Para comprar un bistec, un mexicano necesita trabajar más de 14 horas, 396 por ciento más tiempo que en 1987. Otras alternativas para comer, además de tener que trabajar más horas, es buscar dos o más empleos por persona, incorporar a otros miembros de la familia a trabajar independientemente de su edad o condición de salud, emigrar o aceptar un empleo pese a la distancia, expuso el estudio «México: más miseria y precarización del trabajo» del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) publicado este miércoles. Sin embargo, si eso no es posible y tampoco se reciben transferencias del Gobierno, se está destinado a caer en una situación de pobreza, aseguró Miguel Reyes Hernández, miembro del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión.
Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Del 16 de diciembre de 1987 al 25 de abril del 2016, los mexicanos se han visto orillados a cuadriplicar las horas de trabajo para poder seguir comiendo ya que la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo durante ese periodo es de 79.11 por ciento y, por el contrario, el precio de la Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) subió de 3.95 a 213.46 pesos diarios, de acuerdo con el reporte «México: más miseria y precarización del trabajo» realizado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Esta situación, afirma el informe, se expresa en el deterioro de los niveles de vida de las familias mexicanas: los trabajadores tienen que laborar más tiempo para intentar nivelar su consumo, lo que los priva de descansar, convivir, educarse o ejercer actividades recreativas. Además, el aumento del precio de la canasta se refleja en la contracción del consumo de productos básicos como leche, tortillas, pan, huevo y frijol.
«Para el 16 de diciembre de 1987 un trabajador debía trabajar 4 horas y 53 minutos para adquirir todos los productos que componen la CAR en tanto que, para el 25 de abril de 2016, el mismo trabajador necesitó trabajar 23 horas y 22 minutos para comprar la CAR, es decir, en un intervalo de 29 años se cuadruplicó el tiempo que se requería para comprar una CAR, registrándose un incremento del 412 por ciento», expone el CAM.
En el último mes de 1987 –cuando el país registraba una inflación de 159 por ciento, una devaluación del peso del 33 por ciento y la caída del precio internacional del petróleo a 11 dólares por barril– el Tiempo de Trabajo Necesario (TTN) para adquirir un kilo de tortilla era de 24 minutos. El 25 de abril de este año, cuando el salario mínimo es de 73.04 pesos, para poder comprar lo mismo se tuvo que trabajar 1 hora con 31 minutos, un aumento de 446 por ciento.
En el caso de un kilo de carne de bistec de res, el 16 de diciembre de 1987 el TTN requerido para adquirirlo era de 5 horas con 25 minutos de una jornada laboral de 8 horas. Sin embargo, para el 25 de abril de 2016 se necesitó laborar 14 horas y 46 minutos por el mismo producto, es decir, un incremento de 396 por ciento.
De esta manera, añade el documento, el consumo de la carne de res dejó de ser considerada como una posibilidad de consumo ordinario para las familias trabajadoras y ahora pasó a ser considerada como un alimento de lujo.
«La gente que no alcanza a trabajar ese número de horas y que otro miembro de la familia no puede trabajar para un ingreso adicional, entonces está recibiendo transferencias [de programas sociales] y de esa manera compensa de cierta forma la pérdida de la caída del ingreso. Como los salarios han caído de una manera significativa, de 1997 a la actualidad la cobertura de transferencias ha pasado de 5 millones a 25 millones, pero la pobreza no ha bajado de una manera importante. Si tampoco recibe transferencias, entonces cae en situación de pobreza y es lo que está ocurriendo», afirmó Miguel Reyes Hernández, miembro del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión de la Universidad Iberoamericana.
De 1987 al año 2016, dice el estudio, la política salarial ha registrado durante seis sexenios «una tendencia negativa del poder adquisitivo del salario» y «no ha logrado una recuperación».
El Presidente Enrique Peña Nieto declaró en el marco del Día del Trabajo que de diciembre del 2012 a diciembre del 2015, el salario mínimo general promedio acumuló una recuperación en su poder adquisitivo de 5 por ciento. Pero «es totalmente falso», acusa el CAM. Del 1 de enero del 2013 al 13 de octubre del 2015 registra una pérdida del poder adquisitivo del salario de 9.65 por ciento.
