Ciudad de México, 8 de septiembre (SinEmbargo).- Un estudio de la revista médica British Medical Journal realizado en México encontró que las leyes que restringen o impiden el aborto no conducen, necesariamente, a menores tasas de mortalidad materna.
De hecho, el estudio basado en datos recientes mostró precisamente lo contrario: mayores tasas de mortalidad materna se observaron en los estados mexicanos que se habían relajado sus leyes sobre el aborto, mientras que las tasas de mortalidad materna más bajas se observaron en los estados donde las leyes que restringen el aborto eran más fuertes.
En lo que va del presente año, suman en México 415 muertes maternas, promedio de 1.8 diarias, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) federal, realizado con datos del 1 de enero al 17 de agosto pasados.
La hemorragia obstétrica es el principal motivo de los decesos maternos (ocurridos durante el embarazo, en el trabajo de parto o dentro de los 42 días posteriores a dar a luz), con 100, equivalentes al 24.1 por ciento del total. Luego están por enfermedad hipertensiva, al presentar 89, el 21.4 por ciento, y debido a abortos, 34, el 8.2 por ciento. Las tres anteriores concentran más de la mitad global, con el 53.7 por ciento.
Los resultados hallados por los investigadores de la publicación semanal especializada de la Asociación Médica Británica (BMA por sus siglas en inglés) contradicen la afirmación del movimiento pro aborto, de que la legalización reduciría la mortalidad materna con la prevención de complicaciones de abortos ilegales e inseguros.
El estudio es el primero en su tipo en analizar el impacto de la legislación sobre el aborto en las tasas de mortalidad materna, utilizando los datos de población de un país, en este caso México, que está llevando a cabo un «experimento natural».
Los 31 estados de México y el Distrito Federal tienen leyes sobre el aborto, unas más rígidas y otra más laxas. El estudio utilizó las estadísticas vitales completas de nacimientos y muertes maternas de todas las entidades federativas mexicanas, para el período que comprende desde 2002 hasta 2011, y controlado para 10 variables que se consideran determinantes y primarias de la salud materna, como las tasas de alfabetización y el acceso a agua limpia.
El estudio fue llevado a cabo por un equipo de investigadores y dirigido por el Dr. Elard Koch, director del Instituto MELISA, en estrecha colaboración con el Dr. Monique Chireau, epidemióloga del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Duke, así como el Dr. Fernando Pliego, sociólogo de el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y varios otros.
El estudio es, ciertamente, muy polémico para el caso mexicano, donde se ha argumentado que endurecer las leyes contra la decisión de las mujeres llevan a prácticas inseguras. Muchas de las organizaciones promotoras tanto en el país como en el mundo establecen, con sus propios datos, que el aborto permitido salva vidas.
Sin embargo, el estudio no resuelve otros argumentos a favor del aborto. Por ejemplo, el de aquellas mujeres que deciden suspender el embarazo porque no encuentran condiciones económicas o sociales favorables en su entorno para ser madres. Tampoco toca aspectos como el de la violación o el abuso, o los casos en los que el nonato es detectado con insuficiencia o deformación congénita. El estudio toma datos de mortandad y ofrece resultados con la simple estadística.
En comparación con los estados con legislación sobre el aborto más permisiva, el estudio encontró que los que tienen leyes menos permisivas mostraron un perfil más favorable en varios indicadores relacionados con la salud materna y desarrollo humano.
«Aunque los estados [con leyes] menos permisivas tienen tasas maternas consistentemente inferiores expuestas a la mortalidad, el hallazgo [del estudio] no fue explicado por la legislación del aborto en sí. Más bien, estas diferencias se explican por otros factores independientes, que parecían tener una mayor distribución favorable en estos estados», dice la conclusión del estudio.
Los análisis multivariados «exhaustivos» mostraron que las diferencias observadas en los resultados de mortalidad materna entre los estados se explica en gran medida por una combinación de variables relacionadas con la salud materna, la fertilidad, la alfabetización de la mujer, la violencia infligida por la pareja contra las mujeres y la sanidad.
«Después de controlar los factores de confusión, no hay evidencia de un efecto perjudicial o beneficioso que se pueda encontrar para realizar enmiendas constitucionales que protejan a los no nacidos en un periodo de estudio de 4 años», dice el estudio del British Medical Journal.
EL ESTUDIO Y LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO
El estudio dividió a los 32 entidades de la República en dos grupos: los estados con leyes de aborto más laxas y los estados con leyes de aborto más estrictas.
