Pese a que durante el Gobierno de Roberto Sandoval, Nayarit se ha situado con registros oficiales muy bajos en materia de inseguridad, en 2013 el Observatorio Nacional Ciudadano destacó que además de una drástica reducción de homicidios dolosos, las cifras del estado indicaban “cero” casos de extorsión y de otros delitos durante los primeros tres años del sexenio del priísta. Le entró la duda. Consideró que debía haber un problema de registro.
En 2015, la organización hizo un trabajo de campo en el estado y, según cuenta su director Francisco Rivas, hallaron que el Gobierno de Sandoval no tenía respuesta a su pregunta de cómo había logrado reducir los índices de violencia. “El Gobernador dijo que el Fiscal General estaba haciendo un gran trabajo y se paró y se fue”, recuerda Rivas.
Hoy, el Fiscal Édgar Veytia se encuentra preso en Estados Unidos por tráfico de drogas.
Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Si el combate a la delincuencia se midiera sólo por las cifras de homicidio doloso que registra el Ejecutivo federal, el Gobernador priísta de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, sería un éxito debido a que, entre 2011 y 2016, logró reducir ese indicador un 91.4 por ciento.
Ex Alcalde de Tepic, Sandoval llegó a la gubernatura durante el “combate frontal” al narcotráfico del Presidente panista Felipe Calderón, y esa pequeña entidad del Pacífico, de 1.2 millones de habitantes pero ubicada entre Jalisco y Sinaloa, registraba aumentos sin precedentes en sus indicadores de violencia.
Tan sólo entre 2009 y 2010, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hubo 147 por ciento más asesinatos (de 148 a 367 casos); aumento que se mantuvo al año siguiente, cuando la cifra pasó a 456 crímenes.
En septiembre de 2011, sin embargo, Sandoval asumió como Gobernador y, para el siguiente año, los datos del SESNSP –que se alimentan con lo que informa cada Ejecutivo Estatal–, indicaron un inmediato marcado decremento en este tipo de ilícitos: hasta un 46.4 por ciento menos, de 456 a 244 casos.
Junto con Sandoval, al Ejecutivo estatal llegó su anterior Jefe de Seguridad Pública, el abogado Edgar Veytia Cambero, y el “éxito” en materia de seguridad continuó cada año hasta que, en diciembre de 2016, las estadísticas que Nayarit envió a la Federación lo empataron con Aguascalientes –históricamente bajo en asesinatos– como el estado menos violento de México, con 42 casos cada uno.
Ni aun Yucatán, que tampoco ha registrado alzas drásticas de violencia en todo el periodo de guerra contra el narcotráfico, lució tan ajeno a la criminalidad como Nayarit en esas cifras.
“Con decisión y responsabilidad, el Gobernador Roberto Sandoval enfrenta la delincuencia; hasta la fecha hemos logrado mantener a Nayarit en el segundo estado más seguro del país y con menos incidencia delictiva; ya quisieran Tamaulipas y Sinaloa gozar de esta tranquilidad”, dijo Veytia en diciembre de 2013, de acuerdo con un boletín oficial.
ADEMÁS
“Las estrategias de seguridad, el trabajo en unidad y las reuniones ordinarias que sostiene periódicamente el Grupo de Coordinación Interinstitucional Nayarit, han sido piezas claves para regresar y mantener la tranquilidad en la entidad, manifestó el Fiscal General del Estado, Edgar Veytia”, agregó el boletín oficial.
Ese mismo 2013, sin embargo, el Observatorio Nacional Ciudadano, una organización especializada en monitorear la política de seguridad en México, advirtió que, además de una drástica reducción de homicidios dolosos, las cifras de Nayarit indicaban “cero” casos de extorsión y de otros delitos durante los primeros tres años del sexenio de Sandoval, por lo que consideraron que debía haber un problema de registro.
Con el paso de los años, en los que no obtuvieron respuesta a sus solicitudes de información sobre otros crímenes que tampoco registra la entidad, como las desapariciones, el Observatorio Nacional finalmente hizo en 2015 trabajo de campo en Nayarit.
Y entonces, dice el director ejecutivo del Observatorio, Francisco Rivas, se dieron cuenta que el Gobierno de Sandoval no tenía respuesta a su pregunta de cómo había logrado reducir los índices de violencia.
“Esos datos que veíamos tan bajos, cuando volteábamos a ver las capacidades institucionales de Nayarit, pues no pegaban; es decir, las policías salían mal evaluadas, no estaban bien capacitadas, el desarrollo policial era incompleto, la Fiscalía General de Justicia del Estado, mal en periciales, mal en atención a víctimas; el área de estadística para llorar; entonces, pues resulta extraño pensar que una autoridad es capaz de disminuir el delito sin mejorar las condiciones institucionales”, dice Rivas.
“Porque, o mejoras las condiciones institucionales, o hubo una intervención federal fuerte, o estás falseando los datos, o hay otras cosas que están haciendo que de todos modos son ilegales. Y esa fue nuestra observación: en Nayarit hay algo que no pega, los números no pegan con lo que la realidad institucional arroja”, agrega.
