La regulación de la publicidad oficial estará dentro de las principales tareas del Senado de la República y algunas propuestas ya están sobre la mesa, pues cada partido buscó tener la propia.
De la postura de los precandidatos presidenciales sobre el tema, poco se sabe. Ante pregunta expresa dirigida a sus equipo, no hubo respuesta al tiempo de la publicación de esta nota.
Pero desde este miércoles, las organizaciones civiles empezarán una labor de acompañamiento y supervisión de lo que se haga en Congreso. Están conscientes de que hay un grupo que quiere una legislación laxa y que se mostró inconforme desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el fallo que los obliga a legislar la relación entre el Gobierno federal y los medios de comunicación.
Mientras esto sucede, el gasto de promoción del Gobierno federal en diversos medios continúa y el año electoral se vuelve un factor relevante en la difusión masiva de sus logros.
Ciudad de México, 7 de febrero (SinEmbargo).- El plazo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó al Congreso mexicano para que elabore las leyes que regulen la publicidad oficial se cumplió y, como consecuencia, el tema se ubica como uno de los que tendrán prioridad en la agenda legislativa.
SinEmbargo solicitó a los coordinadores de comunicación de las precampañas de los precandidatos presidenciales –Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Andrés Manuel López Obrador– una postura al respecto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Se buscó también a los partidos que ya tienen listos los borradores de sus iniciativas: Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Acción Nacional (PAN) y De la Revolución Democrática (PRD) respondieron a este diario digital; el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no contestó al llamado.
Este día, diversas organizaciones civiles también presentarán en el Senado su propuesta de Ley.
Las de Morena, PAN y PRD coinciden en algunos puntos: es urgente poner un tope al gasto, que no se confunda más la comunicación social con la promoción gubernamental y transparentar la repartición del dinero que se paga a los medios.
También están de acuerdo en un punto central: el PRI intentará ir en contra de sus propuestas.
Unos días después del fallo de la Suprema Corte en favor de la organización internacional Artículo 19, que también denunció omisión legislativa luego de que no se elaboró la regulación en su momento, Jorge Carlos Ramírez Marín, Diputado priista, comentó en entrevista con Carmen Aristegui que la mayoría de los legisladores en San Lázaro podrían votar en contra de cualquier proyecto que reglamente el artículo 134 constitucional con la finalidad de regular el dinero público destinado a la publicidad del Gobierno federal y de los gobiernos estatales.
El priista yucateco expuso que su fracción parlamentaria –conformada por el propio PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)– es mayoría en la Cámara Baja e indicó que la postura de los legisladores es la de rechazar el proyecto de Ley que regule la publicidad oficial.
“Lo que no puede prever la Corte, a lo que no puede obligar la Corte [es] al sentido del voto de los legisladores. Entonces, el proyecto de ley se presentará en comisiones y llegará al Pleno (de la Cámara de Diputados), pero ahí necesita contar con mayoría y que pasa si no cuenta con esa mayoría legislativa, el proyecto podrá ser derrotado en el Pleno y tendrá que regresarse (a comisiones)”, advirtió..
Actualmente, la cantidad de dinero que el Gobierno federal ha gastado en publicidad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto ronda los 42 mil millones de pesos.
De acuerdo con un estudio de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Gobierno federal gastó entre 2013 y 2016 un monto de 37 mil 725 millones de pesos en publicidad oficial, y además esa cantidad superó en 15 mil 162 millones de pesos lo aprobado por el Congreso de la Unión. También se hizo caso omiso del recorte del 10 por ciento que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decretó desde 2015, como parte del recorte al gasto público y de su política de austeridad.
En lo que respecta a 2017, de enero a noviembre se han gastado 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos, de acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Cada año se presenta este sobreejercicio. Fundar detectó que la práctica es constante y se traduce en un gasto 71.86 por ciento mayor al que el Congreso aprobó año con año en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Así, en 2013 las dependencias del Gobierno federal gastaron 48.74 por ciento más; en 2014, 35.03 por ciento más; en 2015 repuntó 80.50 por ciento y en 2016 el gasto fue de 133.58 por ciento extra. A esta administración federal se le permitió gastar 21 mil 097 millones en ese rubro, pero el monto se disparó a los 33 mil 261 millones de pesos.
En 2017, el monto gastado ya es 34 por ciento mayor de lo que la administración tenía permitido, y las cifras oficiales estarán disponibles a mediados de este año.
Justine Dupuy, Coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, de Fundar, dijo que es positivo que el tema esté dentro de las prioridades de los partidos, ya que puede considerarse que hay disposición.
“Nosotros pondremos nuestros puntos mínimos, los que debe haber en la ley, y haremos un llamado a todos a firmar un acuerdo de voluntad política […] no se trata de un tema de colores, sino de cumplir una sentencia”, comentó.
De entre los puntos que buscan incluir, son tener una ruta clara de la legislación con base en principios de parlamento abierto para garantizar que se escucharan a los diversos actores (sociedad civil, periodistas y académicos), no solo para monitorear, sino para que sean tomados en cuenta.
