En 2004, Conacyt dio a Alfonso Aguilar una beca para estudiar un doctorado en Historia del Pensamiento Económico en Barcelona, España; él buscó el apoyo para estudiar fuera del país porque la especialidad no se impartía en México. La beca terminaba en 2008, pero le fue retirada meses antes de esa fecha, lo que lo motivó a iniciar, en 2009, un juicio contra el Consejo que terminó hasta 2013 con una sentencia favorable, y donde se estableció la obligación que tiene la dependencia de pagarle tanto la beca como los gastos que realizó por su propia cuenta para finalizar sus estudios.
El caso fue conocido por el ex director de Conacyt, Enrique Cabreo, y la actual administración de María Elena Álvarez Buylla, pero el investigador ha pasado seis años sin ser indemnizado. Él y el INISPEM denunciaron que no es un caso aislado, pues aunque el Conacyt recibe año con año presupuesto para resolver este tipo de conflictos el dinero no es entregado ni justificado, por ello acusan que millones han sido malversados en los últimos años.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).– Desde hace 11 años Alfonso Aguilar Álvarez Castro mantiene una batalla legal para que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) repare los daños que le causó al quitarle la beca para cursar un doctorado en España. Su caso reveló una constante de la dependencia: suspender los apoyos a estudiantes sin importar lo avanzadas que estén sus investigaciones. La denuncia también evidenció la posible malversación de millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó al Consejo con Enrique Cabrero Mendoza y María Elena Álvarez Buylla al frente de la dependencia.
La defensa legal de Aguilar Álvarez y el investigador han argumentado con base en peritajes que Conacyt debe pagar al investigador al menos 175 millones de pesos como reparación del daño. El monto incluye, entre otras cosas, lo que gastó en aviones y viáticos, el pago de abogados, el menoscabo al patrimonio de su familia y los préstamos que pidió y le generaron deudas. La suma de los últimos seis años de los pasivos contingentes que la SHCP ha destinado a Conacyt para costear esa demandas y otras de tipo laboral supera la indemnización que Alfonso Aguilar debería recibir, sin embargo, no le ha sido entregada.
Por la sospecha de esta malversación de recursos, Alfonso Aguilar denunció en junio de 2019 ante la Fiscalía General de la República por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y cohecho al ex titular de Conacyt, Enrique Cabrero y a la actual directora, María Elena Álvarez; al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Raymundo Espinoza Hernández; así como a José Rodrigo Roque Díaz, ex Director Jurídico del Consejo; Miguel Ángel Gutiérrez Tortosa, ex director del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, y a Miguel Gómez Bravo, ex Director Jurídico.
DENUNCIA CONTRA CONACYT
En 2004, Conacyt dio a Alfonso Aguilar una beca para estudiar un doctorado en Historia del Pensamiento Económico en Barcelona, España. La beca terminaba en 2008, pero le fue retirada porque su asesor de tesis murió meses antes de esa fecha, lo que lo motivó a iniciar, en 2009, un juicio contra la dependencia que terminó cinco años después con un fallo favorable. La investigación de Aguilar también se extendió cinco años, pues al no contar con el apoyo tuvo que costear viajes para buscar nuevos asesores de tesis y realizar trámites para finalizar la especialidad.
En septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la sentencia de conformidad 946/2013 que Conacyt debe pagar al investigador una indemnización por los daños y perjuicios que le ocasionó al quitarle la beca.
El daño inicial comenzó con 35 millones 715 mil 431.46 pesos según lo cuantificado en 2013 por un perito, éste incluye, por ejemplo, la pérdida de 340 mil dólares anuales que Alfonso Aguilar pudo haber ganado en un año de haber aceptado una oferta de trabajo en la compañía Mexican Infrastructure Partners; no pudo tomarla porque cuando la recibió aún no terminaba su doctorado por los retrasos que significó cambiar de asesor y seguía vigente el convenio que firmó con Conacyt para obtener la beca que lo obligaba a terminar la tesis, obtener el doctorado y no trabajar mientras eso sucedía.
Al no pagar desde que se emitió la sentencia aun cuando en sus ingresos Conacyt afirmó contar con esos ingresos, la deuda siguió creciendo. La defensa legal de Aguilar confirmó en un informe de auditoría hecho por el despacho Álvarez Balbás Contadores que de 2014 a 2017 –durante la administración de Enrique Cabrero- el Consejo recibió de Hacienda 195 millones 862 mil 60 pesos por concepto de pasivos contingentes, dinero suficiente para la indemnización de otro caso y el del investigador. Para ese entonces la cifra que tenía que ser entregada a Alfonso Aguilar ascendía a 105 millones de pesos.
