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Poder Judicial de Chile investigará a Sebastián Piñera por cohecho y soborno

08/10/2021 - 4:47 pm

El Ministerio Público chileno determinó abrir una investigación en contra del Presidente Sebastián Piñera por la posible comisión de los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios, después de las revelaciones de los Pandora Papers.

Santiago de Chile, 8 de octubre (EFE).– El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, que dejará el poder en marzo de 2022, enfrentará una investigación penal en la Fiscalía por eventuales ilícitos de cohecho, soborno y delitos tributarios a raíz de las revelaciones periodísticas de los Pandora Papers.

Esta publicación, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos CIPER y LaBot, reveló el pasado domingo presuntas irregularidades en una venta que Piñera hizo en 2010 de su participación en el proyecto Minera Dominga.

El Ministerio Público decidió iniciar la indagatoria para arrojar luz sobre esta transacción, que contenía una condición de pago vinculada a políticas ambientales y fue realizada en el paraíso fiscal Islas Vírgenes Británicas poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014), según el ICIJ.

Las complicaciones del mandatario continúan con una querella particular que por la misma causa admitió esta jornada un juzgado chileno, y con una acusación constitucional (juicio político) que prepara la oposición en el Congreso y que podría terminar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El mandatario chileno dijo que «resulta difícil de comprender» la decisión de la Fiscalía porque los hechos divulgados ya fueron «investigados» y «sobreseídos» en 2017.

«Existe un pronunciamiento (de 2017) de las máximas autoridades del Poder Judicial, que constituye cosa juzgada, en relación a que los hechos investigados no constituyen delito y a la inocencia del Presidente Sebastián Piñera», indicó en un comunicado la oficina del mandatario.

De acuerdo al gobernante, que posee una de las mayores fortunas del país, «nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público».

LA REVELACIÓN QUE PONE EN PROBLEMAS AL PRESIDENTE

Los papeles de Pandora consignaron que Piñera vendió su participación en el proyecto al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto Délano en una operación de 152 millones de dólares realizada en parte en el paraíso fiscal caribeño.

El pago supuestamente debía producirse en tres cuotas, pero la última estaba condicionada a que la zona no fuera declarada de protección ambiental, según el ICIJ, algo que no ocurrió pese a que en la zona hay una reserva natural con pingüinos únicos que podrían entrar en peligro por la mina.

Estos hechos ya fueron investigados por la Justicia chilena en 2017 y la causa quedó sobreseída, pero la resolución firmada esta jornada por el Fiscal nacional, Jorge Abbott, sostiene lo revelado en los papeles de Pandora no está comprendido entre los que fueron indagados entonces.

El Presidente Piñera argumentó que los hechos ya habían sido investigados previamente en 2017. Foto: EFE.

«El contrato en inglés suscrito en Islas Vírgenes Británicas no estaba incorporado (en la investigación de 2017), por lo que se podría decir que es un antecedente nuevo», dijo a la prensa la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía, Marta Herrera.

La resolución de la Fiscalía señala que, «en un análisis preliminar», las revelaciones periodísticas «podrían configurar los delitos de cohecho, soborno en el caso de particulares y delitos tributarios», presuntamente cometidos por Piñera.

«NADA HA CAMBIADO»

Piñera, quien defendió su inocencia en dos ocasiones esta semana y recordó que los hechos ya fueron juzgados y sobreseídos, reiteró este viernes, a través de una declaración gubernamental, que la Justicia ya sentenció que «los hechos investigados no constituyen delito».

«Nada de esto ha cambiado y no existe ningún elemento distinto, por lo cual resulta difícil comprender la decisión tomada hoy por el Ministerio Público», señala el comunicado.

El Gobierno de Piñera ha enfrentado varias protestas y manifestaciones de rechazo frente a su gestión. Esta fotografía muestra una demostración el 20 de diciembre 2019, en la Plaza Italia en Santiago de Chile. Foto: EFE, Elvis González, Archivo.

La declaración gubernamental subraya que desde 2009, antes de asumir su primera presidencia, Piñera se desligó de la gestión de sus empresas, que nunca participó en la gestión ni la venta de Minera Dominga y que como mandatario «no ha ejecutado acción, ni hecho gestión alguna» en relación a ese proyecto de megaminería.

«Como es de público conocimiento, desde hace más de 12 años, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración gestión de las empresas en las que he participado», recalcó en conferencia de prensa desde Palacio La Moneda. Por último, expresó plena confianza en que la justicia confirmará su inocencia y la ausencia de delitos.

«Estas, y otras injustas acusaciones, son muy dolorosas, no sólo para mi persona, sino que muy especialmente para mi familia, y para todos los que participamos en este Gobierno», concluyó.

UNA «SINVERGÜENZURA»

Las reacciones en la esfera política no se han hecho esperar y algunos de los candidatos a reemplazar a Piñera en la presidencia tras las elecciones del próximo mes de noviembre han expresado que la situación es «extremadamente grave» y una «sinvergüenzura».

«La situación del Gobierno es extremadamente grave (…) lamento que la institución de la Presidencia de la República se vea degradada a tal nivel por la conducta antiética de quien la ejerce», dijo en un comunicado la candidata democratacristiana Yasna Provoste.

Por su parte, el aspirante de izquierdas y primer favorito a ser el nuevo Presidente, según las encuestas, Gabriel Boric, lamentó en su cuenta de Twitter que Chile «sea noticia mundial por su sinvergüenzura».

La indagatoria del Ministerio Público la conducirá la Fiscal Claudia Perivancich, quien ya dijo que espera comenzar las diligencias la semana que viene, mientras que la acusación constitucional también podría iniciar su discusión el próximo miércoles.

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