Aunque inicialmente solo una minoría de empresas habían anunciado que se sumarían al paro, la presión social en forma de boicot contra las que no lo hicieran hizo que estas emitieran comunicados informando su adhesión a la protesta, pocas horas antes del inicio de la huelga.
Managua, 7 de septiembre (EFE).- Nicaragua amaneció hoy paralizada casi en su totalidad, en protesta contra el Presidente Daniel Ortega, a quien diversos sectores de la sociedad responsabilizan por la crisis sociopolítica que ha dejado centenares de muertos desde abril pasado.
Calles, mercados, colegios privados, centros comerciales, terminales de autobuses y otros puntos céntricos en diferentes ciudades, lucieron inusualmente desolados la mañana de este viernes, debido a que una aparente mayoría de nicaragüenses decidió sumarse a la protesta contra Ortega en toda Nicaragua.
Aunque inicialmente solo una minoría de empresas habían anunciado que se sumarían al paro, la presión social en forma de boicot contra las que no lo hicieran hizo que estas emitieran comunicados informando su adhesión a la protesta, pocas horas antes del inicio de la huelga.
El paro nacional, que comenzó a la medianoche de este viernes, tendrá una duración de 24 horas, según la convocatoria de la Alianza Cívica, contraparte del Gobierno en el diálogo nacional que busca superar la crisis, con el Episcopado como mediador.
La Alianza Cívica está compuesta por empresarios, estudiantes, académicos, campesinos y sociedad civil, algunos de los cuales han sido arrestados por el Gobierno.
El objetivo del paro nacional es presionar por la libertad de los «reos políticos», calculados en al menos 135, pero que podrán ser entre 400 y 500 si se incluye a personas desaparecidas, según las organizaciones humanitarias locales.
En una entrevista con Efe en Managua esta semana, el Presidente Ortega negó que en el país haya presos políticos y afirmó que los encarcelados son personas que cometieron diversos delitos.
Este es el tercer paro nacional en Nicaragua contra Ortega, tras uno el 14 de junio, que obligó al Gobierno a permitir la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otro el 13 de julio, para mostró su rechazo a la celebración anual sandinista conocida como «El repliegue».
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Dichas acusaciones también fueron negadas por Ortega, quien ha sostenido que se trata de un intento de «golpe de Estado».
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.
Esta crisis ha dejado entre 322 y 481 muertos desde abril, según cifras de organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 198 los fallecidos.
