La Secretaría del Trabajo recibió un aumento presupuestal de 971 por ciento anual para este año. Sin embargo, al igual que otras dependencias, a finales de diciembre requirió a empleados de al menos nueve entidades firmar su renuncia voluntaria. Los afectados acusan irregularidades en el despido y enfatizan que, contrario al plan de austeridad del Gobierno federal, son los que menos ganaban. La mayoría del presupuesto se destinará al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. «Todo el dinero va a ser regalar dinero para apoyar a otras personas», lamentó Francisco, de la delegación de Quintana Roo.
Ciudad de México, 7 de enero (SinEmbargo).– A inicios de diciembre, Francisco, inspector de la Secretaría del Trabajo en Quintana Roo, fue llamado junto con sus compañeros laborales a una videoconferencia con la Secretaria Luisa María Alcalde Luján. Les dijo, recuerda, que no habría despidos en su área, solo se les cambiarían sus actividades para «darle seguimiento de vigilancia» a los programas de la dependencia. Hoy, tras 11 años y medio de servicio, vive con incertidumbre, ya que se le solicitó su renuncia voluntaria sin documentación de por medio pese a ser del nivel más bajo.
«Fue una promesa de campaña del señor Presidente [Andrés Manuel López Obrador] el hecho de que solamente el recorte era para altos funcionarios, altos mandos y que eran oficinas que no tenían uso de ser, pero con salario elevado. No sé en qué momento se desvió todo esto y hoy los afectados somos los que ganamos menos», dijo vía telefónica desde Chetumal. Ganaba 10 mil 500 pesos brutos mensuales, sin contar descuentos.
En plenas fechas decembrinas, la ola de despidos con irregularidades en la dependencia, encargada de salvaguardar los derechos laborales, se extiende a nivel nacional en las delegaciones de Quintana Roo, Tabasco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Morelos…
Una trabajadora de la Ciudad de México, que pidió anonimato, dijo que son alrededor de 500 afectados en el país y planean acudir a la vía jurídica, ya que los están haciendo firmar una renuncia voluntaria cuando se trata de un cese y un convenio que, aunque les ofrece tres meses de indemnización y 20 días por cada año de servicio, no les brinda un bono y otras prestaciones de Ley.
«Pertenecemos al servicio profesional de carrera y en el artículo 40 [de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal] dice que por razones de reestructuración de la administración pública o desaparezcan cargos del catálogo tendrían que reubicarnos dentro de las dependencias, sin embargo aquí lo que nos están obligando es a firmar nuestras renuncias», acusó.
SinEmbargo solicitó una postura oficial a la Secretaría del Trabajo, pero no hubo respuesta por parte de comunicación social. Ellos han acudido a Palacio Nacional a manifestarse y han encontrado el mismo silencio.
El viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia mañanera que todo el ajuste administrativo tiene que ver con el personal de confianza de los altos niveles de la burocracia.
«Trabajadores de base, sindicalizados, no deben de ser removidos», especificó. «Y en el caso que se haya cometido una injusticia, se va a reparar. Hay la instrucción en todas las áreas para revisar casos en donde no haya ninguna justificación. Si no los han removido de sus cargos, no tienen nada que temer, no va a pasar nada. Lo que se sucede es que se están dando reacomodos», añadió el Jefe del Ejecutivo federal.
Los ex empleados de la Secretaría del Trabajo aseguraron en entrevista que la supuesta desaparición de plazas por «ajuste presupuestal», como les justifican, no es lógica luego del aumento de 971 por ciento anual al presupuesto de la Secretaría del Trabajo. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos, su bolsa de recursos brincó de 4 mil 37 millones de pesos en 2018 a 43 mil 269 millones de pesos para 2019, destinados principalmente al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual consiste en otorgar una beca mensual de 3 mil 600 pesos a 2 millones 600 mil jóvenes para que se capaciten durante un año en empresas.
«Todo el dinero va a ser regalar dinero para apoyar a otras personas», lamentó Francisco vía telefónica desde Chetumal, donde son tres los inspectores despedidos. Sospecha que «meterán» en sus cargos a la gente «con la que están comprometidos».
«Las plazas no están desapareciendo. Están vigentes y están dentro del Presupuesto de este 2019. Nosotros estamos pensando de manera maliciosa que es darnos salida a nosotros para entonces ellos meter a su gente con las cuales ellos tienen compromisos y otorgarles nuestros puestos», consideró.
En el Presupuesto de Egresos, en el tomo de remuneraciones, la Secretaría del Trabajo contempla 279 plazas para el cargo de Inspector federal de trabajo.
«Mi mensaje a ella [a la Secretaria Alcalde] y al Presidente de la República, Andrés Manuel, nomás les diría: déjenos trabajar. Es la tercera administración en la cual he pasado, entonces por qué no nos dejan trabajar si los anteriores no nos molestaron. No hicieron nada en contra de nosotros. Aquí no hay partidos, no hay colores, solamente la camisa de la Secretaría del Trabajo», añadió.
«MI ESPOSA ESTÁ DESCONCERTADA»
«Vemos que la Secretaria de Estado [Luisa María Alcalde] ha festejado la justicia laboral y no voltea a ver a su dependencia que sí nos están haciendo renunciar, porque para la Secretaría no nos están corriendo», afirmó Regino, de la Delegación en Tabasco, donde ni siquiera ya se pagó el servicio de la luz.
