Las micro, pequeñas y medianas empresas son clave para el desarrollo del país por su capacidad de crear empleos formales, especialmente en el ámbito regional y local.
Sin embargo, en dos fiscalizaciones, la Auditoría Superior de la Federación señaló daños al erario y dudas por más de 2 mil 236 millones de pesos en la aplicación del Fondo Nacional Emprendedor por parte del Instituto Nacional del Emprendedor.
Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional del Emprendedor, órgano descentralizado de la Secretaría de Economía, generó un daño al erario público por 94 millones 361 mil 165 pesos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE) y dudas por 2 mil 142 millones 046 mil 464 pesos, de acuerdo con dos fiscalizaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
«En opinión de la ASF, para 2017 la Secretaría de Economía y el INADEM no acreditaron que realizaron la adecuada instrumentación y conducción de la política de fomento a emprendedores y MIPyMES», dictaminó.
El FNE está destinado a incrementar la productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente las ubicadas en sectores estratégicos.
El órgano fiscalizador detectó que de los más de 3 mil 216 millones de pesos de su presupuesto para 2017, por su discrecionalidad no existe evidencia de que contribuyó a atender la baja productividad de las pequeñas empresas o si fueron otorgados a las firmas determinadas.
Desde la década de los 50, el Gobierno federal ha implementado programas para las MiPymes, ya que estas empresas son clave para el desarrollo del país por su capacidad de crear empleos, especialmente en el ámbito regional y local.
Pero datos del INADEM muestran que en México la productividad ha crecido a una tasa promedio anual del 0.7 por ciento en los últimos 30 años, principalmente por la baja productividad de las MiPymes dada la falta de acceso a capital físico y financiero, carencias de capital humano, limitaciones para implementar tecnologías e innovación a procesos productivos y falta de infraestructura que faciliten la producción.
Del presupuesto público para este Fondo, la Auditoría Federal observó la falta de comprobación por 45 millones 525 mil 700 pesos correspondiente a 14 proyectos de la categoría «Desarrollo de Redes y Cadenas Globales de Valor» y de 18 proyectos de la categoría «Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto», que sustenten el ejercicio de los recursos o, en su caso, que se encuentren disponibles en las cuentas bancarias a nombre de los beneficiarios.
Otros dos proyectos recibieron recursos por 12 millones 565 mil 500 pesos sin que se haya acreditado que fueron autorizados por el Consejo Directivo del INADEM.
Además, respecto de los apoyos a MIPyMES siniestradas en los desastres naturales de 2017, se identificó la falta de documentación justificativa y comprobatoria por 36 millones 270 mi pesos que el INADEM ministró a los organismos dispersores en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, México, Morelos y Puebla, para que los transfiriera a los 3 mil 627 beneficiarios de negocios dañados.
OPACO APOYO A MIPYMES
La operación del programa «Apoyo a Emprendedores y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas» del Fondo Nacional del Emprendedor a cargo del INADEM fue «deficiente» y representa «un área de riesgo y opacidad» en el uso de recursos públicos, por lo que es recomendable que la Secretaría de Economía, como cabeza de sector, realice una reingeniería del programa, alertó la Auditoría Superior de la Federación.
Entorno, por falta de acreditación o información incompleta del INADEM, hay dudas por 2 mil 142 millones 046 mil 464 pesos.
Con un monto de 3 mil 216 millones 637 mil 799 pesos del Fondo Nacional Emprendedor, en 2017 el INADEM reportó la entrega de subsidios a 48 mil 357 emprendedores (el 72 por ciento de los 67 mil planteados) y 127 mil 965 a las MIPYMES (293.2 por ciento, 3.4 veces arriba de las 43 mil 644 empresas determinadas como población objetivo para ese año).
Pero en opinión de la ASF, a cuatro años de su implementación no se han demostrado resultados de la aplicación de los recursos otorgados de 2014 a 2017 y las deficiencias observadas en su operación impiden constatar su efectividad para atender las necesidades de las MIPYMES y los emprendedores con problemas de productividad.
«De 2014 a 2017 no hubo incremento en la productividad, aunque al interior hubo variaciones de 4.3 al 4.6 por ciento, luego disminuyó a 3.9 por ciento para 2016 y se ubicó de nuevo en 4.3 por ciento para 2017 sin acreditar dichos porcentajes», evaluó.