El coordinador del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL), David Foust Rodríguez, dijo en entrevista a SinEmbargo que «hay una política de congelamiento de los salarios y México es el único país de Latinoamérica que ha permanecido en una situación así, y eso evidentemente ha deteriorado la situación especialmente en la gente que recibe entre uno y dos salarios mínimos».
«Hay una decisión por parte de las élites que gobiernan este país de mantener los salarios artificialmente deprimidos. Las personas no trabajarían por esos salarios si quitaran el tope salarial. Pero la Conasami [Comisión Nacional de los Salarios Mínimos] continúa esa política reiterada por órganos como el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana]», aseguró.
La caída del poder adquisitivo, sigue el estudio del CAM, «precariza brutalmente las condiciones laborales de los trabajadores, es decir, aunado a la caída del salario real se encuentra hoy el aniquilamiento de todas aquellas prestaciones laborales que le representen un costo al empresario, como lo son entre otras, el reparto de utilidades, el aguinaldo y el pago de horas extras», dice el reporte.
Otras alternativas para comer, además de trabajar más horas, es buscar dos o más empleos por trabajador; incorporar a otros miembros de la familia a trabajar independientemente de su edad o condición de salud; emigrar o aceptar un empleo pese a la distancia.
Pero aunque la tasa de desocupación ronda el 4 o 5 por ciento, añadió Foust Rodríguez, «en el primer trimestre de este año, la Tasa de Ocupación en Condiciones Críticas creció del 12 al 14 por ciento […] La gente está insatisfecha por estar en un país donde no se puede vivir bien».
CONTRACCIÓN «DRAMÁTICA» DE CONSUMO
Antes un salario mínimo alcanzaba para más. Pero las políticas salariales han provocado que la contracción del consumo de las familias mexicanas sea «dramática», afirma el estudio.
Actualmente, determinó el CAM, 32 millones de trabajadores en México sobreviven en diferentes niveles de miseria porque su ingreso es insuficiente para adquirir la Canasta Básica.
Durante 1987-2016, por cada peso que aumentó el salario, el precio de la canasta alimentaria recomendable aumentó cinco pesos. Para adquirir la canasta los trabajadores mexicanos requieren de un ingreso mensual promedio de 6 mil 403.80 pesos, el equivalente a casi 3 salarios mínimos diarios, calculó el Centro.
Si hubiera una distribución equitativa de acuerdo a lo que se produce, declaró Reyes Hernández, los mexicanos no tendrían por qué estar trabajando más horas y podrían aspirar a un nivel de vida adecuado y digno.
«Es un problema distributivo al interior de las empresas […] somos el país de la OCDE más inequitativo en cuanto a distribución del ingreso», sostuvo.
Con un salario mínimo, en 1982 se podían comprar 18 litros de leche y ahora, en abril de 2016, solo cuatro. De los 51 kilos de tortilla que hace 34 años se podían adquirir, ahora, con el mismo dinero, solo se obtienen 6 kilos.
En 1982 podían tenerse 280 piezas de pan y en abril de 2016 solo 44. Por la misma cantidad, antes se podían comprar 8 kilos y medio de huevo y en 2016, 2 kilos del mismo producto. Y, de acuerdo con el informe, hace 34 años, con un salario mínimo, podían comprarse 12 kilos de frijol y actualmente solo 3 kilos.
Un factor que impide una distribución equitativa , añadió el académico de la Universidad Iberoamericana, es que las grandes corporaciones no pagan los impuestos que dan las pequeñas y medianas empresas, que es una tasa del 20 por ciento sobre sus ingresos netos. De esa manera no solo habría ingresos para programas sociales asistencialistas, también recursos para seguridad social universal y ampliación de cobertura educativa.
«Pero no hay voluntad política para sentarse a negociar con empresarios y representantes de trabajadores», concluyó.