El Distrito Federal, por ejemplo, permite el aborto hasta la semana 12 de embarazo desde hace 8 años. Sin embargo, algunos estados permiten el aborto después de 12 semanas para casos específicos. Sin embargo, el aborto más allá de la semana 12 en el caso de violación, es legal en los 32 estados.
En 29 estados, las mujeres están exentas de la persecución penal en el caso de conducta «imprudente», tales como el alcoholismo o la drogadicción. En 25 estados están exentos cuando la vida de la madre está en riesgo, mientras que en 14 estados están exentos en el caso de malformación genética o congénita.
El estudio utilizó los 14 estados en los que se permitía el aborto más allá de la semana 12 de malformación genética o congénita, para representar los estados con leyes de aborto más permisivas, y los comparó con los 18 estados restantes.
El estudio encontró que las diferencias en la mortalidad materna no se explicaron por la legislación del aborto, sino por otros factores tales como la tasa de alfabetización entre las mujeres, la atención de la salud materna, el acceso al agua, instalaciones de saneamiento adecuadas, las tasas de fecundidad y el nivel de violencia contra las mujeres.
El estudio sugiere que los países en desarrollo no tienen que por qué relajar las leyes de aborto con el fin de reducir las tasas de mortalidad materna, sino que deben de centrarse en aumentar el acceso a la atención prenatal y la atención profesional del parto en centros de atención de la salud materna.
Además sugiere que se deben de aumentar el número y el acceso a las unidades obstétricas de emergencia, así como ampliar los centros de diagnóstico especializados y la atención prenatal para los embarazos de alto riesgo
También señala que se debe de desarrollar el asesoramiento previo a la concepción y aumentar la planificación familiar para promover embarazos sanos antes de los 35 años de edad, y para evitar embarazos no deseados en los grupos vulnerables.
El estudio sugiere además, ampliar y fortalecer las políticas públicas destinadas a aumentar el nivel de educación entre las mujeres, así como mejorar la detección de la violencia contra las mujeres embarazadas durante la atención prenatal, proporcionando la intervención en casos de violencia doméstica.
EL CASO QUE MARCÓ LA DIFERENCIA
Aunque desde 1936 un grupo de feministas presentaron el documento El aborto por causas sociales y económicas (primera propuesta sobre la despenalización completa del aborto), no fue hasta el 28 abril de 2007, que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la despenalización de la práctica del aborto inducido a petición de la mujer hasta las doce semanas de embarazo.
Los legisladores locales, por 46 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, aprobaron la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF.
La decisión fue impugnada y finalmente el 29 de agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó, por ocho votos contra tres, que era constitucional la legislación que despenaliza en el DF el aborto realizado durante las primeras 12 semanas de gestación.
En 2011, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó la comercialización en México del medicamento Zacafemyl-Mifepristona, que sirve para la interrupción del embarazo y otras trece indicaciones terapéuticas afines.
MUJERES CRIMINALIZADAS POR ABORTAR
De acuerdo con un informe del Grupo de Información de Reproducción Asistida (Gire), presentado el mes pasado, las procuradurías estatales recibieron 682 denuncias por aborto en contra mujeres y sus parejas, médicos y parteras tan sólo de 2013 a 2015.
En el documento Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México, se detalla que desde 2013 nueve personas fueron encarceladas. Los estados donde más se presentan las denuncias son el Distrito Federal, Quintana Roo, Baja California, Veracruz y Guanajuato.
El Gire aseguró que en México las mujeres son criminalizadas por abortar, que no cuentan con acceso a los servicios de salud reproductiva y que sufren de violencia obstétrica.
«El Estado está poniendo al servicio un aparato para criminalizar a estas mujeres. Con los problemas que tiene este pobre País de criminalidad e inseguridad hay un ensañamiento del sistema de justicia de seguir persiguiendo a estas mujeres», lamentó Regina Tamés, directora del Grupo.
«Es increíble que en el Distrito Federal haya denuncias. Tiene la mejor legislación de aborto, donde no se penaliza hasta las 12 semanas, pero la Procuraduría sigue buscando a mujeres y persiguiéndolas por aborto», señaló.
Actualmente, Gire acompaña en litigio a 17 mujeres que fueron violadas, para que tengan acceso a la Interrupción Legal del Embarazo a la que tienen derecho; de ellas, ocho son menores.
Además, sólo seis de las 32 procuradurías estatales emitieron autorizaciones de aborto por violación, reportó el Gire, pero durante 2014 un total 20 mil 526 mujeres interrumpieron legalmente el embarazo.
