La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Jalisco acaba de aprobar con 10, de sus 13 votos, la eliminación de la inmunidad mejor conocida como fuero Constitucional, lo que esta medida significa que va firme para ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa. Se llega, claro, después de un largo debate y un acuerdo político que permite avanzar en la lucha contra la impunidad de los servidores públicos tapatíos que no están exentos de excesos.
Sólo en este estado del occidente la disposición protege nada menos que 1 mil 589 funcionarios públicos. Estos son el Gobernador, los 39 diputados, los 14 secretarios del Poder Ejecutivo, los 40 magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Administrativo, el Fiscal general, el Procurador social, el presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Instituto de Transparencia, los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral, el Auditor del estado, los 125 presidentes municipales y sus respectivos síndicos y 1 mil 227 regidores.
Y anotamos a todos para dar cuenta de cómo cuando en aprobar leyes se cae con mucha frecuencia en la desmesura. El exceso innecesario. En la violencia contra el espíritu que da sentido a una Ley que busca garantizar la libre expresión de las ideas sin que esto signifique poner su cabeza en el cadalso.
La doctrina jurídica clásica, nos dice el maestro Berlín Valenzuela, concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados, así como de otros servidores públicos contemplados en la Constitución, que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo al que pertenecen: Parlamento, Congreso o Asamblea… El fuero o la inmunidad se entienden también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos, para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, en los regímenes democráticos, y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.
La existencia del fuero constitucional tuvo sentido en un momento en que el poder era absoluto, sin contrapesos u omnipotente. Vamos, sin instituciones que garantizaran la libertad de expresión –aún, con todos los peros, que podamos y deseemos ponerle- eso ya no existe, lo sabe la gente, ahora existe un entramado de instituciones que al menos complica la existencia a los políticos.
Y todavía más, cuando sabe que el fuero perdió su sentido y se transformó en una suerte de tapadera para cualquier acto de corrupción. Se han cometido y se cometen todo tipo de agravios públicos en aras de que se cuenta con esa malla de protección. De no haber existido el fuero seguramente muchos políticos hubieran sido inhabilitados e incluso encarcelados.
Y también es un asunto de percepción. La encuestadora Parametria realizó entrevistas telefónicas y de vivienda en 2009 y 2010 para preguntar sobre el fuero. El 56 por ciento y 44 por ciento, respectivamente dijeron saber de esa disposición Constitucional. En ese mismo orden el 76 por ciento y el 80 por ciento señalaron que el fuero servía para cubrir actos de corrupción no para expresar libremente sus ideas. El 71 por ciento estaba en desacuerdo con la existencia de esta figura jurídica. Pero, cosa curiosa, sólo el 19 por ciento estuvo de acuerdo con que la Ley no permita expresar libremente sus ideas.
En suma, el fuero Constitucional tiene mala fama y hacen bien en Jalisco plantearse eliminarlo. Más cuando constitucionalmente se prevé que en el caso de delitos del fuero común –como fue el caso de la ex Diputada local sinaloense Lucero Sánchez López que ingresó a la cárcel del Altiplano con documentos falsos para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán- los políticos sean sometidos a un juicio de procedencia para determinar si existen suficientes elementos para inhabilitar al sujeto político.
Es decir queda redonda, y de aprobarse la Ley estatal cualquier servidor público podrá ser juzgado de la misma manera que le sucede a cualquier otro ciudadano que se vea involucrado en la comisión de un delito.
Claro, están los que en clave democrática señalan que debe haber una figura que garantice la libre expresión sin que esto signifique ponerlo en una situación de fragilidad ante el poder federal o estatal, igualmente de que los políticos en cargos de responsabilidad pública no puedan ser acusados falsamente pero eso está garantizado en otras leyes de este y otros estados.
En definitiva, Jalisco toma la iniciativa de reformar lo que hasta hace poco era uno de los tabúes políticos más preciados y eso es bueno para avanzar en contra de la impunidad que alcanza con mucha frecuencia a los agentes políticos.
Esperemos que esta iniciativa contagie a otros Congresos estatales ya que con este tipo de iniciativas convertidas en Ley, los funcionarios públicos estarán más cerca de la realidad y la vida de cualquier ciudadano.
Vamos, vuelve algo igual el ejercicio del poder.
