Ciudad de México, 9 de marzo (SinEmbargo).– Manlio Fabio Beltrones, Coordinador Parlamentario de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que la Junta de Coordinación Política de San Lazaro acordó posponer la discusión de la nueva Ley General de Aguas «el tiempo que sea necesario».
“Aunque con distintas expresiones del porqué, hemos resuelto que se difiera su discusión del día de mañana por el tiempo que sea necesario para que se aclaren dudas y se acabe la desinformación que ha hecho que algunos políticos en campaña quieran tomarlo como bandera”, dijo Beltrones en conferencia de prensa.
El Diputado tricolor indicó que habrá tiempo suficiente «para que muchos de quienes hablan pero todavía no han leído la iniciativa ni el dictamen hagan su trabajo. Lo que no hay es intención privatizadora como ciertos políticos demagógicos lo han expresado”.
«He señalado en distintas ocasiones y sostengo que no hay un solo elemento que le permita a cualquiera de quienes han expresado su libre opinión, para señalar que es una iniciativa privatizadora del agua».
Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, dijo momentos después de esta conferencia que su fuerza política, «bajo ninguna circunstancia, apoyaríamos un proyecto privatizador».
«No hay nada que esconder y lo que hemos pedido y se ha acordado por unanimidad en la propia Junta de Coordinación Política, es que se abra un espacio de diálogo, tan amplio como sea necesario, para que se aclaren todas las dudas, se revise el dictamen, se haga un comparativo serio de la ley vigente con la propuesta de ley, y cuando estén aclaradas las dudas, entonces sí lo podamos discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados».
Legisladores de oposición han denunciado que la Ley beneficiará a grandes consorcios y empresas trasnacionales de la talla de Coca Cola o Nestlé, entre otras empresas embotelladoras de agua para su consumo en diversas presentaciones.
Este mismo día, la Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, dijo que están «solicitando que se dé espacio para escuchar a todas las asociaciones civiles y usuarios que tengan dudas sobre lo que es una inminente privatización del agua potable y sobre lo que representa dar atribuciones extraordinarias a la Conagua».
La legisladora dijo al término de la conferencia de la Jucopo que se debe revisar tres cosas:
«La constitucionalidad de la ley, la privatización que también tiene que ver con la constitucionalidad de la ley, que es el acceso de las personas y su consumo mínimo y las sobre atribuciones que permitiría que Conagua secuestre el uso de las aguas en este país y las concesiones».
“Son las grandes trasnacionales como Coca Cola o Nestlé entre otras, por citar a las más evidentes, las cuales obtienen ganancias millonarias por las concesiones que han ganado”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en entrevista para SinEmbargo.
“Son empresas como Coca Cola y también otra es Grupo Monterrey, en general”, concordó la Diputada Graciela Saldaña Fraire, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a este diario digital, a reserva de profundizar en el texto que se someterá a consideración del pleno este martes 10 de marzo.
En tanto, más de cinco mil personas y cerca de mil científicos reprobaron este día la Ley y convocaron a la sociedad a defender su derecho a contar con el líquido de forma gratuita.
En conferencia de prensa, integrantes de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua afirmaron que la iniciativa para crear la Ley General del Agua viola diversos derechos humanos, es privatizadora, y va en contra de normas internacionales para garantizar la accesibilidad del líquido para la gente que no puede pagarla.
“Ya se privatizó el subsuelo, ahora van por los ríos. Esto es el mensaje: es una ley privatizadora, es una ley mercantilizadora, nada tiene que ver con el derecho humano al agua y llamamos a una movilización social fuerte para que no pase una ley que va en beneficio de los que ya conocemos, de los pocos sobre las mayorías”, afirmó Silvia Manueli, de COMDA.
Las organizaciones civiles precisaron que la llamada “Ley Korenfeld” violenta derechos humanos que implican factores de disponibilidad, calidad, asequibilidad, sustentabilidad, accesibilidad física, sin discriminación y acceso a la información.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha argumentado que el agua en México es un derecho humano, sin embargo en la nueva Ley se impone un nivel de 50 litros por persona para establecer su gratuidad, lo cual es menor al estándar internacional de 100 litros por persona.
Otro ejemplo, se prevé en el artículo 76 de la nueva ley la posibilidad de suspender el servicio de agua por falta de pago.