El 20 de diciembre, días antes de Navidad, la encargada de despacho les notificó de palabra, sin documento de por medio, que a partir del primero de enero sus plazas desaparecían. En menos de 24 horas les marcó para anunciarles que se suspendía la medida. Pero finalmente sí se hizo efectiva y les ofrecieron un convenio del 28 de diciembre, que tienen que firmar, el cual ofrece 3 meses de sueldo y 20 días por año de servicio.
«Estamos pensando en ir a la vía legal porque no nos gusta cómo viene el convenio, ya que no estamos renunciando, nos está despidiendo», aseguró.
Regino, de 36 años, laboró ocho años y medio como Inspector Federal de Trabajo, de los cargos más bajos en la estructura de la Secretaría. Al igual que en Quintana Roo y la Ciudad de México, la justificación es ajuste presupuestal pese al aumento de casi mil por ciento recibido para 2019.
«Hasta ahorita todo ha sido de palabras. Hoy vimos el convenio y sí es lo que nos dijeron, pero nos quedaron debiendo un tipo bono que nos dan año con año, y además los días de vacaciones. No nos han pagado todo lo que nos pagaban antes y nos quieren hacer firmar un convenio que ni estipula cuánto nos van a pagar», dijo.
En Tabasco son cuatro inspectores despedidos. «Nos decían que desaparecía el inspector federal, somos cinco y nomás nos fuimos cuatro», detalló.
Alcalde Luján ha hablado sobre la desaparición de áreas duplicadas como parte del plan de austeridad.
«Uno tiene familia, es el de la casa y tiene que llevar la comida. Tengo esposa e hijo, y mi esposa anda desconcertada, no se esperaba este tipo de noticia. Ahora con eso hay que esperar y conseguir trabajo», finalizó.
«HAY DAÑO PSICOLÓGICO»
Francisco, Inspector Federal de Trabajo en la Delegación de Quintana Roo, cumple 40 años este año y por la edad teme no encontrar trabajo.
«Conforme a mi edad, dónde yo puedo ser contratado ya que es una limitante hoy en día. Ya no es tan fácil, por eso varios de nuestros compañeros que tenemos varios años de servicio nos molesta; cómo nos defendemos», planteó.
«De por sí pasamos una Navidad y un Año Nuevo muy difícil porque no estábamos seguros en el trabajo. Psicológicamente nos fuimos nosotros dañando: cómo te sacas de la cabeza que vas a dejar de ser parte de la Secretaría y que ya no eres requerido. Tu familia te pregunta qué vamos a hacer», contó.
Le ofrecen, al igual que a sus colegas en otros estados, firmar la renuncia y un convenio que le brinda la liquidación de 20 días por año de servicio y la indemnización de los tres meses.
«La cuestión aquí es que hay muchos factores que nos están violentando. Nos están haciendo firmar un convenio de fecha 28 de diciembre y nosotros, un servidor, se encuentra actualmente de vacaciones, y pues no te pueden despedir en periodo vacacional. En el caso de otros compañeros no fueron otorgadas sus vacaciones ni se las están pagando conforme al convenio. Además no se nos ha realizado el pago de la reestructuración al ISR», dijo Francisco.
Más allá del ajuste presupuestal, no les han dado otra justificación ni documento que sustente la baja.
«Si nos vamos a lo legal, cómo vamos a subsistir todo el tiempo que se va a llevar la demanda. Es una preocupación que no solo nos afecta como trabajadores, sino a familiares también. Tenemos compromisos de descuento de casa, crédito, hacer valer lo del desempleo. No nos están otorgando ningún documento para hacer valer eso», agregó.
«NOS QUEDAMOS EN SHOCK»
A una trabajadora de la Secretaría del Trabajo, 37 años, le comentaron el 19 de diciembre que su plaza se había terminado. Sin un papel de por medio. Tres días después les dijeron que sí serían recibidos en enero. Y el 28 que siempre no… que debían renunciar.
«Nos quedamos en shock», evocó. Al inicio de la administración les habían comentado que se encargarían de revisar y llevar a cabo los programas de la dependencia, entre ellos, Jóvenes construyendo el Futuro.
Como empleados de la Secretaría del Trabajo conocen los derechos laborales y ahora luchan por los suyos.
«El convenio dice que es una renuncia voluntaria y la verdad es que no. Ante todo el autoritarismo de la Secretaría porque no nos dan una razón, nos dicen que desaparecieron plazas cuando en realidad no es cierto», afirmó la afectada.
Sobre la justificación de la solicitud de su cese, coincidió con sus colegas en que no cuadra que aleguen ajuste presupuestal cuando fue la Secretaría que más recibió un aumento al igual que la de Energía. Y sobre los recortes de altos funcionarios, aclaró que «en la estructura de la Secretaría estábamos en el nivel más bajo, nuestra percepción mensual es de 9 mil pesos, ni siquiera es un sueldo alto». Igual que ella, 30 personas están en su misma situación en la capital del país.
«Estoy muy triste y decepcionada, porque creo que no es la manera. Es un trabajo que nosotros hacemos con gusto y que te digan que ya no pertenecemos… tenemos familias que dependen de nosotros, es muy injusto lo que están haciendo aquí», lamentó. Ella apoya económicamente a sus padres y a un hermano que está estudiando.
