalada por comisiones del Senado pudiera duplicar el porcentaje permitido de monto de la deuda estatal del PIB; no contempla una fiscalización o auditoría de esta y no contiene un catálogo de infracciones por su mal manejo.
Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Cuatro centros de análisis advierten que la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, avalada por comisiones del Senado, legitima deuda contratada de forma inconstitucional y sin que se condicione su pago a una exhaustiva fiscalización o a procesos de auditoría, lo cual sería en prejuicio del contribuyente y de las finanzas públicas.
De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Fundar, la propuesta pudiera duplicar el porcentaje permitido de monto de la deuda estatal del PIB; no contempla su fiscalización o auditoría y no contiene un catálogo de infracciones por su mal manejo y en incumplimiento de la Ley.
La iniciativa posibilita que el Ejecutivo pueda garantizar un refinanciamiento de deuda que «pudiera ser inconstitucionalal» al no haber sido aprobadas por los Congresos locales y no representar «las mejores condiciones para el estado». Este acto no viene aparejado de una auditoría de la deuda contratada en un principio donde pueda constarse el adecuado ejercicio de la misma, enfatizan en un comunicado.
La intervención del gobierno federal debiera ser, en todo caso, para respaldar el refinanciamiento de obligaciones, agregan.
El dictamen, de aprobarse, permitiría que el monto de la deuda estatal garantizada llegara hasta 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que duplicaría la deuda estatal actualmente permitida en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Fundar expone que la deuda estatal registrada ante Hacienda es del 3 por ciento del PIB, pero de aprobarse esta iniciativa en los actuales términos, «el monto de la deuda estatal garantizada por la federación pasara de 3 por ciento del PIB hasta 6.5 por ciento».
La propuesta contempla endeudamientos «que no reflejan un ejercicio democrático ni una manifestación del principio de división de poderes», exponen.
Por todo lo anterior, las cuatro organizaciones civiles exigen al Senado reconsiderar la iniciativa de Ley y piden que se abra un espacio plural y transparente en el que se puedan escuchar y considerar las opiniones de expertos, académicos y cualquier otro ciudadano o sector de la sociedad que pueda aportar a la construcción de «mejores marcos normativos».
Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son los que lideran los índices de opacidad, deuda y violaciones a los derechos humanos, en índices de organismos nacionales consultados por este sitio. Sólo nueve gobernadores han presentado la declaración patrimonial #3de3, un ejercicio ciudadano diseñado por el Instituto Mexicano de Competitividad.
EL CASO DE PUEBLA
El artículo 34 de la iniciativa establece la facultad del Ejecutivo de garantizar la deuda pública que contraten los estados y municipios para refinanciar obligaciones de pago, las cuales podrán ser a cargo, entre otros, “de cualquier ente sobre el que de las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones”.
Entre dichos entes, de acuerdo a los marcos normativos locales en materia de deuda, pueden encontrarse los Fideicomisos, «instrumentos de enorme complejidad en su naturaleza jurídica y alcances», consideran los analistas.
«Lo anterior sería adecuado, si no fuera por la posibilidad de que en diversas entidades federativas, como se ha revelado en el caso de Puebla, la deuda contratada a efecto de garantizar el pago de proyectos multianuales, pudiera ser inconstitucional», exponen.
Con su refinanciamiento, afirman, se convalidarían sin que medie un análisis jurisdiccional sobre su procedencia constitucional, y sin que se haya condicionado su pago a una exhaustiva fiscalización o a procesos de auditoría.
Independientemente de su inconstitucionalidad, concluyen, es probable que el origen de mucha de esta deuda «sea irregular», al haberse contratado a costos superiores a los de mercado, «mediante mecanismos opacos» que confunden la naturaleza de los recursos públicos y evitan su adecuada vigilancia, control y sanción ante eventuales irregularidades, aseguran.
