Guatemala ha sido un país azotado por las dictaduras, principalmente militares, como en el resto de la Latinoamérica del siglo XX.
Los casos emblemáticos fueron los de Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico. Sólo entre estos dos dictadores se llegó a cubrir un periodo de casi cincuenta años, la mayoría de ellos signados por el exilio, la represión, la pobreza y la muerte.
Desde entonces, Guatemala ha padecido gobiernos corruptos y, muy a su pesar, el país es visto (junto con Honduras y El Salvador) como un símbolo exacerbado del atraso económico, social y democrático latinoamericano.
En alguno de estos momentos, seguramente, fue que la frase “Salir de Guatemala y entrar a Guatepeor” se hizo popular.
Hace unos días, sin embargo, una noticia puso a Guatemala bajo la lupa de noticias internacionales, causando un gran impacto en México: la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina, acusado, junto con su vicepresidenta Roxana Baldetti, de una red de corrupción aduanera.
Si bien se ha dicho que la sociedad civil tuvo mucho que ver en la dimisión del mandatario guatemalteco (protestas que se fueron incrementando en las últimas semanas), lo crucial para este corolario fue la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una comisión autónoma auspiciada por la ONU y presidida por el colombiano Iván Velásquez, quien, a pregunta expresa de si estaba satisfecho con lo llevado a cabo gracias a su investigación, expresó: “Falta mucho, el problema de la corrupción en el país es estructural, no es de este gobierno, ni del anterior, es, podría decirse, de décadas, una gigantesca corrupción con una grandísima impunidad ha sido lo que ha generado toda la situación del país.”
Esta corrupción estructural y grandísima impunidad de la que habla el abogado Iván Velásquez es la misma que podría reprochársele al gobierno federal mexicano, el cual hace unos días recibió un tremendo revés relacionado con la muerte y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por parte de una investigación realizada por un grupo de expertos independientes, quienes negaron la versión del gobierno federal.
Según lo publicado por The Guardian, lo que más sorprende de esta investigación es lo señalado por un experto australiano, quien afirma que es insostenible la versión de las autoridades mexicanas en cuanto a la forma en que fueron incinerados los cuerpos (en un periodo de 16 horas y usando un limitado número de plásticos, llantas, gasolina y madera), pues para conseguir esto –de acuerdo al experto australiano- se habrían tenido que necesitar treinta mil kilos de madera o más de trece mil kilos de llantas y alrededor de sesenta horas para consumir los cuerpos, sin dejar rastro.
La verdad histórica, pues, se ha convertido en un desastre y ésta no revela sino la corrupción del gobierno federal en un caso que sigue indignando a la sociedad mexicana, tanto o más que el resto de los crímenes de estado y los gravísimos actos de corrupción (la exonerada casa blanca, en primer lugar) que lo rodean.
Mientras las comisiones que investigan los presumibles actos de corrupción de los altos mandos de los diferentes niveles de gobierno sean amigos o subordinados de los presuntos responsables de tales delitos, México seguirá estando lejos de ver, por primera vez en su historia, la renuncia de un presidente, como acaba de suceder en Guatemala.
La impunidad, por ahora, seguirá siendo la madre de todas nuestras desgracias.
@rogelioguedea