En entrevista, Rivas narra que en su encuentro con el Gobernador Roberto Sandoval le planteaba que “lo mínimo” que tenía que hacer era cuestionar las cifras que le presentaba el Fiscal y, sobre todo, insiste, tener forma de explicar la forma en la que se estaba controlando la violencia.
“El Gobernador dijo que el Fiscal General estaba haciendo un gran trabajo y se paró y se fue”, dice Rivas.
«ALGUIEN NO HIZO SU TRABAJO»
La sospecha de que algo no estaba bien en materia de seguridad pública en el estado de Nayarit se confirmó el pasado 27 de marzo, cuando el Fiscal General del Estado, Edgar Veytia, fue detenido en San Diego, California, acusado por una corte de Nueva York de conspiración para introducir sustancias ilícitas en ese país, como cocaína, metanfetaminas, marihuana y heroína.
El arresto no podría llegar en peor momento. En el estado inició ya la campaña electoral para renovar la gubernatura y el partido en el Gobierno, el PRI, debe remontar no sólo los escándalos de corrupción de los ex gobernadores prófugos, sino los peores índices de popularidad del Presidente de la República.
Y en el caso específico de Nayarit, consideró el investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández Rodríguez, el descrédito de tener un Fiscal acusado en Estados Unidos de haber participado en negocios del narcotráfico.
“Lo que acaba de ocurrir en Nayarit, e insisto que es un asunto absolutamente de orden local, esto sí puede afectar mucho más las cosas”, dijo Hernández, autor de “Historia Mínima del PRI”.
El PRI emitió el pasado 1 de abril un comunicado pronunciándose por el esclarecimiento de las acusaciones contra Veytia, la prevalencia del Estado de Derecho y “las garantías de que en Nayarit y en nuestro país no hay nada ni nadie por encima de las instituciones” ni de las leyes.
En el boletín, el PRI también mencionó que “es de destacar que en febrero de 2013, [Veytia] fue ratificado por unanimidad en el cargo de Fiscal General con el voto de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso del estado de Nayarit”, y que “dicho ex funcionario no ha sido militante ni se encuentra afiliado al partido”.
ADEMÁS
Veytia, sin embargo, había trabajado con Sandoval durante los últimos ocho años. Nombrado el primer año de la Alcaldía de Sandoval en Tepic como jefe de Tránsito, el ex funcionario fue luego su Secretario de Seguridad Pública y, en cuanto el primero se convirtió en Gobernador, en septiembre de 2011, el segundo fue nombrado subprocurador, luego encargado del despacho del Procurador General y, a partir de febrero de 2013, primer Fiscal general del Estado, con vigencia hasta 2020.
Los indicadores de disminución de asesinatos, mientras, no dejaban de redituarle elogios tanto al encargado de la procuración de justicia como al mandatario priísta, o de ser motivo de autopromoción.
“A diferencia de otros estados, Nayarit mantiene excelentes resultados en materia de seguridad al no registrar por segunda ocasión en el mes de agosto”, dice un video promocional del Gobierno.
Entre las imágenes, se observa a Sandoval caminando junto a Veytia frente a un vehículo militar y un pelotón de policías estatales que portan metralletas y pasamontañas. Una voz en off, mientras, asegura que “el Gobernador de la gente, Roberto Sandoval, ha demostrado que combatir al crimen organizado de frente, con estrategia y entrega, es como se logra regresar la seguridad a las familias. Nayarit continúa destacando a nivel nacional”.
El 21 de febrero pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto acudió a Tepic para entregar un libramiento, recordar “el amplio apoyo y respaldo” que recibió en ese estado para convertirse en candidato a la Presidencia y, en la parte final de su discurso, reconocer los avances de seguridad en la entidad.
“Sí, es cierto, todavía tenemos importantes retos en algunas partes del país en materia de seguridad. Sí es cierto que en algunas regiones muy específicas hemos visto que se ha revertido la tendencia a la baja que llevamos en materia de seguridad. Pero Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en materia de seguridad”, dijo Peña Nieto.
Varios indicios, sin embargo, pudieron haber alertado sobre la presencia de grupos del crimen organizado en la entidad. Desde al menos 2015, Nayarit aparece en los reportes y mapas del Gobierno de Estados Unidos que definen el territorio de operación del denominado Cartel Jalisco Nueva Generación y del que, como informó el Departamento de Estado de ese país, “Nayarit, el oeste de Jalisco y Colima son las principales zonas de cultivo de mariguana”. La región, según el Departamento de Estado, es también la primera a nivel nacional en la producción de metanfetaminas en México.
Contiguo en la parte sur con Puerto Vallarta, Jalisco, Nayarit es también identificado como el lugar en el que vacacionaban los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera presuntamente “levantados”, en agosto pasado, en el bar “La Leche” de ese destino turístico.
