Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– El Procurador Jesús Murillo Karam, antes de emitir la conferencia de prensa de ayer, decidió adelantar la información a los padres de los normalistas desaparecidos en una reunión en Chilpancingo, Guerrero, al considerar que el dato era «muy importante» y una «mala noticia» que, dijo, no podía aceptar hasta tener los resultados del peritaje, se escucha en un video difundido por Vice. «Me hubiera molestado mucho que se enteraran primero por la televisión», agregó.
«Ellos [los tres detenidos, miembros del Cártel Guerreros Unidos] reciben a un grupo de personas, los suben a un camión, los llevan al basurero de Cocula, los matan y los queman. Cuando los interrogaron, ellos dicen que eran estudiantes. No voy a decir que son los estudiantes [normalistas] porque no lo sé. Eso lo voy a decir hasta que hagan el peritaje», les expresó a los padres de familia.
Tras una pausa por la infiltración de personas que grababan el encuentro ajenas a los familiares, Murillo Karam repitió las declaraciones de los detenidos. «Voy a decir cosas que duelen», advirtió. Y luego comentó que les podía mostrar los videos de las confesiones, pero «me dolería que las vieran por la cara y el cinismo de estos infelices».
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) detalló que los interrogaron, los mataron, los arrojaron a una barranca y los quemaron «durante 15 horas». Ya calcinados, continuó, los guardaron en bolsas y los echaron al río San Juan.
Una de las bolsas con restos encontrada por la PGR será, les dijo, la que utilizarán los peritos. «Mientras no tenga evidencias de que los mataron [a los 43 normalistas], están vivos y los sigo buscando como vivos», subrayó, con las mismas autoridades y herramientas.
Después del diálogo, el cual duró alrededor de una hora, Murillo emitió la conferencia de prensa donde informó los mismos datos, acompañados de videos de los peritos en el basurero de Cocula y las declaraciones de los tres detenidos.
CIDE CUESTIONA CONFERENCIA
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) cuestionó la conferencia de prensa de la Procuraduría General de la República (PGR) donde se reprodujeron las declaraciones de miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes aseguraron haber asesinado a los normalistas.
«‘Ya me cansé’ no son sólo las palabras utilizadas por Jesús Murillo Karam para terminar la conferencia, son la perfecta representación de una administración indolente e incompetente», expresó el Centro en un comunicado, en el cual también subrayó la «insensibilidad e indiferencia» del Procurador ante los resultados de la investigación.
«¿Qué es peor que restos humanos calcinados y encontrados en el fondo de un basurero? ¿Qué puede ser peor que este escenario que sólo se compara con las prácticas efectuadas por los más perversos regímenes totalitarios?», preguntó el CIDE.
El Centro de Investigación manifestó su preocupación por el hecho de que las declaraciones del Procurador sólo se basaron en las confesiones de tres detenidos: «Demuestra no sólo la falta de responsabilidad de las autoridades sobre sus declaraciones, sino su nula capacidad y voluntad de investigación».
Asimismo, subrayó «el cinismo» de Murillo Karam al no reconocer el papel activo que el Estado desempeñó en el asesinato y desapariciones de estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, por ser, aseguró, «el patético» intento del Procurador por minimizar la administración del país; «la descarada complicidad entre el crimen organizado y el Estado. No fue el narcotráfico, no fue un hecho aislado, no fueron sicarios. Fue el Estado», enfatizó el CIDE.
En cuanto a la gira de trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto por Asia, el informe lo calificó como «huir» del país.
«El compromiso del gobierno federal está con su agenda y no con la situación que vive México», afirmó el Centro.
El CIDE concluyó el comunicado exigiendo al Estado mexicano que permita la participación de los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la búsqueda de los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
LA CIDH AÚN NO TOMA DECISIÓN
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoció que la captura de los Abarca «constituye un avance» en el caso, sin embargo, ayer instó al gobierno mexicano a redoblar sus esfuerzos para localizar a los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala y llevar a los culpables ante la justicia. Además, la presidenta de la CIDH explicó que la Comisión todavía no ha tomado una decisión sobre si ofrecerá asistencia técnica a México para desarrollar capacidades para la búsqueda de desaparecidos, tal y como han solicitado tanto las organizaciones pro derechos humanos como el gobierno mexicano. Las partes deben ponerse antes de acuerdo sobre lo que necesitan.
El Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de ser los autores intelectuales del ataque contra los estudiantes y operadores del Cártel Guerreros Unidos, fueron arrestados la madrugada del martes en una casa de la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México, después de más de un mes prófugos.
La CIDH reconoció «la firme voluntad» de las autoridades mexicanas de investigar los hechos y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de identificar a los autores materiales e intelectuales y someterlos a la justicia, pero la Comisión se mostró muy preocupada «por la falta de progreso en la determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos»
Urgió al estado mexicano a «multiplicar sus esfuerzos y a dedicar todos los recursos humanos y materiales que resulten necesarios en esta búsqueda, así como a adoptar medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa».
Aunque ninguna de las audiencias de la CIDH que se celebraron la semana pasada sobre México estaba exclusivamente dedicada a Iguala, el caso salió a relucir en varias ocasiones. En una de las audiencias, los representantes de las organizaciones pro derechos humanos leyeron uno a uno los nombres de los 43 desaparecidos y, acto seguido, se guardó un minuto de silencio en memoria de los estudiantes ejecutados extrajudicialmente.
Debido a la urgencia y gravedad de esta situación, la Comisión solicitó el pasado 3 de octubre al estado de México que adoptara medidas cautelares en el caso de Iguala para determinar la situación y el paradero de estudiantes desaparecidos y que investigara los hechos.
De acuerdo con las investigaciones, agentes municipales, aliados con el cártel de los Guerreros Unidos, estuvieron presuntamente involucrados en el asesinato y desaparición de los jóvenes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre en Iguala, a unos 200 kilómetros al sur de Ciudad de México.
Los estudiantes fueron perseguidos por la Policía municipal por órdenes del Alcalde para evitar que interrumpieran un acto de su esposa.
Hubo seis muertos y 25 heridos y la policía se llevó a 43 jóvenes, a los cuales supuestamente entregó a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Todavía no hay pistas sobre su paradero.
