El decreto señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, compartió y explicó la decisión de la Mesa Directiva del Senado sobre la presentación de una controversia constitucional contra el acuerdo que declara obras del Gobierno federal como seguridad nacional.
La solicitud de 53 senadores de los distintos partidos de la oposición formularon una controversia constitucional contra el llamado «decretazo» con el que el Presidente López Obrador cerró al escrutinio público todos los contratos de obra pública con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional.
«Conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se concluye que el Senado carece de interés legítimo para promover una controversia constitucional contra el acuerdo del Presidente López Obrador, como lo solicitaron diversos senadores y senadoras», expuso en sus redes sociales Sánchez Cordero.
La presidenta del Senado añadió que: «desde la perspectiva técnica, la presentación de una controversia constitucional es improcedente, pues, en mi opinión, es inexistente el principio de agravio respecto del Senado. Lo anterior, no implica que el acuerdo no pueda ser sujeto de revisión judicial».
La presidenta de la Mesa Directiva señaló que otros organismos constitucionales, entidades, poderes u órganos, podrían encontrar motivos para interponer una controversia constitucional.
«La presidencia del Senado representa la unidad. Y esta implica escuchar todas las voces, como siempre lo he hecho, pero también respetar los procesos legales y tomar decisiones con sustento jurídico y no político por el bien de esta máxima tribuna de los mexicanos», finalizó la exsecretaria de Gobernación.
DECRETO PRESIDENCIAL BLINDA MEGAPROYECTOS
El pasado 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el acuerdo para blindar las obras de su administración como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y otros.
El decreto señala que son de “interés público y de seguridad nacional” la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México que por sus características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren “prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.
De esta manera, el mandatario podría evitar que sus emblemáticos proyectos como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas puedan ser frenadas por amparos.