En el informe independiente no se pudo corroborar que los más de 195 millones de pesos se devolvieran a la Secretaría de Hacienda por gasto no ejercido, por ello, el investigador y su defensa acusan una posible malversación de fondos. Estos datos constan en el informe independiente que solicitó Aguilar, en peritajes y documentos que el investigador ha tenido que presentar para continuar con el proceso legal durante estos años, documentos en manos de este diario digital.
En 2018 y 2019, ya con Álvarez Buylla al frente de Conacyt, el Consejo recibió una cantidad que supera los 70 millones en pasivos, cifra suficiente para pagar la deuda con el investigador, pero ésta, sigue sin ser saldada. Desde que Conacyt supo de la sentencia de la Suprema Corte y el peritaje elaborado por la defensa legal de Aguilar -en 2013- no buscó negociar con él el monto ante tribunales, por ello el investigador argumenta que esa cantidad se le debe pagar como indemnización.
“Es una malversación porque Conacyt no ha pagado ni devuelto a Hacienda el dinero que otorgó para pagar en seis años”, denunció en entrevista con SinEmbargo el historiador.
A lo largo de estos años, Alfonso Aguilar Álvarez ha conocido a estudiantes a los que Conacyt les ha retirado becas durante sus estudios sin justificaciones válidas, pero aseguró que no emprenden procesos penales por los costos, porque pueden tomar años y tienen miedo a que su carrera como científicos se vea frustrada ya que, opinó, el Consejo tiene «un monopolio a nivel nacional del financiamiento de las investigaciones”.
CONACYT, LAS BECAS Y FIDEICOMISOS
Un estudio realizado por personas expertas en historia, derecho y administración del Instituto Nacional de Investigación Superior para la Perfección del Estado Mexicano (INISPEM) da cuenta de que el retiro injustificado de becas para estudiar doctorados es una táctica frecuente del Conacyt, al hacerlo, el dinero destinado para ello se envía por ejemplo a fideicomisos que se usan para proyectos que la dependencia decide sin transparentar las razones.
Los resultados de este análisis fueron presentados ayer por Alfonso Aguilar en una conferencia donde consideró que la “malversación es un modus operandi institucionalizado en el Conacyt”.
“Ellos están acostumbrados a que tienen dineros para becas, se los quitan a los becarios y lo guardan en fideicomisos en los que hacen lo que quieren”, denunció.
El INISPEM también encontró que el uso de los recursos que el Conacyt obtiene de retirar becas podría estar beneficiando los intereses sólo de algunas personas, entre ellos de empresarios, pues el dinero, concluyó, podría ser enviado a alguno de los 65 fideicomisos con los que actualmente cuenta el Consejo porque estos operan con laxidad permitida por el estatuto orgánico del Consejo y la Ley de Ciencia y Tecnología. En esta última se establece en el artículo 25 que los recursos para los fondos no deben tener “el carácter de regularizables”.
La corrupción en los fideicomisos públicos ha sido reconocida por la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. El 16 de octubre de 2019, en una mesa de diálogo del Conacyt a la que asistió, se comprometió a combatir el manejo opaco de los recursos. Dijo que cuando el dinero del erario público se deposita en un fondo fiduciario, de facto, se privatiza, obstaculizando su fiscalización.
En esa ocasión opinó también que desde su concepción jurídica, los fideicomisos de ciencia y tecnología propician el manejo opaco de los recursos del Estado, lo que describió como “una mezcla tóxica que favorece los intereses privados”. En el mismo evento, la directora de Conacyt se comprometió a buscar más transparencia y como anomalía señaló que los fideicomisos suelen dirigirse en las entidades al desarrollo de obras civiles.
“La gestión de Conacyt es perversa, porque pide y le dan dinero etiquetado para seis rubros: becas, investigadores, cátedras, centros públicos y fondos y gastos de administración. Una vez obtenidos, los funcionarios de Conacyt buscan de toda y cualquier manera quitar dinero a los fondos etiquetados, porque eso que quitan -ellos dicen ahorran- lo pueden usar para lo que quieren. Esto porque la Ley orgánica faculta a los funcionarios a pasar cualquier remanente o subejercicio a unos fideicomisos que le dan cuenta solo al director general y otros pocos fideicomisarios y justifican la entrega de estos alimentos con nombres convincentes: el sexenio pasado decían que era para desarrollo técnico en empresas, ahora son Programas Nacionales Estratégicos”, explicó Aguilar, quien también es integrante del INISPEM.
El investigador opinó que esta serie de irregularidades solo obstruyen el crecimiento del avance científico en el país, muestra de ello, dijo, es que México ocupa el lugar 138 de 238 por su calidad de investigaciones según el SCImago Journal & Country Rank, un instituto público europeo que recopila y clasifica investigaciones científicas por país.