LAS MUERTES MATERNAS EN MÉXICO
De acuerdo con datos oficiales, la muerte materna en México se presenta en las zonas metropolitanas o ciudades medias, y el 60 por ciento de estas muertes ocurre en mujeres de 20 a 30 años, más del 90 por ciento tuvieron atención prenatal, en hospitales públicos y por causas prevenibles, asociadas con la mala calidad de la atención.
En lo que va del presente año, suman en México 415 muertes maternas, promedio de 1.8 diarias, de acuerdo al reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSA) federal, realizado con datos del 1 de enero al 17 de agosto pasados.
La hemorragia obstétrica es el principal motivo de los decesos maternos (ocurridos durante el embarazo, en el trabajo de parto o dentro de los 42 días posteriores a dar a luz), con 100, equivalentes al 24.1 por ciento del total.
Luego están por enfermedad hipertensiva, al presentar 89, el 21.4 por ciento, y debido a abortos, 34, el 8.2 por ciento. Las tres anteriores concentran más de la mitad global, con el 53.7 por ciento; sin embargo, por causas maternas indirectas no infecciosas, van 91 casos, el 21.9 por ciento.
Respecto a los decesos en féminas de menor edad, éstas representan el 14.4 por ciento, de las cuales dos corresponden al grupo etario 10 a 14 años y otras 58, al de 15 a 19, mientras ya se registró uno en mujer de 50 a 54 años, el mayor hasta el momento, así como dos de entre 45 y 49 años, y 28 de las de 40 a 44 años.
En total, las mujeres embarazadas que perdieron la vida en edades de mayor riesgo, representaron el 21.9 por ciento general.
Por entidades, en el Estado de México van en el lapso señalado, 60 muertes maternas; Distrito Federal, 28; Oaxaca, 25; Chiapas, 23 (en dicha entidada las mujeres indígenas representaron un 44.1 por ciento de las muertes maternas en 2012 y un 42.9 por ciento en 2013).
Puebla y Veracruz, 21; Jalisco, 20; Guanajuato y Guerrero, 19; Michoacán y Tabasco, 18. Todas concentran el 65.5 por ciento de las muertes maternas.
Chihuahua, 16; San Luis Potosí y Tamaulipas, 12; Coahuila, Nuevo León e Hidalgo, 11 por estado; Yucatán, 10; Baja California, ocho; Nayarit, Durango y Morelos, siete.
Cinco defunciones de ese tipo se han presentado en Sinaloa, Sonora y Zacatecas; tres en Aguascalientes, Querétaro y Quintana Roo; dos en Baja California Sur, Campeche y Tlaxcala. Una en Colima.
Además de que la mayoría de las defunciones sólo ocurren en el 21 por ciento del total de los municipios. En 2013, 129 muertes maternas correspondieron a menores de 19 años, seis de estas, a niñas de entre 10 y 14 años. En ese año las niñas y adolescentes representaron el 15 por ciento del total de muertes maternas.
PROBABILIDAD DE MUERTE MATERNA EN MUJERES MARGINADAS ES 5 VECES MAYOR A LA MEDIA
Otro reciente estudio elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)-Sureste, reveló que en los municipios con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) más bajo, fallecen por motivos relacionados con la maternidad 143.08 mujeres, contra las 36.5 que pierden la vida en los municipios más favorecidos, una diferencia de casi cinco a uno.
Graciela Freyermuth Enciso, autora del estudio Determinantes sociales en la mortalidad materna en México, detectó que existe un importante factor de desigualdad social en la llamada Razón de mortalidad materna (RMM), porque «los municipios con más de 40 por ciento de pobreza extrema, tuvieron una RMM dos veces más alta que aquéllos con 20% de esa característica».
El estudio también encontró que de las 861 muertes maternas registradas en 2013, 11 por ciento fue de población indígena, y que los estados de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Yucatán, son las entidades donde más mujeres mueren al dar a luz.
La antropóloga detectó que 11 por ciento de las 861 muertes maternas que ocurrieron en el país en el 2013, esto es, 94 casos, se registró entre las mujeres indígenas, cifra que se incrementa a 42 por ciento en Chiapas. «Es así que vivir en condiciones de pobreza determina menores posibilidades de sobrevivencia», refiere.
A 15 años de que México firmara su compromiso para disminuir las RMM en el país, reto contenido entre los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), éste apenas registra un avance de 56 por ciento al 2013.
Freyermuth Enciso señala que «mientras la meta impuesta por la ONU de reducir la mortalidad materna de México es de 22.2 casos por 100 mil nacidos vivos, las estadísticas disponibles de 2013 indican que todavía se registraron a nivel nacional 38.2 fallecimientos», lo que hace imposible cumplir el Objetivo para éste.
