Ya caducaban los primeros meses de 2010 cuando Julio Scherer tuvo un encuentro periodístico con uno de los narcotraficantes más buscados de México y los Estados Unidos. En un lugar no localizable para el lector –y tampoco para la autoridad- el periodista se reunió con el capo. No le concedió una entrevista con la formalidad y el rigor periodístico, pero sí sostuvieron una charla que Julio reprodujo para sus lectores en la revista Proceso.

De muchas anécdotas, aseveraciones y análisis sobre el mundo criminal, la vida del capo y la constante huida para no ser atrapado, Ismael “El Mayo” Zambada le comentó a Julio Scherer: “El problema del narco envuelve a millones ¿Cómo dominarlos? En cuando a los capos encerrados, muertos o extraditados, sus reemplazos ya andan por ahí… el narco está en la sociedad, arraigado, como la corrupción…”.

Es evidente que Zambada lo sabe de cierto, y que tanto el periodista como muchos mexicanos, lo asumimos, los presumimos y en ocasiones lo atestiguamos. El narcotráfico opera dentro de una red que incluye a sociedad y gobierno.

Cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión de la Presidencia de la República en diciembre de 2012, México atravesaba por una guerra contra el narco que encabezó su antecesor Felipe Calderón Hinojosa. Como parte de la estrategia para marcar una diferencia entre una administración federal y otra –a veces, como Gobierno, se parecen- Peña borró todo indicio de una guerra contra las drogas y se concentró en la retórica del México en Paz. Pero vaya, ni las condiciones estaban dadas, ni las policías depuradas, ni los narcotraficantes se habían “comprometido” para abandonar su propia guerra y así armonizar con la política discursiva de Enrique Peña Nieto.

Lo cierto es que el País se ha puesto peor. Los hechos de violencia han salido de los límites de las poblaciones que conviven con la criminalidad, para asentarse en el centro, el pacífico y el sur de México, dejando el norte para la reorganización de los cárteles que fueron fustigados en el pasado, tambaleados, pero no desmantelados.

La política pública de Peña contra las drogas no la conocen ni Gobernadores, ni ciudadanos, ni autoridades ni policías y los capos se aprovechan de su nula acción para seguir creciendo sus bandas a células, sus células a cárteles, frente a una autoridad que poco o nada hace porque así lo manda el presidente.

La estrategia de detener a las cabezas de las estructuras del crimen organizado y el narcotráfico se ha centrado exclusivamente en aquellas organizaciones delictivas que son de interés de los Estados Unidos que sean neutralizadas. De 80 grupos criminales que declaró el Procurador de inicio de sexenio de Enrique Peña, Jesús Murillo Karam, el Gobierno Federal se concentra en el cártel de Sinaloa, Los Zetas, el cártel del Golfo, los Rojos, Guerreros Unidos –estos más por el caso Ayotzinapa que por investigaciones de narcotráfico y crimen organizado-, al resto de las organizaciones el Gobierno Federal y los Gobiernos de los Estados, los minimizan a menos que cometan una “atrocidad” o un crimen de alto impacto.

En efecto, tanto Generales como Procuradores, Alcaldes y Gobernadores, ya no suelen hablar de las organizaciones criminales que en todo México existen y delinquen, por presiones de la Presidencia de la República –desde la época de Calderón hasta la actualidad- y la uniformidad del mensaje de “paz y seguridad” que está alejado de la realidad que vivimos los mexicanos. 57 mil 410 personas ejecutadas en 32 meses de Gobierno de Enrique Peña Nieto.

De tanto minimizarlas, a muchas células criminales se les ha dado tiempo e impunidad –al no perseguirlos- de reorganizarse. Ejemplo de ello es el cártel Arellano Félix.

Uno de las estructuras criminales más longevas del País, los hermanos Arellano salieron en los ochenta del cártel de Miguel Ángel Félix Gallardo para “adueñarse” de la frontera noroeste de México con sede criminal en Tijuana, Baja California. En esta tierra compraron policías de los tres órdenes de Gobierno, hicieron negocios para el lavado de dinero, compraron restaurantes y se adueñaron de cuanto lugar público les gustaba.

La suya era la Ley de la plata o plomo tan de moda en los ochenta cuando el narcotráfico en Latinoamérica tomó a los gobiernos impreparados, corruptos e ineficientes, para alzarse como el fenómeno criminal que más daño ha hecho a la sociedad en los últimos 30 años. Asesinaron a miles de personas, trasegaron toneladas de droga y generaron millones de dólares del ilícito negocio; los Arellano estaban acostumbrados a pagar un millón de dólares al mes para comprar impunidad a través del pago a Policías y otras autoridades.

Los Gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón creyeron haber desmantelado al cártel Arellano Félix. En los noventa con la detención de Francisco Rafael Arellano Félix, en los dos mil con la muerte de Ramón Arellano, la aprehensión de Benjamín Arellano, de Francisco Javier Arellano Félix, de Eduardo Arellano Félix y el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, hasta la 2014 a la detención del sucesor del cártel, Eduardo Sánchez Arellano “El Ingeniero”.

Quienes durante más de 20 años criminalizaron la zona se habían acabado. El CAF había sido desmantelado, según dijeron las autoridades de Estados Unidos y México. Entonces presumieron y se dedicaron a otras “investigaciones”.

Pero mientras nadie los perseguía, los Arellano se han rearmado. Sus sicarios y lugartenientes fueron ganando amparos y saliendo de prisión. De ser hombres peligrosos de alta criminalidad, hoy día residen en zonas pudientes de Tijuana, conviven lo mismo con Policías que con integrantes catalogados de “alta sociedad” y hasta del Hipódromo del ex reo Jorge Hank Rhon. Como dijo Zambada, están enquistados en la comunidad bajacaliforniana.

Hace unos días el Secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa, nos dijo a Semanario ZETA lo que ni la PGR, ni las autoridades de la Unión Americana han querido aceptar: uno hijo de Ramón Arellano está reestructurando el cártel que, se sabe, no ha estado desmantelado, acaso minimizado pero activo con el resto de los hermanos, particularmente la intocable Enedina Arellano Félix, señalada de encabezar en los noventa y dos mil, la estructura de lavado de dinero, pero nunca perseguida.

Los hijos de los Arellano no son los únicos identificados en el ilícito negocio. Ahí están los vástagos de “El Chapo”, los de “El Mayo”, los de Nacho Coronel y los de Dámaso López, los familiares de Carrillo y de Cárdenas, los Beltrán y los Reynoso.

Ante la falta de una estrategia integral de combate al crimen organizado y al narcotráfico, al Gobierno de Enrique Peña Nieto le están creciendo los narcotraficantes de los cárteles del pasado. Los que ya habían “desmantelado” pero evidentemente no cortado de raíz como debe hacerse con la mala hierba.

Adela Navarro Bello

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