Existe opacidad en el proceso de entrega de recursos y «deficiencias graves» en los mecanismos de control y en la integración de sus bases de datos, lo que implica que la información que contiene no sea confiable y no se logre una adecuada rendición de cuentas, determinó la ASF.
El programa fiscalizado no estableció con precisión la población objetivo y el desempeño de sus componentes no es medible por la ausencia de indicadores, lo que implica riesgos de focalización y de discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos.
En lo relativo a la creación de empresas, el INADEM otorgó apoyos para la creación de 2 mil 959 mediante el Programa de Incubación en Línea (PIL) con 146 millones 395 mil 583 pesos; no obstante, no acreditó que crearon alguna empresa, el monto del apoyo, ni el tiempo de operación de las empresas apoyadas.
Sobre los subsidios por asignación directa, en 2017 se apoyaron 49 proyectos por 847 millones 856 mil 478 pesos: a PROMÉXICO, al Consejo Coordinador Empresarial, a las Secretarías de Desarrollo Económico (SEDECOS) de 17 entidades federativas y a diferentes asociaciones civiles.
A las SEDECOS se les asignaron 77 millones 653 mil 700 pesos, siendo la del Estado de México a la que se le otorgaron mayores recursos (6 millones pesos, el 7.7 por ciento), pero no se acreditó que los apoyos económicos llegaron a la población objetivo.
Respecto de la entrega indirecta de recursos por medio de las 14 convocatorias que emitió el INADEM, se benefició a 56 mil 554 emprendedores, MIPyMES y grandes empresas por un monto de mil 865 millones 600 mil 881 pesos.
Sin embargo, la información de sus bases no es confiable ya que no cuentan con datos completos sobre el estado de ejecución de los proyectos; no se dispone del tamaño de la empresa que se buscó beneficiar; no se tuvo evidencia de la cuantificación de la población beneficiaria, y no se acredita la entrega de los recursos a los organismos intermedio, por lo que no se garantizó que los recursos fueron otorgados en beneficio de la población objetivo.
Además, se entregaron apoyos a seis entidades federativas para beneficiar a 12 mil 405 empresas siniestradas, por 124 millones 050 mil pesos, pero el instituto desconoció el número de MIPyMES apoyadas, no acreditó que el recurso fue entregado a los beneficiarios de la contingencia, y no contó con mecanismos de seguimiento de los recursos.
UNA POLÍTICA MAL APLICADA
La Auditoría Superior también fiscalizó el programa presupuestario «Instrumentación de Políticas de Fomento para los Emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas empresas».
Dado que la planeación de la política fue deficiente, «limitó la fiscalización del programa e incidió en que no operara con criterios de eficiencia y eficacia; así como que se desconociera su efectividad».
Pese a las limitaciones y opacidad, la ASF observó un subejercicio por parte de la Secretaría de Economía y el INADEM sin que se justificaran las causas ni los efectos en la meta, ya que erogaron mediante el programa presupuestario 143 millones 266 mil 592 pesos, monto inferior en 43.8 por ciento respecto del presupuesto original de 254 millones 911 mil 061 pesos.
Del presupuesto ejercido, 110 millones 575 mil 556 pesos, el 77.2 por ciento, fue destinado al pago de servicios personales, pero no se proporcionó evidencia documental de que el dinero se destinó al desempeño de las actividades del diseño, la planeación, la evaluación y seguimiento de los programas de fomento a su cargo.
Sobre los tres programas que lo conforman, se verificó que en 2017 no se asignaron recursos presupuestarios al FIT; el FNE no contó con indicadores orientados a resultados; además de no incluir plazos para el cumplimiento de sus metas y no dispuso de reportes trimestrales de la operación del programa, por lo que no se acreditó que el INADEM lo evalúo y le dio seguimiento.
En cuanto a la RAE se constató que otorgó asesorías para la creación y/o consolidación de empresas, sin embargo, carece de lineamientos de operación, de un programa de trabajo, de metas e indicadores, así como de los medios para constatar su efectividad y el impacto, «lo que denota falta de mecanismos de control y seguimiento, deficiencias en la operación y que no operó con criterios de eficacia y eficiencia».
