Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El sistema penitenciario mexicano ha estado relegado de la administración de la justicia penal y, en vista de la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es fundamental que se analice y modifique su funcionamiento, señaló Ernesto Canales, presidente del patronato de la asociación civil Renace, dedicada a apoyar la reinserción social de las personas que han sido privadas de su libertad.
“El tema penitenciario tiene que ser tratado como de una relevancia fundamental para poder contar con un sistema de seguridad pública. El sistema penitenciario ya no puede estar en la trastienda”, apuntó en entrevista vía telefónica con SinEmbargo. “La sociedad tiene derecho a saber, a conocer lo que está sucediendo día a día en los penales del país”.
Renace organizó el pasado 5 de diciembre un simposio a propósito de estos temas: el nuevo sistema de justicia y la necesidad de transformar el sistema de prisiones en México, integrado actualmente por 386 centros penitenciarios municipales, estatales y federales.
De esos, el 56 por ciento está sobrepoblado, de acuerdo con información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).
Además, en los primeros nueve meses del año se registraron 348 incidentes dentro de las cárceles del país, que contemplan desde agresiones, intentos de fuga y fuga, huelgas de hambre, hasta intentos de homicidio y asesinatos, violaciones, riñas y motines.
Para Canales, la situación actual de las cárceles en México es “variopinta”, pues dijo que existen penales con “buenas prácticas” y otros cuyas condiciones son “inadmisibles”.
Sobre los primeros mencionó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 9 Norte, ubicado en Ciudad Juarez, Chihuahua.
A pesar de que dicho penal registra una sobrepoblación de 23 por ciento y que en marzo pasado de él se fugaron cinco internos (tres de los cuales fueron recapturados), Canales destacó que hace apenas cuatro años ese Cefereso registraba casi 300 homicidios por año y era considerado uno de los más peligrosos de América Latina, pero que en los últimos 18 meses sólo reportó un asesinato.
Sobre aquéllos cuyas condiciones son inapropiadas, mencionó los casos de Durango, Matamoros y Cadereyta, apenas como ejemplos de un repertorio más amplio en el que persisten problemas como la sobrepoblación, vejaciones a los familiares durante las visitas, grupos de poder dentro de los penales, falta de una distinción adecuada de los internos, corrupción, extorsiones a los internos para no ser violentados o amenazados.
A decir de Canales, lo que se requiere para ordenar la vida de los penales es voluntad para hacer cumplir la ley. De igual modo, agregó, el andamiaje de un nuevo modelo del sistema de justicia penal se podría sostener si se cumpliera con la ley.
“No hay varitas mágicas, se debe a una decisión política, a una implementación adecuada de la ley, a través de acciones pequeñas, en cuanto a su dimensión, pero de consecuencias mayores: no permitir entrada de drogas, estar pendientes que no haya grupos de poder”, dijo.
Además, recalcó la relación entre la inseguridad pública y la que existe dentro de las cárceles y subrayó un dato relevante: el 85 por ciento de quienes actualmente compurgan una pena en prisión, van a ser liberados, por lo que es necesario introducir a las personas privadas de su libertad en un esquema de cumplimento de la ley desde ahora.
“Si queremos bajar el índice de criminalidad tenemos que tomar el control de las prisiones. Las prisiones son donde se ordena los secuestros, las extorsiones”, señaló.
REPLANTEAR EL SISTEMA PENITENCIARIO
El estudio Situación y desafíos del sistema penitenciario mexicano, publicado por México Evalúa, Centro de Análisis y Políticas Públicas, describe el panorama del sistema penitenciario mexicano: sobrepoblación en los centros penitenciarios, altas tasas de reincidencia, crecimiento de los delitos de alto impacto, proliferación de la violencia al interior de los penales, operación de grupos criminales dentro de las cárceles, y la duplicación en la población carcelaria sin que eso signifique más seguridad.
“Todos estos hechos nos indican que el sistema penitenciario no esta cumpliendo sus objetivos sociales y legales”, señala el documento, elaborado en 2013 por el especialista en temas penitenciarios Guillermo Zepeda Lecuona, pero cuya conclusión es semejante a la dada por Canales a más de un año de distancia.
El informe señala que en México se ha hecho un uso excesivo de la prisión como medida cautelar y como sanción, y da un dato ilustrativo al respecto: en el país, aproximadamente 95 por ciento de los delitos tiene contemplada una pena de prisión.
Ante ello sugiere replantear el sistema de sanciones y “hacer un uso responsable de la prisión como medida extrema”, a fin de que ello reduzca la población penitenciaria, al que califica como “uno de los principales detonantes del fracaso de las políticas de reinserción social y del deterioro de las condiciones del internamiento penitenciario”.
Zepeda Lecuona hace un señalamiento similar al de Canales, al apuntar que en el proceso de reforma penal que ya está en marcha -y cuya fecha de implementación concluye en 2016- la transformación del marco normativo procesal no ha sido acompañado de una revisión del sistema de sanciones y la política criminológica contenida en los códigos penales.
No obstante, también reconoce avances que ha habido en los estados donde más se ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia. El reconocimiento se basa en la aplicación de medidas de sanción alternativas a la prisión.
Y es que la sobrepoblación de las prisiones de percibe como un problema nodal, de modo que su despresurización, a la par de mejora en infraestructura y profesionalización del personal penitenciario, reducirían las condiciones propicias para la corrupción, el autogobierno, la violencia, las altas tasas de incidencias penitenciarias y demás violaciones a los derechos humanos, de acuerdo con el informe de México Evalúa.
