Reunidos en la ciudad de Brasilia, defensoras y defensores de las audiencias de diferentes países de América Latina se manifestaron en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), aprobada y promulgada en nuestro país, ya que es regresiva, contraria a la progresividad de los derechos humanos y del principio pro-persona.

Estos cambios “implican, en la práctica, la eliminación de derechos de audiencias, el debilitamiento de las defensorías de las audiencias, así como del Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus atribuciones constitucionales en esta materia como regulador de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”, dice la Declaración de Brasilia, firmada el 30 de octubre por quienes integran la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias (OID), en el marco de su cuarto congreso latinoamericano.

Lo ocurrido en México no es la excepción. En Argentina, por ejemplo, en el Congreso, no ha sido integrada la comisión que pondría fin a la acefalía de la Defensoría del Público, la figura más relevante en la región y quizás en el mundo en la defensa de los derechos de las audiencias y el derecho humano a la comunicación. Esta desatención de los legisladores no es fortuita.

El gobierno de Mauricio Macri, como lo ha dicho el académico e investigador de la Universidad de Quilmes, Martín Becerra, se ha caracterizado por impulsar un  “proceso de regresión restauradora de las políticas audiovisual y de telecomunicaciones a niveles de los que rigieron la regulación del sector hasta 2008”, lo que ha llevado, entre otras decisiones, a prorrogar las licencias audiovisuales, anular los límites a la concentración de la propiedad de la televisión de paga, relajar las condiciones para que el Grupo Clarín incursione en las telecomunicaciones y para que las telefónicas ingresen al sector de la TV de paga. Todo ello “al margen de la ley, en sentido literal, es decir, sin que medie una legislación del Congreso que respalde dichas políticas” (véase su artículo “Comunicaciones: la promesa es ley”, en su página https://martinbecerra.wordpress.com/2017/06/22/comunicaciones-la-promesa-es-ley/, 22 de junio de 2017).

En Brasil también hay preocupación sobre el destino que tendrá la Ouvidoría (que es una figura similar a la defensoría de la audiencia) de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC). La EBC aglutina a los medios públicos federales y hace 10 años creó su Ouvidoría, a partir de una ley que dispone la participación, protección y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios públicos. Sin embargo, la llamada Medida Provisional (MP) 744, aprobada en febrero de este año en el Senado, resta independencia y debilita al sistema.

Pía Barbosa, de Intervozes de Brasil, dice que esta reforma del gobierno de Michel Temer extingue la Junta de Síndicos, como espacio principal de participación de la sociedad civil en la gestión de la EBC, y el plazo fijo para la presidencia de la compañía. Ambos aspectos, explica, “eran los principales mecanismos de garantía de autonomía de la EBC en relación con el gobierno federal”. Y agrega: “Como quedó la (reforma), puede representar el final de la principal estructura de comunicación pública del país”. También explica que desde la publicación de la MP, decenas de trabajadores han sido despedidos, algunos programas han salido del aire y se ha generado una autocensura, al igual que acoso a periodistas que no se apegan a la línea gubernamental (véase su artículo “El Senado aprueba MP de Temer que desmonta la EBC”, 2 de julio de 2017, en https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/senado-vota-esta-semana-mp-que-desmonta-empresa-publica-de-comunicacao).

La Ouvidoría de la EBC es la única figura de este tipo que existe en Brasil, pero hay una presión social para que otros medios públicos y comerciales adopten mecanismos de autorregulación similares, en un país donde la concentración de muchos medios en pocas manos es un problema grave, con O’Globo a la cabeza.

COSTA RICA, AVANZA

Frente a los retrocesos, dos buenas noticias. En Costa Rica, el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), que agrupa a las estaciones de radio y televisión del gobierno central, creó recientemente su figura de la Defensoría, cuya primera titular es la periodista Nathalia Rojas. En la Declaración de Brasilia se reconoció al SINART y se exhortó a las autoridades costarricenses y del mismo Sistema a fortalecer las defensorías de las audiencias y considerarlas en otras plataformas de comunicación.

En Colombia, la ley de televisión 182 de 1995 que hizo posible la creación de las defensorías de las audiencias en las estaciones de TV sigue vigente, sin ningún intento legal de revertir los avances alcanzados, lo que demuestra la utilidad y factibilidad de la figura en las televisoras públicas y comerciales, con diferentes experiencias de promoción de los derechos de las audiencias, especialmente en programas de televisión en los que se analizan y se debaten casos que los televidentes sugieren al medio a partir de sus quejas o comentarios.

En la Declaración de Brasilia se reitera que es falaz el argumento de que los derechos de las audiencias vulneran la libertad de expresión; por el contrario, éstos son una vertiente del derecho a la información, dicen quienes suscribieron el documento: Cynthia Ottaviana, exdefensora del Público de Argentina; Joseti Marques, Ouvidora General de la EBC de Brasil; Doris Molina, defensora de las Audiencias de Canal Trece de Colombia; Mario Mantilla, defensor del Televidente de Canal TRO de Colombia; Nathalia Rojas, defensora de las audiencias del SINART; Fernando Oliveira, ex defensor de las radios de la Empresa Brasil de Comunicaciones (EBC); Flavia Pauwels, responsable de las relaciones internacionales de la Defensoría del Público de Argentina y Madalena Oliveira, vicepresidenta de la Asociación Portuguesa de Ciencias de la Comunicación (SOPCOM).

Por parte de México, también respaldaron el comunicado Beatríz Solís, defensora de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y de Ingenio TV (DGTVE); Lucila Garza, defensora de las audiencias de Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Adriana Solórzano, presidenta de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y exmediadora del IMER; Josefina Hernández, defensora de lectores de El Independiente de Hidalgo, y quien esto escribe, como defensor de las audiencias de Canal 44, Radio UdeG y Señal Informativa de la Universidad de Guadalajara.

IFT: ¿BRAZOS CRUZADOS?

Regresando a México, una vez promulgada la contrarreforma, quedan varios caminos para revertirla. Además de los amparos de particulares, el IFT puede presentar una controversia constitucional por vulnerar sus facultades constitucionales en materia de derechos de las audiencias. Las posibilidades de darle la razón serían inmensas. De igual manera, el IFT no debe abrogar los lineamientos en derechos de las audiencias, como ayer recomendó la presidenta de Observatel, Irene Levy, sino suspenderlos hasta que la Corte resuelva las controversias constitucionales presentadas por el Poder Ejecutivo y el Senado. De lo contrario, advierte, “se perpetraría el mayor golpe a la autonomía del órgano en su corta historia porque se trataría de una complicidad activa -y no pasiva como el hecho de no interponer controversias-” (El Universal, 6 de noviembre). ¡De acuerdo!

@telecomymedios

Gabriel Sosa Plata

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