Durante su segunda etapa en la investigación del caso Iguala, el GIEI trabajará más intensamente que en los primeros seis meses. Los expertos internacionales aseguran que este tiempo será suficiente para saber qué pasó con los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.
Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).– Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-CIDH), tienen como meta principal durante el segundo periodo de seis meses de su mandato en el caso Ayotzinapa, dar con el paradero de los 43 alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Los cinco especialistas se quedarán por seis meses más en México, tiempo que debe ser “necesariamente suficiente” para encontrar a los estudiantes.
“Hemos tomado la decisión de que es necesariamente suficiente; es decir nosotros hemos hablado de que en esta segunda etapa, trabajaremos más intensamente que los primeros seis meses para intentar dar con el paradero de los muchachos. Esa es nuestra es decisión y pretensión”, dijo Ángela María Buitrago.
La experta aseguró que seis meses no son suficientes para investigar un delito de desaparición, pero que en el caso de los 43, los cinco expertos harán lo necesario para dar los “mayores elementos posibles como coadyuvantes de la PGR [Procuraduría General de la República] para que se logre el objetivo final que es el hallazgo de dónde están los 43 normalistas”, expuso.
A la fecha hay nuevos hallazgos y evidencia que se encuentra en análisis. Hay nuevos lugares en donde, a solicitud del GIEI, acudirán las autoridades a realizar búsquedas.
“El Grupo ha señalado a la nueva unidad la importancia de que no se fragmente la investigación de escenarios de búsqueda conexos y que deben estar acumulados en el caso. Además, ha pedido que se procese una evidencia recogida que aún no ha sido analizada y que se acumule a la investigación 01/2015 con participación de peritos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), al igual que en otros escenarios”, agregó.
Los expertos siguen estudiando el tema del quinto autobús. Actualmente se encuentran cotejando que el vehículo presentado por la PGR, sea el mismo que salió de la central de autobuses con estudiantes a bordo la noche del 26 de septiembre.
Debido a las “fuertes contradicciones en la información existente”, el grupo solicitó que se revisen las reconstrucciones realizadas posteriormente sobre el autobús, como si éste estuviera plenamente identificado, y que deben ser reconsideradas a la luz de la evidencia.
Ángela Buitrago también informó que el GIEI solicitó a la PGR indagar si existe la posibilidad de obstrucción y destrucción de evidencia en la indagatoria abierta por los 43 normalistas desaparecidos.
Aún buscan dos videos desaparecidos en la escena: uno de las cámaras colocadas en el Palacio de Justicia y otro que fue tomado por un miembro del 27 Batallón destacado en Iguala, Guerrero.
Sobre ambos videos hay evidencia de que existieron y también versiones que indican que es evidencia que se perdió en el camino o que alguien mantiene oculta.
NO HUBO INCENDIO EN EL BASURERO DE COCULA
El GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014 .
La evidencia fue otorgada por una institución meteorológica, la cual reservaron su nombre, por tratarse de información delicada en el expediente, a solicitud de la misma Procuraduría.
Ángela Buitrago reveló que las imágenes satelitales, entregadas el 30 de septiembre de este año, indican que entre la 1:00 y 4:00 de la madrugada del 27 llovió en la zona con una precipitación de 21.8 milímetros.
“El hecho de que no sea en el basurero de Cocula, no genera la liberación automática de los presuntos responsables. No quita la desaparición de los muchachos, que fueron tomados y llevados por policías. La desaparición existe”, dijo Carlos Beristain, otro de los expertos, sobre los más de 100 detenidos por la PGR en torno a la “verdad histórica”.
Los expertos informaron que le indicaron a la PGR que no es necesario realizar un segundo peritaje en el basurero de Cocula, porque éste no existió.
En cuanto a la nueva evidencia científica de lo ocurrido en el basurero, los expertos de la CIDH dijeron que a raíz de la petición de la PGR de realizar un nuevo peritaje en el basurero de Cocula, se tomó el acuerdo conjunto de establecer las características de los peritos y las condiciones adecuadas para hacer un nuevo dictamen.
En la actualidad, la PGR trabaja con el GIEI en dicho proceso de selección, definición de la metodología y de los tiempos de trabajo. “Se están traduciendo al inglés los insumos para el nuevo dictamen, entre ellos el material de José Torero –el experto peruano en fuegos– y de los peritajes de la PGR, y una síntesis de las declaraciones de los inculpados, que serán enviados previamente para su estudio a los expertos en fuego que participen”, informó el GIEI.
El Grupo de Expertos planteó que no hay ninguna constancia en el expediente, ni en declaraciones de inculpados ni en la reconstrucción de hechos o peritajes de la PGR, “de que un grupo mucho más reducido de normalistas fuera llevado a dicho basurero”, por lo que pidió no especular sobre nuevas hipótesis sin base y que los objetivos del peritaje se centren en evaluar los hechos señalados.
En septiembre, el perito independiente José Torero Cullen indicó a través de un peritaje de la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y concluyó que no existe evidencia científica para sostener la “verdad histórica” de la PGR.
En entrevista con SinEmbargo, el perito dijo que la PGR ponía en duda el peritaje independiente que él realizó por petición de los expertos del GIEI y volcaba la atención sobre un tema que debió ya ser descartado, en lugar de investigar asuntos como el quinto autobús omitido en el expediente y otras revelaciones del informe.
