Chiapas y Oaxaca, dos de las entidades más pobres de México, concentran el 45 por ciento de la población indígena detenida. Los delitos van desde homicidio pasando por el robo, constantes en ambos estados.
De acuerdo con un informe de la organización ASILEGAL publicado hoy, en el país 7 mil 433 indígenas se encuentran presos, de los cuales, al 70 por ciento no se les mostró una orden de aprehensión ni tuvieron acceso a un intérprete traductor ni a una defensa adecuada.
Un dato alarmante es la tortura a la que son sometidas las personas indígenas durante esta etapa del proceso. En Chiapas, el 32.55 por ciento de las personas entrevistadas mencionó haber sufrido algún acto de tortura durante la detención y en Oaxaca el porcentaje fue de 50 por ciento.
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Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– En México, 7 mil 433 indígenas se encuentran presos, de los cuales, al 70 por ciento no se les mostró una orden de aprehensión ni tuvieron acceso a un intérprete traductor ni a una defensa adecuada, de acuerdo con un informe de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL) publicado hoy.
Con el objetivo de documentar las persistentes violaciones a derechos humanos que sufren las personas indígenas cuando se enfrentan al sistema de justicia penal mexicano, ASILEGAL realizó doscientas tres entrevistas en once Centros de Reinserción Social de Chiapas y Oaxaca, estados que concentran el 45 por ciento de la población indígena nacional.
La investigación culminó con el informe “El acceso a la justicia de personas indígenas privadas de libertad en Chiapas y Oaxaca”, el cual detalló las violaciones a los derechos humanos a los presos indígenas de México.
De las 209 mil 782 personas privadas de libertad que existen en México, hasta mayo de 2017, 7 mil 433 pertenecían a un pueblo o comunidad indígena, de acuerdo con el reporte de la organización. En Chiapas, el porcentaje de personas indígenas privadas de libertad es de 6.77 por ciento y la mayoría perteneciente al pueblo tseltal; en cuanto a Oaxaca, el porcentaje es de 30.8 por ciento y la mayoría pertenece al pueblo indígena zapoteco.
En el caso de Chiapas, el homicidio calificado (64 personas) es el delito del fuero común por el que la mayoría de los indígenas se encuentran presos, seguido de homicidio (55), violación (29), robo ejecutado con violencia (19) y lesiones (14).
Por delitos del fuero federal, hasta mayo de este año en Chiapas se encontraban cinco personas encarceladas por transportar mariguana; tres por transportar cocaína; dos por transportar a migrantes, y uno por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
La edad predominante de la mayoría de los indígenas de Chiapas es de 25 a 30 años.
En el caso de Oaxaca, la mayoría de los indígenas presos cometieron abigeato, seguido de abuso sexual, allanamiento de morada, asalto y narcomenudeo.
El delito de robo es una constante en ambos estados, debido a la pobreza extrema que viven sus habitantes, en especial los indígenas, quienes viven con al menos una carencia social.
Chiapas y Oaxaca encabezan la lista de las entidades más pobres del país, de acuerdo con el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval).
Chiapas, gobernada por Manuel Velasco Coello, alberga a 4 millones 114 mil personas que viven en pobreza; mientras que en Oaxaca, cuyo Gobernador es Alejandro Murat Hinojosa, tiene 2 millones 847 mil 300 pobres.
“Fui condenada a ocho años con seis meses de prisión por el delito de homicidio simple. Hoy en día estoy tramitando mi traslado al Centro de Reinserción Social de Tehuantepec, centro que le queda más cerca a mi familia para que me vengan a visitar porque hasta ahora, en Tanivet no he tenido visitas porque mis familiares tienen que gastar mucho dinero”, contó Cecilia, de 48 años, originaria de San Antonio Ixtepec, Oaxaca, a ASILEGAL.
SIN SENTENCIA Y TORTURADOS EN PRISIÓN
De acuerdo con la información recabada por ASILEGAL, las personas indígenas privadas de libertad son objeto de graves violaciones a sus derechos humanos relacionadas particularmente con los siguientes aspectos: la detención, la aplicación de la prisión preventiva, el acceso a un intérprete traductor, el acceso a una defensa adecuada y las condiciones de vida dentro de los Centros de Reinserción Social.
En cuanto a la detención, se identificó que en la mayoría de los casos éstas fueron realizadas en un marco de ilegalidad. En Chiapas, al 83 por ciento de las personas detenidas no se les mostró una orden de aprehensión y el 77 por ciento no entendió el motivo de su detención.
En Oaxaca, el porcentaje de personas a las que no se les mostró una orden de aprehensión también fue de 83 por ciento y en esta entidad el 52 por ciento de las personas entrevistadas mencionó no haber entendido el motivo de su detención.
Un dato alarmante es la tortura a la que son sometidas las personas indígenas durante esta etapa del proceso. En Chiapas, el 32.55 por ciento de las personas entrevistadas mencionó haber sufrido algún acto de tortura durante la detención y en Oaxaca el porcentaje fue de 50 por ciento.
En cuanto a la cantidad de personas indígenas privadas de libertad sin una sentencia, es decir, bajo la medida cautelar de prisión preventiva, el porcentaje es por demás alarmante en ambas entidades. En Chiapas, asciende a 52.8 por ciento y en Oaxaca es de un gravísimo 97.4 por ciento.
Respecto a la obligación del Estado de brindar la asistencia de un intérprete traductor a cualquier persona indígena sujeta a proceso se identificó que en Chiapas el 42 por ciento de las personas no contó con ese derecho y en Oaxaca el 40por ciento tampoco contó con la asistencia.
Respecto a si entendieron o no lo que el intérprete tradujo, en Chiapas, el 42 por ciento no comprendió lo traducido y en Oaxaca el porcentaje de personas que no comprendieron fue de 46 por ciento.