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PARTIDOS Y PROPUESTAS
Por el Partido Acción Nacional, la Senadora Marcela Torres Peimbert fue la encargada de presentar el documento con la iniciativa sobre el tema.
La propuesta –que es de nivel federal– gira en torno del derecho de todas las ciudadanas y ciudadanos mexicanos a tener información veraz y a conocer la verdad de los hechos, que se ve trastocado cuando se aplica la máxima de que “el que paga manda”, tanto en los estados y a nivel federal.
“En los estados, los medios de comunicación, radiodifusoras, televisoras, dependen básicamente del dinero que les da el gobierno. Entonces se dedican a difundir lo que el Gobernador o Gobernadora en el estado desea y lo que no, no. Eso fractura e inhabilita la posibilidad de respetar el derecho humano de la verdad. A nivel federal no es distinto, sabemos que tenemos topes al gasto del Gobierno federal y esos topes se brincan y superan año con año”, comentó la legisladora.
La queretana criticó también a los medios.
“Si los medios de comunicación tienen un cliente tan poderoso aplican ‘el que paga manda’. Entonces las notas que se presentan y las que no se presentan tienen un control muy claro con este recurso”, dijo.
Los puntos que sobresalen de la propuesta es la de respetar los tiempos oficiales, es decir, que el tiempo o espacio que por ley los medios deben dar al gobierno se agote y luego, si es necesario comprar más.
También prevé la creación de un Consejo Consultivo para la evaluación y el seguimiento de la comunicación gubernamental, que sea ciudadano, apartidista e imparcial; que vigile y supervise tanto a gobierno como a medios.
Otro punto es fiscalizar y revisar los recursos que se destinan a comunicación gubernamental, ya que el 41 por ciento de los recursos que ha gastado el gobierno federal en su publicidad están fuera del presupuesto autorizado.
La creación de un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, ya que, explicó, en tiempos de campaña surgen medios que en realidad no existen y son otros órganos de comunicación gubernamental y de propaganda que funcionan en tiempos de campaña, “entonces esos recursos que pueden ir a los medios ya instalados, auditados, oficiales, se pierden en esos medios que aparecen en ciertos momentos”.
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Por su parte, Luis Humberto Fernández Fuentes, del bloque parlamentario del Partido del Trabajo (PT) y de Movimiento de Regeneración Nacional, enfatizó en que la publicidad oficial o la propaganda oficial deben tener una utilidad pública.
“Hasta el momento hemos visto cómo los gobiernos abusan de estos recursos para promoverse o comunicar cosas que no tienen ningún sentido. Entonces la primera prioridad en la iniciativa de Morena, es que toda la publicidad gubernamental tenga una utilidad pública en diversos sentidos: con el derecho a acceder a un servicio, el derecho a estar informado y a la posibilidad de conocer la actividad gubernamental”, dijo a SinEmbargo.
Dejó claro que en esta discusión, el tema no es eliminar la publicidad sino hacerla transparente y que cumpla su rol social-
“Si se revisan todos los spots que hay ahora, tienen muy poca utilidad, es más bien la promoción del gobernante o el autoelogio. Eso lo queremos desterrar”, expuso.
En cuanto a la transparencia, señaló que es parte fundamental de la propuest limitar el gasto, evitar los sobre ejercicios y darle una racionalidad a lo que gasta el gobierno en publicidad.
El Senador del PRD, Luis Sánchez Jiménez, explicó que su propuesta, que es general y que impactaría en los tres niveles de gobierno, considera que la distribución equitativa del recurso para la publicidad gubernamental en las diversas áreas, de acuerdo
La distribución equitativa del recurso para la publicidad gubernamental en las diversas áreas, de acuerdo a las prioridades que tenga el gobierno, es decir, que no se puede concentrar el recurso en una sola área como sucede ahora.
“Cada una de las direcciones en los municipios, en las secretarías de los estados o en las secretarías del Gobierno federal, deben establecer desde la elaboración del presupuesto, cuánto puede gastar cada una”, comentó Sánchez Jiménez.
Además se propone que la participación de los medios para obtener publicidad debe ser pública, transparente y todo mundo debe saber las reglas establecidas para que los medios participen como si fuera una licitación de una obra pública; que participen para competir por esos recursos.
Eso implicaría revisar precios, tamaño del medio y público al que se quiere llegar.
Un tercer punto es crear un órgano descentralizado que vigile la aplicación de los recursos.
«El tema será prioridad porque tenemos un mandato de la Corte para legislar. Ya estamos en falta y por cuestiones de intereses políticos, económicos, electorales, no se ha cumplido», agregó el legislador de Morena.
Además de la declaración de Ramírez Marín del pasado noviembre, el PRI no ha declarado más al respecto, pero la “Expedición de la legislación en materia de propaganda gubernamental” viene incluida en su agenda legislativa para el segundo periodo de sesiones.
