Cuando a una mujer se le odia, para despropósitos de festejo del calendario o comprensiones denigrantes que se construyan de ella, es siempre la “hermosa”, “delicada”, “sentimental”, “femenina”, “subordinada”, “divina”, “frágil”, “débil”, “gozosa”, “reservada”, “dulce”, “apropiada”… adjetivos que pretenden, extenuadamente, cosificar y tergiversar la onerosa condición económica, social y política de las mujeres. Sobre todo, cuando el inexistente Estado de derecho maquilla el crimen de lesa humanidad para cada uno de los miles de sistemáticos, crónicos e históricos feminicidios en nuestro país.

Para nosotr@s, las familias, víctimas colaterales y revictimizad@s de forma constante y perpetuada por funcionari@s e instituciones, objeto continuado del lucro y de la palabrería demagógica para algunas organizaciones civiles y polític@s sin escrúpulos. Sometidamente, encarnamos la doble condición que resulta de la violencia estructural y de intolerable supervivencia, de hostil a diario en la lucha frente al “¡No Al Carpetazo!” –“carpetazo”, segundo feminicidio ¡simbólico del sistema de procuración de justicia!), de la hora que suplanta a la otra en la exigencia sin descanso de la “¡Justicia y Justicia!” que visibilice la grandeza de nuestras mujeres y se aplique a distintos niveles de lo que fueron en vida, del segundo que se vuelve interminable ante la pérdida terrible de nuestras mujeres a las que, cruel y bestialmente, se les arrebata el derecho a la vida por las posibilidades de perpetrar el crimen: el delito de feminicidio o muerte violenta de cada mujer adulta, niña, adolescente, beba o mujer de la tercera edad.

Amorosa y conscientemente, en nosotr@s echan raíces cada una de ellas, y sus visiones del mundo se extienden en células y moléculas nuestras. La memoria auditiva nos devuelve sus voces, los recuerdos visuales y espaciales, en imágenes ¡vivas! Ellas están presentes. Sin embargo, sobreviene el dolor de la ausencia, sensación de caer en hondo vacío hondo, de sabernos de sentirnos sin acompañamiento sin asesoría psicológica ni legal especializada. Desamparo institucional ¡abismal! ¡Digna rabia de gritos y lamentaciones y señalamientos nuestros que fincan las corresponsabilidades! La cómplice sordez y silencios de injustificable incapacidad del Estado que, ante la irrefutable opinión internacional, no logra tender diálogos ni escuchar los puentes en cada reclamo o peticiones nuestras, de ellas.

Nuestras familias superviven al aplastante cúmulo de emociones: la vulnerabilidad en sus derechos humanos y constitucionales, veneno de la deshumanización para cada integrante que se extingue en salud física y emocional. (Penosamente, mencionar que cada ¡“feminicida”! o “imputado” –o como Uds. consideren eufemísticamente correcto llamarlos por cuestiones “legales”: argumentos imposibles de esgrimir públicamente– se ve liberado, literalmente, en ¡derechos! que ellos violentaron para ellas y para nosotr@s, víctimas directas y colaterales del feminicidio.

Aquellas garantes que aseguran su integridad humana sirven sólo como la panacea misógina de su protección –y que a nosotr@s nos aniquila, nos estruja–: la aplicación de los Derechos Humanos que, a todas luces, evidencian la ausencia del correcto manejo de los “Protocolos de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio”.

Sí: “humanistas” de la corrupción, los del Congreso mexicano, siempre ajenos – por decisión propia– a la vida nacional ¡emergente! Padrinos o madrinas de la impunidad para l@s que consuman el feminicidio.

Nuestro gobierno federal, estatales y municipales, respectivamente, ni nos representan y nos fallan, perpetúan la indolencia y la resistencia al cambio. O “¡¿bajo qué mecanismos logran olvidar que nosotr@s somos familias víctimas?!”, “¡De qué se nos imputa?”, “¡¿Hasta cuándo seguirá operando la banalidad, la indolencia burocrática hacia nosotr@s?!”

Nuestras mujeres fueron asesinadas, nuestras mujeres son asesinadas, y con ellas, para ellas, ¿la esperanza funcional? ¿El anhelo de paz y justicia en nuestro país? Nos repetimos “ellas, hoy, no pueden decirnos qué pasó, en cambio, estamos nosotr@s: nuestra fuerza, sus voces. Nos habita el clamor de su digna fuerza. Convencidamente, somos las voces de su ausencia”.

Inflexible es nuestra gobernancia –¡disfuncional!, pero a la que combatimos–; nuestros gobernantes –rígid@s, ideológicamente fálic@s, machistas, patriarcales…–, bajo el peso del costal de feminicidios a costa de nuestras mujeres. Un mensaje ambiguo o claro a ojos vistas: “Nada pasa, nada te pasa si en México tú matas a las mujeres”.

Luego, cala en la conciencia colectiva un mensaje de monstruosa realidad: ¡¿Dónde están nuestras desaparecidas?! ¡¿En qué extrajudicial o desaparición forzada se encuentran?! “El no saber dónde puedan estar y no saber nada ellas para nuestras familias es morir día con día por tantísimas incógnitas que enfrentamos como podemos. ¡¿Por qué a las autoridades les da igual una más, cómo pueden con el “pos ¡qué más da!?!”

Por consiguiente, las familias víctimas colaterales de cada feminicidio, las familias que integran las “Voces de la Ausencia” hacemos el siguiente pronunciamiento:

-El feminicidio es de emergencia nacional y ninguna agenda pública la contempla.

-Como emergencia nacional es obligatorio activar la “Alerta de Genero” en todo el territorio nacional, donde se asegure que ministerios públicos, policías, jueces, peritos… funcionari@s de distintas dependencias sean capacitad@s para investigar, con perspectiva de género, cada feminicidio, asesinato violento o desaparición de mujeres, como dicta la Sentencia “Mariana Lima”.

