Durante su reunión con Osorio Chong y Raúl Cervantes, los padres de los 43 normalistas fueron notificados del proceso administrativo que se inició en contra de Tomás Zerón y otras seis personas implicadas en las irregularidades cometidas en el basurero de Cocula, donde se presumía que fueron incinerados los jóvenes. Los familiares de las víctimas denunciaron que no hay avances sustanciales sobre el paradero de los jóvenes desaparecidos por lo que advirtieron que continuarán con su movilizaciones y protestas.
Ciudad de México, 9 de febrero (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) informó que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) una investigación en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y otras seis personas, por irregularidades en el caso Ayotzinapa.
Lo anterior les fue notificado este día a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes después de seis meses de haber levantado la mesa de diálogo volvieron a reunirse con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Procurador General, Raúl Cervantes.
«En esta reunión en términos generales y en conclusión los únicos resultados que nos dan son en relación a la investigación interna que realizó la Visitaduría general de la PGR [a Zerón] y es un acuerdo de conclusión que dista mucho del proyecto que fue filtrado a los medios de comunicación en días pasados», declaró Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos hace dos años y cuatro en Iguala, Guerrero.
«Habían 18 responsabilidades contra funcionarios, irregularidades cometidas en la investigación interna, en la resolución que hoy nos presentan sólo tienen siete responsabilidades», indicó Rosales.
La titular de instancia encargada de definir las eventuales responsabilidades y sanciones a Zerón, señalado por los padres por presuntamente «sembrar» pruebas durante las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes, es Arely Gómez, quien en su momento fue titular de la PGR y tenía a Zerón como subordinado.
Al cabo del encuentro de más de tres horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, informó sobre los principales acuerdos alcanzados.
De acuerdo con Campa, el primer acuerdo es que se volverá a instaurar la interlocución y la comunicación, y habrá reuniones mensuales.
Se pactó asimismo que la Secretaría de Gobernación aporte equipo técnico para apoyar las tareas policiales, así como dar seguimiento a todas las líneas de investigación propuestas en su momento por los expertos internacionales designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para apoyar en las pesquisas del caso.
Igualmente, se coordinará este trabajo con el mecanismo de seguimiento puesto en marcha por la CIDH.
El procurador Cervantes se comprometió a aplicar todos los recursos que se requieran para financiar las investigaciones con tecnología de punta.
Por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, expresó que «vemos cómo de manera tendenciosa y mañosa este Gobierno pretende dejar en el olvido este caso; dentro de los compromisos que adquirieron, porque no negociamos.
«Uno de los compromisos principales fue que se va a incrementar el número de agentes para llevar a cabo la investigación y más tecnología, que es un compromiso ya viejo, lo que queremos son respuestas prontas», indicó De la Cruz.
Los padres exigieron a las autoridades la localización de los 43 normalistas y el castigo a funcionarios de la PGR, Ejército y Policía Federal, pues, de acuerdo a los expedientes, enviciaron la investigación.
La PGR le informó este día a los padres de los 43 normalistas que el proceso en contar de Zerón de Lucio y otras seis personas es por su actuación el 28 de octubre de 2014 en las inmediaciones del Río San Juan, en Cocula, donde un día después fue encontrada una bolsa con restos óseos presuntamente de las víctimas.
Detalló que también se investigan los número telefónicos hallados en una libreta del líder de Guerreros Unidos, cártel al que se le adjudica el ataque a los normalistas, pues corresponden a los mismos números que utilizaba Omar García Harfuch, actual titular de la AIC, cuando aún estaba en la Policía Federal.
-Con información de EFE
