Durante dos años estuvieron repartiendo programas sociales. Ahora, algunos delegados, abanderados por el partido en el poder, buscan gubernaturas. Pese al periodo establecido de precampañas y campañas, desde octubre muchos de ellos le dieron vuelta a la Ley y tapizaron municipios con su cara.
Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).– Estaba casi cantado. Delegados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) renunciaron en octubre al cargo de coordinar la entrega de programas del Bienestar para destapar su interés por la gubernatura del estado donde estuvieron repartiendo los apoyos sociales. Sin embargo, al menos tres han promovido su imagen en libros, revistas y espectaculares desde octubre, antes del inicio de las precampañas para 2021. Otros son señalados de haber aprovechado su antiguo puesto para autopromocionarse y otros, además, fueron denunciados por uso indebido de programas sociales o nepotismo.
«Ninguna de las personas que aspiran a un cargo de elección popular se puede adelantar a las etapas de la contienda, es decir, las precampañas y campañas. Y las autoridades ya sea locales o federal deben hacer valer la Ley», dijo la exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín, quien precisó que la multa o consecuencia depende de cada legislación estatal. «Lo que estamos mirando este año, pero también hemos visto en años anteriores, son mecanismos donde se busca hacer parecer que no hay una anticipación generando formas de propaganda que buscan escudarse detrás de la libertad de expresión que tienen los medios. Es una forma de simulación o buscar dar la vuelta a la Ley».
El periodo de campaña para gubernaturas es de entre 60 y 90 días, dependiendo cada legislación estatal. Los exdelegados que han levantado la mano para disputar las gubernaturas en 2021 son Víctor Manuel Castro Cosío, de Baja California Sur e Indira Vizcaíno Silva, de Colima, Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala, Juan Carlos Loera, de Chihuahua; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; quienes ya se reunieron de manera presencial con el dirigente de Morena, Mario Delgado; así como Manuel Peraza Segovia, de Nayarit; y Gilberto Herrera Ruiz, de Querétaro.
Castro Cosío, el aspirante a Baja California Sur, argumentó que los delegados del Gobierno Federal trabajan “en igualdad de circunstancias» que diputados y senadores, que también tienen cargos de representación popular en diferentes partes del país y rechazó que hayan sacado provecho del cargo de entrega de dinero. “Por supuesto que de ningún modo se aprovechó”, dijo en entrevista con el semanario ZETA. Incluso metió las manos al fuego por sus colegas investigados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). «Una cosa es que les hayan planteado alguna investigación por algún señalamiento, pero obviamente que van a quedar fuera de cualquier responsabilidad», afirmó el experredista.
EL CASO «DESAFORTUNADO» DE GUERRERO
En años pasados, el truco de la revista-espectacular lo utilizó el exgobernador de Puebla panista Rafael Moreno Valle y el exgobernador de Morelos perredista Graco Ramírez. Frente a las jugosas elecciones del próximo año, entre los siete exdelegados interesados, quienes se han adelantado en disfrazar propaganda son el exdelegado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, señalado de nepotismo y ahora sustituido por Bertha María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria del Trabajo e hija de la consejera nacional de Morena, Bertha Luján, así como el exdelegado de Guerrero, Pablo Sandoval, hermano de la Secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval Ballesteros.
El exdelegado guerrerense tapizó la entidad sureña con su rostro, pero fue exonerado en octubre por el Tribunal Electoral estatal por no llamar explícitamente al voto y solo se pidió retirar la propaganda. En más de 30 espectaculares repartidos en municipios como Chilpancingo, Acapulco, Zihuatanejo, Coyuca y otros se vio su imagen en la portada de 99 Grados con el lema “Guerrero encabezará la transformación del país”.
Para la exconsejera del INE, Pamela San Martín, la resolución del tribunal electoral local «fue una decisión muy desafortunada […] No es un problema de legislación, es un problema de interpretación».
Se espera la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la impugnación, ya que «las reglas establecidas en la Constitución son muy claras y lo que busca es garantizar que haya igualdad de condiciones entre todos los aspirantes a un cargo de elección popular y que quienes son funcionarios públicos no aprovechen su cargo para promover aspiraciones, las cuales son legítimas pero deben ajustarse a las reglas».
Pero, agregó la exconsejera, en los últimos años se ha observado a un Tribunal Electoral mucho más permisivo con los servidores públicos. «Ha considerado que siempre y cuando no usen las frases sagradas como ‘vota por mí’ o ‘quiero ser tu Gobernador’, no es indebido. Ha sido muy laxo. Creo que no beneficia en el cumplimiento de las reglas constitucionales», dijo San Martín.
