WASHINGTON, 7 de abril  (AP) — La tirantez entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría complicar la continuidad del trabajo de un grupo de expertos que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dijo a The Associated Press tras una audiencia en la CIDH que la intención del Gobierno es reunirse la próxima semana con los integrantes de la Comisión para debatir la extensión del mandato del equipo, que vence el 30 de abril.

Pero el Embajador mexicano ante la OEA, Emilio Rabasa, dijo a AP que es innecesario prolongarlo y agregó que la decisión debe ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la CIDH.

El artículo 10 del acuerdo sobre la participación del grupo en la investigación indica que su mandato «será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes».

El presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, indicó a AP que el organismo «va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este tema, sino insumos».

El grupo de expertos internacionales que investiga la desaparición de los 43 estudiantes criticó este mes al Gobierno por divulgar unilateralmente un nuevo peritaje sobre un basurero donde según las autoridades fueron quemados los jóvenes y denunció que sus integrantes son blanco de ataques en un intento de disuadirlos de buscar la verdad del caso.

Otro de los puntos que ha aumentado las tensiones entre la organización interamericana y el Estado mexicano es la denuncia presentada por un ciudadano contra el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Alvarez.

La Comisión reclamó este jueves con dureza a las autoridades mexicanas que hayan dado curso a una averiguación.

El comisionado brasileño Paulo Vannuchi reclamó públicamente por lo que calificó de ataques a Alvarez, un día después de que la CIDH expresara su disgusto durante una reunión a puertas cerradas con la delegación gubernamental.

Vannuchi consideró la admisión de la denuncia contra Alvarez un ataque «un poco cobarde» porque le «ha provocado un daño irreparable. Debía ser un ataque contra la CIDH».

Pero Ruiz Cabañas aclaró que ningún funcionario estuvo vinculado con la denuncia, que había sido presentada por un particular, y aclaró que la Procuraduría General finalmente la descartó porque el denunciante no es el titular de los derechos patrimoniales del Estado mexicano.

«Quiero dejar claro que ningún funcionario del gobierno de México tuvo nada que ver con la denuncia penal, ni mucho menos fue un ataque a la CIDH de parte del gobierno», indicó y explicó que la Procuraduría está obligada por ley a darle curso a todas las denuncias.

En la audiencia, el comisionado colombiano Enrique Gil Botero señaló a su vez que las violaciones a los derechos humanos son más acentuadas en México que en otros países del continente.

Ruiz Cabañas, en respuesta, criticó el informe que la CIDH difundió el mes pasado sobre la situación de los derechos humanos en México al calificarlo de incompleto y refutó la premisa de que el Estado es el causante de la violencia.

En ese documento, la CIDH había denunciado como insuficiente la respuesta del Estado mexicano a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país y exhortó a las autoridades a erradicar la impunidad generalizada.