Entre hacinamiento, explotación infantil, desregulación de transporte de una zona a otra y sin seguridad social, la COVID-19 brotó entre jornaleros agrícolas y sus familias, a pesar de las guías de medidas sanitarias distribuidas por la Secretaría del Trabajo a las empresas productoras.
Ciudad de México, 8 julio (SinEmbargo).– Durante la pandemia se han registrado brotes de contagio de la COVID-19 en albergues donde viven en hacinamiento jornaleros agrícolas y sus familias en Sonora, Chihuahua, Zacatecas y Baja California Sur. Al menos dos han fallecido en Delicias y Fresnillo, reportó la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas durante una conferencia de la Secretaría de Agricultura (Sader).
La Secretaría de Salud no brinda información periódica sobre casos positivos de coronavirus en la población jornalera, donde ocho de cada diez no tienen seguridad social. El 18 de junio la delegación de Chihuahua esbozó que hubo un brote en Meoqui con 27 casos y un muerto.
La coordinadora de la Red, Isabel Margarita Nemecio, detalló a SinEmbargo que entre junio y julio se han registrado brotes en Poblado Miguel Alemán, Sonora (11 casos); en Delicias, Chihuahua (un jornalero falleció) y Meoqui (27 casos en un albergue); Fresnillo, Zacatecas (una mujer jornalera falleció); Vizcaíno, Baja California Sur (se desconoce el número de casos) y 3 mil jornaleros procedentes de Guerrero, Michoacán, Nayarit y Sinaloa se encuentran en alto riesgo de infección en Zacatecas debido al hacinamiento en el que viven concentrados en bodegas, en grupos de entre 40 y 60 personas, incluso familias completas.
«No hay medidas de higiene. Al ser bodegas no se pueden garantizar las medidas de las Guías de la Secretaría del Trabajo. Existen, pero quién vigila que se apliquen», dijo Nemecio. No descarta que haya más casos no detectados. En Guanajuato se sabe que falleció un jornalero indígena oriundo de la Montaña de Guerrero y lo enterraron en algún panteón cercano al campo agrícola donde laboraba. Pero no ha podido localizar a la familia para confirmarlo.
La falta de insumos médicos en los centros de salud, su lejanía o la carencia de seguridad social ha limitado la identificación y atención de contagios, detectó la Red Nacional de Jornaleros.
A nivel nacional, hay 2 millones y medio de jornaleros y jornaleras en la agricultura, sin embargo, ya que suelen viajar con sus familias, se estima que la población impactada por esta actividad laboral alcanza los 5.9 millones de personas, reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Desde Guerrero, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recriminó que «los que dan de comer a México son los trabajadores más vulnerables y a los que no se está protegiendo».
La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján coincidió durante el conversatorio que gracias a la actividad de los jornaleros y familias campesinas no hemos tenido ningún problema de desabasto, ya que el campo no ha parado ni en semáforo rojo al considerarse una actividad esencial bajo determinadas medidas sanitarias.
En Baja California, Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, donde predomina la producción de hortalizas y frutas para atender el mercado de Estados Unidos, se concentra el 80 por ciento (cerca de 200 mil personas) de la población jornalera del norte de México. Tienen circuitos laborales con entidades del centro y sur del país, como Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Chiapas, Puebla y Guanajuato, que concentra el 46.5 por ciento de la población jornalera a nivel nacional, esto es poco más de 500 mil. En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango domina la producción frutícola, algodonera y cañera, documenta el informe “Los jornaleros agrícolas migrantes” del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
Ganan el salario mínimo de 185 pesos diarios (por 8 horas en temporada baja) y unos 400 pesos (por horas extras en temporada alta).
El 22 de abril, expuso Alcalde, se publicó la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante la COVID, la cual proporciona una serie de recomendaciones para la planeación, capacitación, prevención, protección y monitoreo desde la cosecha hasta la distribución. Y también la Guía para el Retorno Seguro de Jornaleros Agrícolas que brinda ocho recomendaciones, considerando promoción de la salud, filtros de control, equipos de protección y medidas específicas para el retorno seguro en el transporte.
En el caso de Driscoll’s, empresa de producción de berries, su Director general Mario Steta compartió que han implementado estas guías con acciones como escalonar horarios, modificar las estaciones de miles de lavados de manos para que se activen con los pies; evitar compartir comida y utensilios de cocina; y proveer insumos de protección. Cuentan con personal médico para detectar contagios y aislarlos, se toma la temperatura y se instalaron arcos de desinfección.
La Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde agregó que a través del Programa de Movilidad Laboral para Jornaleros Agrícolas se colocaron 5 mil 878 jornaleros en empresas que respeten la Ley Federal del Trabajo (prestaciones de ley, seguridad social, vivienda adecuada, transporte con seguro de protección de accidentes) y se continuó con el Programa de Trabajadores temporales México-Canadá con 13 mil jornaleros con contrato de 6 meses, jornada de 8 horas, salario de 14 dólares por hora con movilidad ordenada y segura.
Sin embargo, la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros Isabel Nemecio expuso que esta serie de medidas de la Secretaría del Trabajo se han visto «limitadas» porque, ante la falta de un diagnóstico y perfil del sector, algunas de las rutas de desplazamiento de los jornaleros no están identificadas e incluso hay quienes se movilizan por su cuenta.
Y si bien hay empresas que generan condiciones laborales idóneas, también hay otras que «no están tomando ninguna medida» pese a las guías, dijo Nemecio.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, agregó que a pesar de que la migración jornalera incrementará en estos meses por la crisis económica, no hay un registro claro de las empresas de transportistas que no brindan un seguro del viajero, ni monitoreo en «campos de esclavitud» que aún operan de manera irregular.
Además, dijo Isabel Nemecio de la Red Nacional de Jornaleros, no en todos los centros de trabajo se les garantiza vivienda a la población jornalera, por lo que «las familias tienen que organizarse para alquilar casas con carencia de servicios, donde no pueden estar en condiciones salubres de distanciamiento social».
Barrera coincidió que «el quedarse en casas es quedarse en galeras, en los surcos y en el suelo. Estar sin agua y que los niños no estén en sus comunidades ni en escuelas».
Sobre la situación particular de las mujeres jornaleras, Gisela Espinosa, académica de Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), abundó que llegan con desventaja porque desconocen sus derechos laborales y algunas son analfabetas o monolingües, lo que les dificulta la comunicación con personas que hablan español o inglés.
«Tienen doble jornada. No importa que trabajen en los campos porque tienen que realizar tareas de cuidado y reproductivas en las áreas habitacionales, donde el hacinamiento es muy fuerte y el acceso a agua potable es deficiente», afirmó. «La sana distancia es imposible».
Otro de los retos en el marco del T-MEC, dijo la Secretaria del Trabajo Luisa Alcalde, es erradicar el trabajo infantil en las actividades agrícolas.
«No solo es inspeccionar y prohibirlo, sino atender la pobreza y falta de infraestructura educativa y de salud para que las familias agrícolas que migran encuentren al llegar en los campos agrícolas la posibilidad de que los niños sigan estudiando y que se integren a los programas de Bienestar, que sean un incentivo real para que los niños no tengan que trabajar y apoyar en el sustento familiar», afirmó.
RETOS EN DETECCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS
Ricardo Cortés Alcalá, Director general de Promoción de la Salud, ejemplificó que en el municipio jornalero de Vicente Guerrero, en Baja California, hay 36 unidades de primer nivel de atención fijas y móviles con personal médico, enfermería y promoción de salud, un hospital rural del IMSS-Bienestar y otro servicio del ISSSTE.
La causa principal de enfermedad en esa zona, detectó, son las infecciones respiratorias agudas. En 2018 se tuvieron más de 30 mil casos y seguramente esta cifra se incrementará por el coronavirus, estimó.
«Hay que dar tratamiento médico, pero también hay que analizar muy de cerca los determinantes de la salud que hay que atacar como la educación, alimentación nutritiva y no procesada, servicios básicos, empoderamiento de la comunidad con información para tomar decisiones correctas y lograr la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno para el cuidado de la salud», dijo.
Pero la coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros Isabel Margarita Nemecio alertó que a veces las brigadas de salud solo cubren ciertas áreas o las unidades de salud están muy alejadas de los centros de trabajo de los jornaleros.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que no hay instancias gubernamentales que atiendan con módulos de salud desde los puntos principales de salida de la población jornalera en Cochoapa, Tlapa y Metlatónoc.
«Están saliendo sin ninguna protección ni diagnóstico», dijo.
Solo en mayo y junio migraron alrededor de 6 mil personas de la entidad sureña hacia Chihuahua, Zacatecas y Baja California. Muchas de las mujeres van embarazadas o con sus bebés en brazos y, en plena pandemia, trabajan embarazadas.
