El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa estatal no publica nada sobre «los triunfos» que se tienen en contra de la delincuencia y la inseguridad. Y ese es su lado de la moneda, pero en el primer trimestre de este año, Artículo 19 ha documentado cuatro agresiones graves contra la prensa en esa entidad.
Ciudad de México, 7 de mayo (SinEmbargo).– Desde el 3 de mayo pasado, día en que se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el diario Vanguardia ha sido blanco de agresiones directas e intimidaciones, además de blanco de una demanda del ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdez, que incluye a la reportera Roxana Romero, por supuesto daño moral tras la publicación de una nota sobre la autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.
Grupo civiles nacionales e internacionales a favor de la libertad de expresión han condenado esos ataques y sus alarmas se encendieron el viernes pasado, cuando decenas de policías de la entidad irrumpieron con violencia en casa de Armando Castillo Galindo, director del periódico Vanguardia.
Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) se han pronunciado al respecto y exigen al Gobierno de Coahuila apegarse al Estado de Derecho, pues hay un aumento en las acciones intimidatorias contra los medios de comunicación en la entidad: en el primer trimestre de este año se han documentado cuatro agresiones contra la prensa local, plantea un reciente informe de la organización internacional Artículo 19.
Ayer, además, el reportero de la fuente policiaca Sergio Raúl Hernández Gijon, de la emisora «La Rancherita del Aire», fue detenido por elementos de la policía de Piedras Negras, Coahuila, después de tomar fotografías de un choque entre dos patrullas. «Aquí no puedes tomar fotos», le dijo un elemento y lo esposó. Por la tarde, el Secretario del Ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, informó que el policía fue cesado.
EL CASO VANGUARDIA
«Desde hace unas semanas Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos», denunció el diario el jueves pasado.
El martes, la periodista Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19, ya que dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa. Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su familia dejaron su hogar durante algunos días.
La reportera cubre temas de educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.
El pasado 27 de enero diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia, al igual que a otros periodistas y comunicadores de Coahuila. Asimismo, el 25 de abril los servidores del medio fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.
Durante la madrugada del viernes, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad estatal, desalojaron de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla Galindo, director del diario, y fue despojado de sus pertenencias.
«No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros dede nuestro personal y nuestro Director”, expuso Vanguardia.
Ante esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.
Artículo 19 exigió al Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para amedrentar a los integrantes de Vanguardia.
El Comité para la Protección de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del diario, Armando Castilla.
«El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico», afirmó.
Otros organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, y el Comité para la Protección de Periodistas expresaron su apoyo hacia la casa editorial. Además, al menos 21 diarios de otros estados también han mostrado su respaldo.
En marzo del 2011 un comando armado secuestró a un editor de Vanguardia; el 29 de mayo de ese año las instalaciones fueron atacadas con una granada y sitiadas por un comando armado durante más de media hora; el 25 de abril del 2013 el fotógrafo de Sociales, Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa, fue asesinado y su cuerpo desmembrado; en marzo de 2014, otros dos editores fueron amenazados y acudieron ante la Fiscalía Federal de Delitos para Periodistas, quienes les asignaron un botón de pánico un año después.
El Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, ha insistido a lo largo de su mandato en que la prensa estatal no publica sobre «los triunfos» que se tienen en contra de la delincuencia y la inseguridad.
MOREIRA Y SU PENSIÓN
Humberto Moreira Valdez fue profesor de una secundaria técnica y el titular de la Secretaría de Educación Pública de Coahuila (Sedu) antes de gobernar la entidad y posteriormente ser el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Ahora recibe 37 mil 128 pesos mensuales de pensión. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el 18 de febrero, la obtuvo de manera irregular al no cumplir con los periodos requeridos.
Moreira Valdés se pensionó con el 100 por ciento de sus sueldo al –él dice– haber cumplido 30 años 15 días de servicio. Sin embargo, el documento de la Sedu afirma que el ex mandatario solamente estuvo activo durante 17 años y cinco meses en el ramo de la educación, único periodo durante el que aportó al Servicio Médico y a la Dirección de Pensiones.
El obtener un beneficio sin haber reunido los requisitos que establece la Ley de Pensiones puede generar que se le cancele la pensión y además ser sujeto de denuncia por la Comisión del Delito Equiparable al fraude, como lo establece el artículo 110 de la Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales de los Trabajadores de la Educación.
Vanguardia publicó esta nota a raíz del escándalo por su detención en España.
«El Profe» Moreira llegaba al aeropuerto de Madrid-Barajas el 15 de enero cuando fue detenido bajo cargos de lavado de dinero, malversación de fondos durante su gobierno en Coahuila y vínculos con el crimen organizado.
Sin embargo, aunque ese mismo viernes fue encarcelado sin derecho a fianza para evitar que huyera del país, días después fue puesto en libertad al no encontrar pruebas en su contra. A pesar de que el político dijo que se quedaría en Barcelona para continuar con sus estudios de maestría, el cuatro de febrero arribó a la Ciudad de México. «Mancharon mi honor», declaró sobre el proceso judicial bajo el que estuvo durante semanas.
«SIN PRENSA NO HAY DEMOCRACIA»
En los primeros tres meses de este año se documentaron 69 agresiones contra la prensa, de las cuales destacan los asesinatos de tres periodistas, reportó Artículo 19 en su primer informe trimestral de 2016 “Sin prensa no hay democracia”.
Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización internacional informó que en este periodo las entidades con mayor número de agresiones fueron Veracruz, con 17; Guerrero, con 11; y Ciudad de México, con 9. Durante todo el año pasado también registraron la mayoría de ataques a la prensa.
“Cuando se agrede a la prensa se vulneran los derechos de los ciudadanos a la libre expresión y a la información, y termina por desestimar la labor de los periodistas en la sociedad. Sin embargo, el Estado es omiso y negligente en su obligación por brindar justicia, verdad y reparación del daño en los casos de violencia contra la prensa. La impunidad que prevalece en el país es un aliciente para la repetición constante de estos actos. Las condiciones para que los periodistas y comunicadores ejerzan su labor, no ha mejorado, al contrario cada vez son más precarias”, acusó Artículo 19.
Lucía Vergara, de Artículo 19, dijo a SinEmbargo que la impunidad también es parte de una agresión. “Cuando matan o amenazan a periodistas y no se investiga, se da un llamado a los agresores a que sigan cometiendo acciones contra los periodistas”, expuso.
De las 69 agresiones, 33 de los casos los responsables fueron funcionarios. De estos, 12 involucran a elementos del Ejército o Fuerzas federales.
“Las autoridades niegan responsabilidad y no existe iniciativa por abrir investigaciones en contra de ningún servidor público. Esto impide el acceso a la justicia y verdad para las víctimas”, denuncia el informe.
Vergara declaró en entrevista que es preocupante que las autoridades, en vez de investigar, desprestigien o desacrediten a los periodistas.
