El día de hoy martes 5 de septiembre de 2017, el fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, en conferencia de prensa en Washington anunció el fin dentro de seis meses del programa Acción Diferida para los Llegados en el Infancia (DACA, por sus siglas en Inglés), afectando a 800 mil jóvenes de los cuáles 622 mil son mexicanos (79 por ciento). Por considerar que incentiva la migración “ilegal” y es inconstitucional.

Un programa que fue promulgado hace cinco años por la Administración de Obama para proteger de la deportación y dar algunos beneficios a jóvenes que hubieran entrado sin autorización a ese país con menos de 16 años, no tener los 31 años cumplidos en junio de 2012 y haber radicado de forma permanente en el país desde 2007. La vigencia de los beneficios era por dos años y podía renovarse. Entre algunas de las prerrogativas se encuentran tener un permiso de trabajo, un número de seguridad social, contar con una identificación, acceso a becas para escuelas, un precio preferencial en el costo educativo (30% menor, es decir el que aplica para ciudadanos estadounidenses), entre otros.

Tampoco fue fortuito el interés y apoyo a los jóvenes, ya que existe una percepción de aceptación de diversos sectores de la sociedad estadounidense derivado entre otras cosas de que están mucho más vinculados a la cultura e idioma de ese país.

Para poder inscribirse en este programa, los jóvenes tuvieron que otorgar información de ellos y sus familiares, sin embargo, ahora hay una preocupación legitima de la información con la que cuenta el gobierno y cómo ésta será usada, ya que hay un riesgo latente de deportación a toda la familia.

Si los dreamers pierden esta protección, la única posibilidad que tienen para no ser deportados y poder trabajar legalmente, es que el Congreso apruebe una ley que les conceda protección permanente. Para varios especialistas ahora es el momento del que el Congreso, en respuesta a estas órdenes ejecutivas, reactive la discusión de “Dream ACT” o “Bridge Act” , dos iniciativas de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes que buscan proteger a estos jóvenes y ofrecerles una protección permanente, es decir, un camino hacia la ciudadanía. Ojala los congresistas del país vecino logren ser un freno a políticas racistas, discriminatorias y violatorias a derechos humanos que el Presidente Trump comete contra un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos, hermanos mexicanos.

De este lado de la frontera, se debe desplegar todo el apoyo, legal, principalmente, vía la red consular para apoyar a todos los mexicanos que están siendo afectados con esta decisión. Pero independientemente de lo que pase, se debe activar una política de reinserción agresiva, en el buen sentido. Se deben crear las oportunidades adecuadas para que regresar a México deje de ser la peor de las opciones y se convierta en una verdadero polo de atracción para aquellos jóvenes talentosos, activistas, con corazón de cambio.

México necesita ver en estos jóvenes una oportunidad para construir un nuevo camino y reconstruir al país. Para ello más que discursos de solidaridad se necesita inyectar recursos a un proyecto social y económico a corto, mediano y largo plazo (estructuralmente bien planificado), no ideas ocurrentes, que permita generar condiciones necesarias y no sólo para los mexicanos que quieran afiliarse a dicho programa sino para todos aquellos extranjeros que hoy por hoy en México, dadas las condiciones que existen en los Estados Unidos, ven en nuestro país un punto de estancia obligado.

Nancy Pérez / Sin Fronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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