La revisión de la Cuenta Pública 2016, por parte de la Auditoría Superior de la Federación, advirtió que Petróleos Mexicanos no tiene información confiable sobre el volumen del combustible que le roba el crimen organizado y, por tanto, tampoco sabe a cuánto asciende el daño patrimonial a la empresa. La ahora Empresa Productiva del Estado argumentó que no tiene los recursos humanos y financieros para combatir a los llamados «huachicoleros».
Lo anterior, alertó la ASF, no sólo genera pérdidas para la petrolera mexicana y el Estado, sino que pone en riesgo las instalaciones de Pemex, al medio ambiente y, en particular, a la población en general.
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Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– Si bien el Presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en mayo pasado a combatir el robo de combustible, una revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestra que este delito ha crecido sin contención oficial durante todo este sexenio, en el que el registro de tomas clandestinas pasó de mil 620 en 2012, a 6 mil 537 el año pasado.
Este aumento, que es de un 400 por ciento, indica que, en los primeros cuatro años del sexenio, se abrieron al menos 4 mil 917 tomas clandestinas; o un promedio de mil 229 por año, o más de tres cada día.
La explicación de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante el aumento, reporta el órgano fiscalizador, fue la falta de presupuesto suficiente para seguridad así como la probable complicidad de trabajadores de la empresa y de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
“La Gerencia de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, adscrita a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex Corporativo, señaló, sin proporcionar la evidencia, que esto (el aumento) se debió a que se cancelaron programas y proyectos de seguridad por falta de ajustes presupuestales; los recursos humanos, materiales y financieros para combatir estratégica y frontalmente el robo de combustibles fueron insuficientes; y se presume la existencia de algunos trabajadores de Pemex y autoridades de los tres órdenes de Gobierno que participan en el mercado ilícito de combustibles, lo que genera pérdidas y pone en riesgo a las instalaciones productivas, a la población y al medio ambiente”, reporta la ASF.
La problemática de las tomas clandestinas en los ductos de Pemex ha cobrado notoriedad sobre todo este año en el que, en el estado de Puebla, la violencia atribuida a quienes cometen este delito y su combate por parte de las autoridades ha dejado varios civiles y militares muertos.
Petróleos Mexicanos y las entidades de seguridad del Estado, sin embargo, no sólo han carecido de efectividad para detener el problema en los últimos años sino que, de acuerdo con la ASF, ni siquiera han podido establecer el volumen ni monto monetario de lo robado, por lo que se limita su capacidad para solucionarlo.
“Se verificó que, en ese año, la empresa careció de información confiable sobre el volumen de combustibles perdido, así como del monto económico que representó. Al respecto, la Gerencia de Medición, Calidad y Balances de la Subdirección Comercial de Pemex Logística señaló que, conforme a su Estatuto Orgánico, no tiene dentro de sus funciones generar un análisis y cuantificación volumétrica y monetaria de las pérdidas por robo de combustibles en ductos, y la Coordinación de Asesores de la Dirección General de Pemex Logística proporcionó una nota simple en la que la Subdirección de Operaciones indicó que en 2016 no contó con información relacionada con el volumen de pérdidas de combustibles ni de las pérdidas monetarias, derivadas de la detección de tomas clandestinas, aun cuando es el operador de la logística de petrolíferos, incluidos gasolinas y diésel”, dice la ASF.
“La carencia de información sobre las pérdidas volumétricas y monetarias derivadas de la sustracción de combustible mediante las tomas clandestinas, así como de estrategias para obtenerla, se contrapone con la misión de PLOG (Pemex Logística) de prestar sus servicios de manera rentable y sustentable, con altos estándares de (…) confiabilidad y seguridad’ y con la acción relevante de ‘coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles’ establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, porque impide que la empresa conozca con exactitud la magnitud del problema y, en consecuencia, limitó su capacidad para solucionarlo, situación que pone en riesgo la prestación de servicios de logística de petrolíferos, de manera rentable y sustentable, con altos estándares de seguridad y confiabilidad”, agrega.
Los costos de reparación de estas tomas clandestinas fue de mil 767.7 millones de pesos sólo en 2016, y de 3 mil 70.8 desde 2011, periodo en el que la necesidad de recursos para este problema ha aumentado un 868.5 por ciento.
La información de las tomas clandestinas fue parte de una revisión de la ASF sobre los medios de transporte y almacenamiento de combustibles por parte de Pemex y con el fin de fiscalizar el aseguramiento del abasto de los mismos –que se cumplió con un cien por ciento.
La ASF también menciona que, por la falta de infraestructura, las gasolinas y el diésel son transportados de manera poco eficiente y a un elevado costo, debido a que el empleo de carro-tanques (ferrocarril) y auto-tanques (pipas) es más costoso que usar ductos.
“Sin embargo, este último medio de transporte, aunque resulta menos caro, es más riesgoso, debido al mercado ilícito de combustibles (tomas clandestinas), lo que ha repercutido en la rentabilidad de dicha actividad”, advierte la ASF.
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CRIMEN Y HUACHICOL
Recientemente, la revista The Economist destacó que “el robo de combustible es emblemático de un nuevo patrón de crimen” en México, y tiene a Puebla como su punto focal.
«Los ladrones perforan la tubería que pasa por el estado –donde es más accesible que en los estados vecinos– instalan un grifo y drenan el líquido. Lo venden de las espaldas de camiones en los caminos y en mercados como el cerca de San Salvador Huixcolotla. El precio es de unos siete pesos (37 centavos) por litro, menos de la mitad de lo que cuesta en las gasolineras”, destacó en un reportaje especial.
La influyente revista informó entonces que en 2006 la red de oleoductos operada por Pemex tenía reporte de 213 tomas ilegales. “El año pasado ese número saltó a más de 6 mil 800. Los robos costaron a la compañía 30 mil millones de pesos en ventas perdidas y facturas de reparación el año pasado”.
La administración del Presidente Enrique Peña Nieto reporta niveles de robo de combustible sin precedentes. En tanto especialistas han calificado el despliegue de 3 mil elementos a Puebla, como inútil para cumplir con objetivos de largo plazo en el combate a este delito.
“Las autoridades más inmediatas podrían estar omitiendo su responsabilidad de denunciar, pero también pareciera que las policías tanto federales como estatales están omitiendo trabajos de inteligencia”, dijo Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C (IMDHD).
El robo de combustibles creció a pasos agigantados en los últimos años. En el sexenio del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa las cifras pasaron de 323 tomas clandestinas en el 2007 a mil 635 en el 2012; un aumento en ese periodo de 406 por ciento. La tendencia continuó con Peña Nieto: su primer año de Gobierno cerró con 2 mil 612 tomas clandestinas, y al finalizar el 2015 se reportaron 5 mil 252, de acuerdo con el Informe de Sustentabilidad 2015 de Pemex; esto es, un aumento del 101 por ciento.
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