DENUNCIADO EN SFP VA POR CHIHUAHUA
El exdelegado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, acusado de nepotismo e incompetencia en la entrega de programas sociales a los rarámuris, se promocionó desde octubre en espectaculares en calles de Ciudad Juárez que anuncia el libro digital “Caminando por Chihuahua” de Doxa Editorial.
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) ya investiga una denuncia ciudadana que cuestiona de dónde sacó los recursos para los espectaculares, folletos y tarjetas personalizadas. También lo acusó de condicionar la entrega de los programas para el Bienestar a cambio de su voto para la gubernatura de Chihuahua, lo cual viola la Ley General en Materia de Delitos Electorales (2014).
«El problema es que aunque hayan renunciado ya utilizaron gran parte de los recursos públicos para promocionar su imagen”, dijo al semanario ZETA el representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el INE, Ángel Ávila Romero. «La verdadera estructura electoral de Morena son los superdelegados».
En octubre de 2019, SinEmbargo publicó que el entonces Delegado de la Secretaría de Bienestar de Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el Delegado Regional de Parral, Luis Fernando Duarte González, fueron denunciados por presunto nepotismo ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, mientras los rarámuris de Bocayna y Guachochi protestaban por el retraso en la entrega de los programas sociales en la Sierra Tarahumara.
La denuncia mencionó a la Subsecretaria de Bienestar y pareja del exdelegado, Ariadna Montiel Reyes, comadre de bautizo del Delegado de Parral Luis Duarte y su esposa Ishtar Ibarra Barraza, quien hasta el 30 de abril del año pasado apareció como funcionaria pública en la Secretaría de Bienestar en la Nómina Transparente de la Administración Pública Federal. La secretaria particular de Montiel era Myrna Brighite Granados de la Rosa, sobrina del “superdelegado” Loera.
En marchas para exigir fuentes de trabajo, los rarámuris acusaron al Delegado Loera por no cumplir en la entrega de los programas sociales como el de becas Benito Juárez y el de Producción para el Bienestar. El funcionario argumentó que en la Sierra Tarahumara no hay bancarización para la entrega de tarjetas y estaban en proceso de dar los recursos. También minimizó la demanda por hambre de los rarámuris al decir que su vocero no era rarámuri. En diciembre de 2020, en plena entrada de invierno, los programas se llevarán hasta enero por el cambio de delegado y el semáforo rojo en la entidad por la COVID-19.
OTROS CASOS…
Aunque al final no renunció al cargo en el límite establecido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el superdelegado de Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, también se autopromocionó en espectaculares, informó la prensa local.
El exdelegado de Nayarit apuntado, Manuel Peraza, con el logotipo de Actívate Nayarit encabezó el pasado fin de semana una reunión-mítin en plena pandemia, que le fue organizada por el exdiputado perredista Rodrigo González Barrios
Otra exdelegada interesada en una gubernatura, la de Tlaxcala, es la expriista Lorena Cuéllar Cisneros, señalada desde 2019 por su expartido perredista de usar los programas sociales para promoción personal. Sin embargo, ese cargo también lo aspira Dulce Silva Hernández, empresaria esposa de César Yáñez, Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de Presidencia y exvocero del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Su boda en Puebla publicada en la revista Hola en plena transición al Gobierno de la Cuarta Transformación fue criticada por contrastar con la austeridad prometida.
Ahora, la directora de la Fundación Dulce Silva además de repartir folletos con su nombre vuelve a protagonizar una portada de revista, Mujer Empoderada, proyectada en diversos espectaculares colocados en Tlaxcala, los cuales fueron vandalizados en octubre.
En Colima, la exdelegada Índira Vizcaino Silva también ya se destapó. Desde 2018, cuando estaba en campaña para Diputada de Morena, recurrió a salir en la portada de la revista Dos8 para promocionarse. Ahora aprovechando su cargo de entrega de programas, realizó diversos eventos para promocionarse, por lo que la Diputada federal de Morena y también aspirante a la gubernatura, Claudia Yáñez Centeno, la acusó de estar en una abierta campaña por la gubernatura y la denunció ante Función Pública por proselitismo. Pero el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima la exoneró.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde hace dos meses que no quería que se utilizara al Gobierno para favorecer a candidatos porque “es otra etapa” y el delito electoral ya es grave.
Desde 2019 el Tribunal Electoral (TEPJF) determinó que la Secretaría de Bienestar sancionara a 14 delegados acusados de promover la imagen del primer mandatario mediante la entrega de programas sociales, por lo que se determinó que los Servidores de la Nación se abstuvieran de usar el nombre del Presidente en vestimenta y discursos. La Secretaría de la Función Pública, por su parte, indagó a nueve delegados, entre ellos a Indira Vizcaíno de Colima y Juan Carlos Loera de Chihuahua, por “uso indebido de programas sociales”.
