«La militarización nunca ha dejado de estar en el imaginario como respuesta ante la criminalidad y los problemas de inseguridad», reflexionó el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
Washington, 6 de diciembre (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció hoy que creará un plan de actuación concreto para el próximo año ante el fenómeno de militarización que viven varios países del continente americano.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, indicó hoy a Efe que «la militarización en la seguridad ciudadana será uno de los asuntos prioritarios en su agenda para 2019», ya que «contará con un seguimiento específico aún por concretar».
En sucesivas reuniones, la CIDH estudiará cómo abordar este asunto de forma efectiva y dentro de su campo de actuación, afirmó Abrão en una audiencia del 170 periodo de sesiones de la comisión.
«La militarización nunca ha dejado de estar en el imaginario como respuesta ante la criminalidad y los problemas de inseguridad», reflexionó en su intervención.
Para el secretario ejecutivo, en la actualidad las «razones de Estado aparecen como justificación», es decir, que los Gobiernos están tomando una serie de decisiones que amplían la vigilancia de los ejércitos hacia la población.
«Nosotros vemos al Estado como un ente de seguridad y garantía de derechos para la sociedad civil», añadió.
En este sentido, el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, mostró su preocupación por la recogida de firmas impulsada en Uruguay para «aprobar mediante reforma constitucional que los militares puedan participar en la seguridad ciudadana».
Lanza también se refirió al aumento de competencias para el ejército contemplado en México y Honduras.
Según el comisionado Luis Ernesto Vargas, hay «centenares» de testimonios de abuso «muy graves» por parte de militares en la región, ya que «algunos mandatarios creen que el escenario en el que ocurren estas operaciones es campo abierto».
«Primero disparan y luego preguntan», zanjó.
En anteriores ocasiones la CIDH ha mostrado su preocupación por el aumento en el número de actuaciones militares sobre la población civil y los proyectos de varios Gobiernos, como México, para ampliar las competencias de sus Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
