Más de 7 mil campesinos que trabajaron de manera legal en Estados Unidos recibieron, después de siete décadas, un amparo en el que se ordena al Gobierno federal reintegrar lo descontado de sus salarios desde 1942, luego de que la Segob se negara a pagar el adeudo.
Ciudad de México, 7 marzo (SinEmbargo).- Una Juez federal concedió un amparo a más de 7 mil campesinos de la Coordinadora Binacional de la Alianza Braceroproa para que el Gobierno les reintegre el 10 por ciento de sus salarios que les fue descontado cuando laboraron legalmente en Estados Unidos.
Paula García Villegas, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, resolvió el pasado 29 de febrero que el Gobierno federal no ha respondido de manera congruente por el fideicomiso creado desde hace una década para atender a los campesinos, por lo que se le ordena encontrar el dinero y reintegrarlo a los quejosos.
«Les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riego las finanzas públicas», sentenció García Villegas, recién nombrada Magistrada de Circuito.
Este es el séptimo amparo que se le concede a los trabajadores migrantes, a quienes cuando aún laboraban de manera legal en Estados Unidos les fueron descontados sus salarios, y que en el sexenio de Vicente Fox Quesada les fue reintegrado un pago de 38 mil pesos para saldar los adeudos del Estado mexicano.
En septiembre de 2014, 6 mil ex braceros de Guerrero denunciaron que no habían recibido el apoyo, por lo que la deuda del Gobierno federal con los trabajadores ascendía a mil 523 millones de pesos. Y en 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) se negó a reintegrar el salario a quienes no se inscribieron antes de 2005.
En 1942, ambos Gobiernos acordaron que Estados Unidos descontaría 10 por ciento del salario de los braceros para un fondo de ahorro, que les sería devuelto al regresar a México.
Este fondo debió ser transferido de bancos estadounidenses al Banco Nacional de Crédito Agrícola, que ya no existe, y al Banco del Ahorro Nacional, ahora Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi). Sin embargo, el Estado mexicano, a través de la Segob, que actualmente coordina el pago a braceros o a sus herederos, dijo que sólo podía cumplir con el fideicomiso a quienes se dieron de alta en 2005 y 2008.
«La entrega de fondos nunca se llevó a cabo y a la fecha se desconoce su destino. La información que existe sobre el paradero de los fondos es muy escasa», admitió el Gobierno federal en la década pasada.
La juez García Villegas refirió que «el Estado Mexicano ha convertido en deuda pública deudas privadas que pusieron en riesgo al sistema financiero como sucedió con el llamado Fobaproa, pretende salvar con una ley al desfalco producto del llamado Ficrea, pretende asimismo, hacerse cargo de los problemas financieros de Pemex. En todos estos casos, la deuda que el Estado ha asumido o asumirá no era suya».
La Magistrada ordenó que «que las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes».