“Esta investigación se hizo como una investigación independiente. Lo que yo entendí es que en un principio la PGR y el Gobierno iban aceptar esa investigación y en función a eso seguir trabajando para resolver este problema. Lo que han hecho es objetar la investigación y en el momento que lo hacen, se genera un debate enorme acerca de la posibilidad de haber existido o no la incineración en el basurero de Cocula”, dijo.
El perito prosiguió: “Si una analiza lo que está pasando, básicamente no estamos eliminando esa posibilidad [la quema de los 43 estudiantes en el basurero], sino que nos estamos enfocando nuevamente en ella”.
Torero fue contundente: no existe la posibilidad de que otros peritajes serios avalen la “verdad histórica” del ex Procurador Jesús Murillo Karam: que los 43 fueron quemados e incinerados en el basurero de Cocula. Eso nunca ocurrió, afirmó.
El experto encontró evidencia de pequeños fuegos o fogatas encendidas en ese basurero, de hasta tres a cinco años atrás.
La versión de la PGR se sostiene solamente en declaraciones de inculpados, completamente imposibles.
“Si uno agarra los testimonios de los inculpados, ellos dicen que había un incendio de una magnitud enorme, podríamos olvidarnos de los cadáveres, la incineración del cuerpo y nada, simplemente agarremos el testimonio de los inculpados que dicen que había un incendio de dimensiones de 15 metros por cuatro metros: con un incendio así toda la vegetación y la basura del basurero debió ser involucrado. Eso no se puede esconder, no hay manera de esconder que la hipótesis que se basa en testimonios es incorrecta. No hay evidencia material”, dijo.
DE NUEVO MILITARES INACCESIBLES
Ayer, el GIEI enfatizó en la necesidad de estar presentes en la ampliación de declaración de los militares del 27 Batallón, en Iguala. Luego de una revisión de los últimos tomos del expediente, los expertos se percataron de que entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre declararon varios militares, sin que el Grupo fuera informado.
Destacaron la necesidad de que se amplíen las declaraciones, pues lo que hay en el expediente no es suficiente para aclarar la participación e información que los militares poseen sobre lo sucedido esa noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre.
Los militares estuvieron en al menos cuatro de los escenarios estudiados por los expertos la noche de la desaparición.
El GIEI recordó que durante nueve meses, a pesar de contar con declaraciones muy relevantes de numerosos militares tomadas en diciembre de 2014 sobre aspectos específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material fotográfico en posesión de miembros del ejército, tal como alertó el GIEI.
“Los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados, 11 militares se presentaron a dar su declaración o a ampliar la misma ante la PGR, sin que esto se informara al GIEI. Estos 11 militares están en la lista de 27 proporcionada por el Grupo a las autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. El Grupo ya analizó sus declaraciones, sin embargo, debido a la forma cómo se toman las declaraciones, no se sabe qué preguntó el Ministerio Público en tales entrevistas. Sus declaraciones dejan igualmente muchos aspectos clave pendientes de profundizar, pues no se responden ni se evalúan”, denunciaron.
Los expertos pidieron volver a entrevistar a todos los militares, para desahogar las preguntas contenidas en un documento realizado por el GIEI. Sin embargo, el Grupo señaló que si no está presente en dichas entrevistas, no podrá evaluar la calidad de la información aportada, ni repreguntar sobre la misma, ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de hechos tan graves. La ampliación o toma declaraciones de agosto es una muestra de ello.
El Grupo también pidió agilizar los trámites legales para concluir la evaluación de la autopsia hecha a Julio César Mondragón, y aclaró que el normalista Aldo Gutiérrez se encuentra en estado vegetativo y no de muerte cerebral como se ha manejado.
Los expertos ofrecieron la rueda de prensa en el marco de su segundo mandato de seis meses sobre el caso, que expira en abril de 2016, luego de que la CIDH y el gobierno sellará una segunda etapa de trabajo sobre la base de 10 compromisos, entre ellos el cambio de la oficina que lleva la investigación del caso.
PGR PIDE NO ADELANTAR CONCLUSIONES SOBRE INCENDIO
Luego de que el GIEI reveló que de acuerdo con imágenes satelitales provistas por una institución reconocida, a solicitud de la PGR, no hubo un incendio en el basurero de Cocula el 26 y 27 de septiembre de 2014, la dependencia federal pidió no adelantar conclusiones y no descartar la posibilidad de un incendio con base en la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos.
«Es indispensable agotar el estudio de todos los elementos que requieren analizarse en este evento, sin adelantar ninguna conclusión, como puede ser la revisión aislada de imágenes satelitales y meteorológicas, sin considerar integralmente otros elementos», expuso la PGR en un comunicado difundido la anoche.
La PGR informó que acordó con el GIEI la realización de un nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, mismo que contará con la participación de un grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional, quienes comenzarán su trabajo en las próximas semanas.
«Debe referirse que el interés de realizar este nuevo estudio obedece a la necesidad, indicada en el propio informe del GIEI de septiembre de este año, de contar con un análisis exhaustivo en esta materia para que se establezca una posición científica definitiva al respecto», destacó.
La dependencia federal reiteró que la investigación sobre los lamentables hechos ocurridos en Iguala, en septiembre del año pasado, permanece abierta y se sigue trabajando en ella ya que su esclarecimiento es una prioridad para el Estado Mexicano, contando con la coadyuvancia técnica del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en el marco de la prórroga conclusiva de su gestión solicitada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició el pasado 31 de octubre.