Presupuesto 2017 y Proyecto de Presupuesto para publicidad oficial 2018
(Cifras en millones de pesos)
| Entidad / Dependencia | Monto PEF 2017 | Monto PPEF 2018 | Variación % entre PEF 2017 y PPEF 2018 |
| Instituto Mexicano del Seguro Social | 633.90 | 684.53 | 7.99% |
| Comisión Federal de Electricidad | 278.91 | 255.26 | -8.48% |
| Poder Legislativo | 189.56 | 245.77 | 29.65% |
| Hacienda y Crédito Público | 180.96 | 219.28 | 21.18% |
| Instituto Nacional Electoral | 108.34 | 194.64 | 79.65% |
| Gobernación | 181.62 | 181.62 | 0.00% |
| Petróleos Mexicanos | 180.57 | 165.09 | -8.57% |
| Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado | 128.27 | 158.72 | 23.75% |
| Instituto Federal de Telecomunicaciones | 148.61 | 147.89 | -0.49% |
| Entidades no Sectorizadas | 200.85 | 142.87 | -28.87% |
| Educación Pública | 214.57 | 132.04 | -38.46% |
| Salud | 126.69 | 120.71 | -4.72% |
| Poder Judicial | 102.46 | 113.77 | 11.04% |
| Defensa Nacional | 100.60 | 100.03 | -0.57% |
| Comunicaciones y Transportes | 98.18 | 96.88 | -1.33% |
| Cultura | 82.04 | 79.21 | -3.45% |
| Marina | 71.38 | 71.38 | 0.00% |
| Medio Ambiente y Recursos Naturales | 173.28 | 61.36 | -64.59% |
| Economía | 71.12 | 59.23 | -16.71% |
| Oficina de la Presidencia de la República | 42.92 | 41.49 | -3.34% |
| Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación | 33.63 | 39.48 | 17.39% |
| Procuraduría General de la República | 46.23 | 39.10 | -15.42% |
| Desarrollo Social | 30.80 | 30.44 | -1.16% |
| Información Nacional Estadística y Geográfica | 8.23 | 27.48 | 233.93% |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 21.70 | 21.19 | -2.34% |
| Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales | 20.63 | 21.00 | 1.81% |
| Comisión Nacional de los Derechos Humanos | 20.90 | 20.68 | -1.08% |
| Relaciones Exteriores | 15.66 | 11.77 | -24.84% |
| Función Pública | 11.36 | 10.12 | -10.90% |
| Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación | 8.76 | 8.01 | -8.63% |
| Turismo | 8.38 | 6.47 | -22.71% |
| Energía | 6.31 | 6.02 | -4.54% |
| Trabajo y Previsión Social | 6.38 | 5.67 | -11.19% |
| Comisión Federal de Competencia Económica | 5.40 | 4.58 | -15.23% |
| Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 4.08 | 1.73 | -57.52% |
| Tribunales Agrarios | 0.50 | 1.16 | 130.91% |
| Tribunal Federal de Justicia Administrativa | 0.53 | 0.59 | 12.03% |
| Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | 0.10 | 0.12 | 17.39% |
| Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal | 0.05 | 0.03 | -40.00% |
| Total general | 3,564.44 | 3,527.39 | -1.04% |
Fuente: Elaboración de Fundar con información del PEF 2018 y del PEF 2017. Disponibles en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
ELABORAR LA LEY ES OBLIGACIÓN
Dupuy hizo un llamado a que el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncie de manera abierta sobre la importancia que tiene elaborar la regulación en este periodo legislativo.
“Es además una promesa incumplida del Presidente y estaba dentro del Pacto por Mexico. Hoy sería importante una postura y un compromiso público para que se avance”, sostuvo.
Sobre la postura del PRI, Fernández Sánchez comentó que el eje de la regulación no puede ser el criterio electoral: debe ser independiente de los momentos políticos y de los cálculos.
“Una Ley tiene que durar muchísimos años. No podemos hacer una ley basada en lo que vivimos estos meses. Nosotros vamos a legislar sobre lo que sea más conveniente y no sobre la mera coyuntura. Hay que recordar que estamos obligados, por resolución de la Corte, a legislar en la materia. No hay margen más que hacerlo y hacerlo bien”.
Torres Peimbert prevé que el PRI le hará “como lo ha hecho muchas veces: tratará de que no haya parlamento abierto, que sea en lo oscurito, que los acuerdos se tomen en apariencia para que así quede regulado, con el juego de muchos medios de comunicación que se sienten afectados por esta posible regulación”.
Sánchez Jiménez, consideró que lo que viene no será fácil porque se tendrá que obligar al PRI a que legisle la regulación y además porque de no hacerlo se caería en desacato ante la Suprema Corte.
«No se puede estar jugando con esto. Tenemos que cumplir a rajatabla el mandato de la Corte. No se puede entender que el PRI siga dándole la vuelta a esta responsabilidad», sostuvo el legislador perredista.
“La vocación del PRI es la servidumbre del poder. Nosotros no vamos a esperar una cuestión progresista en el PRI y es lógico que ellos tengan esa posición de contraste a cualquier ley que signifique acotar a su santo patrono que es el Presidente, aunque ya vaya de salida, y mal”, concluyó Fernández Sánchez.
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