Y, como se observó en febrero pasado, Tepic era también lugar de escondite de Francisco Patrón Sánchez, o el “H2”, presunto jefe del grupo criminal atribuido a los hermanos Beltrán Leyva y quien fue abatido en un espectacular operativo que incluyó un ataque de helicópteros artillados del Gobierno federal.
“Si este señor estaba allá, y la Federación tuvo que intervenir con este nivel de violencia (…) quiere decir que este señor tenía un sistema de protección y un sistema de control en la entidad suficiente”, plantea Rivas.
ADEMÁS
Es un trabajo de “administración del crimen organizado” y no de combate, señala Guillermo Garduño, académico de la Universidad Autónoma de México (UAM) e investigador de temas sobre gobernanza y organizaciones.
“Administración criminal” que se presenta, explica Garduño, cuando no hay condiciones en las procuradurías de Justicia ni para generar denuncias y mantener un clima de presunta calma. “Es el papel de la policía: el de administrador de la delincuencia”, dice el académico.
La corrupción no se practica de manera individual, agrega Rivas, por lo que hay diferentes servidores públicos que deberían responder, en el mejor escenario, por la omisión de no haberse dado cuenta de las actividades delincuenciales de Veytia y, en el peor, por haberlas solapado.
La responsabilidad, señala, alcanza desde el titular del Ejecutivo estatal hasta el Congreso local y, también, al Gobierno federal.
“Alguien no hizo su trabajo, y ese alguien es desde las autoridades locales, el Congreso, el Gobernador, ¿dónde estaban? Evidentemente, o son omisos o superficiales o están coludidos; no hay de otra”, dice Rivas.
“Y lo mismo hay que pensar de Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), de la Policía Federal, la PGR y otras autoridades federales, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿qué estaban haciendo? Este señor movió cantidades estúpidas de dinero, ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta de esto?”, cuestiona.
DESEMPEÑO INDIVIDUAL: COTA
El lastre de la detención de Veytia no ha podido ser evadido por el candidato del PRI al Gobierno del estado, el Senador con licencia Manuel Cota Jiménez, también ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC).
“Es mi octava elección en la que yo salgo, soy un hombre de origen, y vengo escalando desde regidor hasta la oportunidad de ser Senador y líder de los campesinos de México, y bueno, a la pregunta concreta, la respuesta de la misma manera: cada personaje tiene una historia, la mía es ésta, lo he comentado con la sociedad, he estado cerca de ellos”, dijo el pasado martes 4 en entrevista con la cadena MVS.
“En consecuencia, cada desempeño individual no creo que deba de ser endosado a quienes, como yo, hemos venido construyendo con mucha puntualidad mi carrera y desempeño”, agregó.
En 2014, cuando era dirigente de la CNC, Cota Jiménez fue recibido en Chihuahua por el entonces Gobernador César Duarte Jáquez, uno de los dos ex mandatarios priístas actualmente prófugos por cargos de peculado y con antecedentes de haber participado en negocios ganaderos.
En 2015, de acuerdo con la revista Proceso, Duarte Jáquez terminó enviando a Nayarit cientos de cabezas de ganado procedentes de Nueva Zelanda y que habían sido adquiridas por su Gobierno con recursos federales. Entre los beneficiarios, denunció la revista, se encontraba no sólo el mandatario chihuahuense, sino el hermano del Gobernador de Nayarit y el ex coordinador de la campaña presidencial de Peña Nieto en ese estado, Hugo Ismael Sánchez Sandoval.
En ese contexto, agrega el ex director del Diario Crítica de esa entidad y militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lenin Guardado, la detención de Veytia se está convirtiendo en leña para “quemar” a quien tenga fotografías con él, como el propio Cota, sobre quien ya circulan en redes sociales supuestas imágenes junto al presunto narco-Fiscal.
Pero la mayoría de los candidatos, afirma Guardado, tuvieron relación con él. “(Cayó) como como balde de agua fría, no sólo al PRI, sino a todos, porque todos tenían relación con él; el candidato del PAN (Antonio Echeverría, hijo del ex mandatario panista del mismo nombre y él en alianza con el PRD); el independiente (Hilario Ramírez Villanueva, ‘Layín’), todos; aquí están circulando ya videos”, dice Guardado, quien prevé convertirse en candidato de la alcaldía a Tuxpan por Morena.
El primero en la mira, por lo pronto, es el mandatario Sandoval, quien ha insistido ante los medios sólo haber visto un “Fiscal que estaba cumpliendo con todas las materias de seguridad” y cuya renuncia ha sido ya exigida por la oposición en el Legislativo federal.
Y es que Sandoval debe asumir un “costo”, plantea Rivas. “Ante la falta de capacidad, precisamente, porque aquí lo que esta diciendo el Gobernador es que él no sabía, y que por tanto quien él representa a un poder al que no le interesa cómo se hacen las cosas; es decir, las cosas se hacen al margen de la ley, a él no le interesa”, agrega el director del Observatorio Nacional Ciudadano.