-Las primeras 24 horas de la ausencia y desaparición de una mujer son cruciales, tiempo en el que se puede evitar su asesinato. Por ello, exigimos:

-Se garantice el personal con la capacidad profesional que actúe de manera ética y rápida para cada caso;

-Se asegure el bienestar de cada familia.

-Se active, de manera inmediata, una alerta por cada desaparición. (Sus tiempos para nosotr@s son vitales en lo más mínimo).

-Se mantengan en óptimas condiciones “cámaras de seguridad”: su existencia no pueden simular funcionalidad.

-Las familias somos las víctimas no l@s delincuentes.

-Los Derechos Humanos deben de ser garantizados y ejercidos al 100 por ciento para las familias.

-Deben ser ejercidos y válidos los protocolos correspondientes en cada uno de los feminicidios o crímenes violentos por condición de género, resguardando así cada evidencia en el lugar y el espacio donde es hallado el cuerpo de la víctima. (Denunciamos la pérdida de pruebas y la contaminación de las mismas).

-Nuestras mujeres fueron silenciadas, nosotros no. Hoy por hoy, somos su voz, su grito de ausencia.

-Nos hallamos ante un Estado fallido, donde las leyes están deshabilitadas y dan paso al exterminio de nuestras mujeres.

-Nada puede detenernos, llegaremos hasta las instancias internacionales de ser necesario.

SinEmbargo compartió el año pasado el caso de la maestra Patricia Mora Herrera, quien dedicó su vida a la educación. La mujer, de acuerdo con la familia, creía en las instituciones, mismas que hoy no entregan certezas. Entre aulas, talleres, cursos y estudiantes, Patricia se condujo hasta la tarde del viernes 10 de noviembre del 2017, fecha en la que fue asesinada y abandonada en un terreno de Zacapoaxtla, Puebla. Hoy, a casi seis meses de distancia, el femicidio sigue sin aclararse.

“Ya voy a llegar”, escribió la maestra Mora, de 43 años de edad, a su familia, luego de pasar la jornada en un curso de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Eran las 18:00 horas cuando se aproximó a su domicilio –junto al colgado triángular en el que sería localizada sin signos vitales–. Descendió del vehículo de un amigo, identificado como Carlos Blanco Aguilar, frente a las instalaciones de la policía estatal (a 30 metros de su hogar), y desapareció.

“Patricia es madre de dos hijos. Ingeniera industrial. Impartió talleres para jóvenes que buscaban entrar a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), dirigió equipos de ajedrez, equipos de baloncesto, dirigió escoltas. Era una intelectual. Alguien que le costó sudor para pasar su examen de oposición, para ganarse una plaza”, dijo en diciembre Jacobo Mora Herrera.

A las 18:20 del viernes 20, el círculo cercano de Patricia supo que algo andaba mal.

–¿Tío, no está por allá mi mamá? – preguntó la hija de la víctima a Jacobo, quien no dudó en ponerse en contacto con las autoridades y con la Cruz Roja. No había reportes de choques en carreteras ni en hospitales. La noche y madrugada, entonces, se tornó en búsqueda.

De acuerdo con la Fiscalía General de Puebla, sujetos interceptaron a la profesora, la sometieron para robarle y la llevaron hasta el terreno en el que la asfixiaron.

“En las diligencias desarrolladas consta que los agresores pretendían atacar de forma sexual a la víctima, pero al ver que había fallecido se fueron del lugar. Los dictámenes periciales descartan violación”, detalló la dependencia poblana en un boletín emitido el 22 de noviembre, casi dos semanas después del crimen.

ASESINARLA OTRA VEZ

Cerca de las tres de mañana del sábado 11, Jacobo se trasladó hasta el anfiteatro que se encuentra en el panteón municipal. Preguntó a las autoridades si el cuerpo que localizaron miembros del comité vecinal era de su hermana, le notificaron y comenzaron los “insensibles” cuestionamientos: “Aún puedo escuchar a Julio Cruz (identificado como policía judicial) preguntarme a quema ropa: ‘¿por qué crees tú que estaba en cueros?’”, relató Jacobo en una carta pública.

El joven narró que el cuerpo de su hermana estuvo en el anfiteatro, cuya puerta “era sostenida por un palo de escoba”, y que se encontraba sin resguardo hasta que apareció el médico legista (lo cual ocurrió hasta al amanecer). Recordó que le pidieron que consiguiera el material para la necropsia. Así lo hizo y les solicitó que le extrajeran algo de las uñas al cadáver, por si Patricia había tratado de defenderse, obtener algo que pudiera identificar a los responsables.

“Para llevar a cabo una necropsia con perspectiva de género tiene que haber un criminalista, un médico legista y un forense. Pero, ¿qué teníamos? Un médico legista con cuatro estudiantes de preparatoria”, contó el joven a este diario digital.

El 22 de noviembre, la Fiscalía General del Estado gobernado por el panista José Antonio Gali Fayad anunció que había esclarecido el caso: informó la detención de Fernando N. de 37 años de edad y un adolescente de 16 años de edad, acusados de ser los responsables del feminicidio.

La dependencia a cargo de Víctor Antonio Carrancá Bourget destacó que había tenido contacto directo con la familia, pero Jacobo denunció que les han negado el acceso a indagatoria oficial.

“Era una mujer que confiaba, de verdad. Confiaba en las instituciones. Quieren asesinarla otra vez con el carpetazo, el asesinato simbólico. Quieren enterrar su justicia. Están dejando cabos sueltos para que cualquier persona acredita, un abogado de oficio, los libere. Están violando leyes. No nos han dado la carpeta de investigación”, afirmó Jacobo.